El chófer de ben Laden, un individuo llamado Salim Ahmed Hamdan, capturado en Afganistán, ha sido condenado por un tribunal militar a 66 meses de cárcel por apoyar actos terroristas.

 

La prensa española, que lleva años acusando a la Administración Bush de estar preparando para los presos de Guantánamo procesos sin las mínimas garantías para asegurarse su condena, se ha visto sorprendida por la de Hamdan, desconcertantemente corta si se tiene en cuenta que la Fiscalía reclamaba, primero, la cadena perpetua y, luego, treinta años de cárcel para el acusado.

 

El varapalo a la acusación prueba sin lugar a dudas la imparcialidad y justicia del sistema. Sin embargo, para la prensa española, eso da igual. Ya habían sentenciado que en los procesos los detenidos no tendrían oportunidad de defenderse y no van ahora a cambiar su veredicto. Este es uno de los pocos asuntos en que El Mundo y El País coinciden.

 

Dice la información de El Mundo: “Sin embargo, no está claro cuál será el estado legal del ex chófer de Bin Laden tras esos cinco meses, ya que la administración Bush se reserva el derecho de retener de forma indefinida aquellos individuos acusados de colaborar con Al Qaeda. La situación, pues, podría adquirir tintes kafkianos si Hamdan permaneciera retenido indefinidamente pues, de facto, estaría cumpliendo una condena a cadena perpetua”.

 

Dice la de El País: “Pero no está claro lo que va a pasar con Hamdan una vez cumplida la pena. El Departamento de Defensa, a través de varios portavoces, ha indicado esta semana que incluso si el veredicto era de absolución el Gobierno podría seguir custodiándolo. A sus ojos, sigue siendo un "combatiente enemigo ilegal" y, según las normas especiales que rigen la "guerra contra el terror", pueden tenerlo detenido hasta que lo consideren necesario. El hecho de que Hamdan continuara encerrado significaría, de hecho, que los juicios no tienen ningún propósito ni efecto real”.

 

Deben tenerse en cuenta varias cosas que la prensa nacional oculta a los lectores españoles:

 

1º.        Hamdan no era un simple chófer que dio la casualidad de estar empleado a las órdenes de ben Laden. Cuando fue capturado en Afganistán, transportaba en su vehículo dos misiles tierra-aire.

 

2º.        La Comisión Militar que ha condenado a Hamdan no es un tribunal especial. Las comisiones militares tienen numerosos antecedentes en la tradición legal norteamericana para las situaciones de guerra. Los europeos podemos negar que la guerra contra el terrorismo sea una verdadera guerra, pero, en los EE UU, nadie con prestigio intelectual lo discute.

 

3º.        El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido a la Administración Bush el derecho a mantener detenidos a los miembros de al Qaeda capturados como prisioneros de guerra todo el tiempo que duren las hostilidades, según permiten las convenciones de Ginebra (el artículo 118 del III Convenio establece: “Los prisioneros de guerra serán liberados y repatriados, sin demora, tras haber finalizado las hostilidades activas”, lo que, a sensu contrario, significa que la potencia captora conserva el derecho a no liberarlos hasta que las hostilidades finalicen).
Una vez cumplida la condena impuesta (Hamdan lleva encarcelado 61 meses que se contarán como cumplimiento de parte de la de 66 impuesta), las autoridades militares tienen todo el derecho del mundo a conservarlo como prisionero de guerra hasta que terminen las hostilidades. Tal decisión estaría perfectamente ajustada al derecho internacional que rige los conflictos armados.

 

4º.        La prensa española da por hecho que Hamdan puede recurrir la sentencia ante los tribunales civiles norteamericanos. Esto no es tan claro. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a presentar ante tales tribunales una petición de habeas corpus (un procedimiento para examinar judicialmente la legalidad de una detención), que no implica necesariamente la posibilidad de recurrir la sentencia, aunque todo depende de cómo interpreten los tribunales civiles la oscilante doctrina del Tribunal Supremo norteamericano.

 

En realidad, el problema no es jurídico, sino moral. La guerra entre EE UU y las organizaciones terroristas islámicas es una guerra, estratégica y jurídicamente hablando. Por lo tanto, los EE UU tienen derecho a mantener detenidos cuantos prisioneros capturen. El problema estriba en que ésta no es una guerra tradicional. En las guerras tradicionales, el fin de las hostilidades se produce en un momento concreto. Cuando llega, se procede a liberar a todos los prisioneros de guerra que no hayan cometido ningún crimen o que, como Hamdan, hayan pagado ya por los que cometieron. En la guerra contra el terrorismo islámico, tras al menos siete años de conflicto, no se vislumbra el fin de las hostilidades y es fácil creer que, cuando llegue, no será posible percibirlo inmediatamente. Esto plantea el dilema moral de mantener detenidos indefinidamente a personas que, quizá, se limitaron a “tontear” con el terrorismo obligándolas a soportar condenas que, moralmente, serían injustas. La situación se ve agravada por la ausencia de atentados, que hace creer que la detención es inútil y, por inútil, cruel.

 

Todos estos problemas, y otros muchos, existen y asolan a la Administración Bush. Pero, en lo que la izquierda se equivoca y la derecha europea acepta sin rechistar, es en acusar a la Administración Bush de una conducta antijurídica cuando la actuación de ésta, en lo esencial, es perfectamente legal. Lo único que podría hacer la izquierda es exigir a la Administración cierta magnanimidad con los terroristas. Pero, eso no lo harán porque sería tanto como echarse encima la responsabilidad del próximo atentado que pudiera haber.

 

La izquierda aparenta querer proteger los derechos humanos cuando sólo pretende debilitar políticamente a Bush. En EE UU, su éxito ha sido sólo discreto. En Europa han triunfado gracias a la cobardía de nuestra derecha, política y mediática.