A propósito de hacer lo que diga "Europa"

La unión europea, cuyo antecedente son las comunidades europeas, creadas en los años cincuenta del pasado siglo, tenía como objetivo inicial la paz entre europeos - y frente a la entonces Unión Soviética - y la prosperidad. Para ello, ideó primero una comunidad europea del carbón y del acero, destinada a unificar especialmente entre Francia y Alemania las industrias pesadas de guerra y, posteriormente, una comunidad económica europea y una comunidad europea de la energía atómica. Esta, conocida como Euratom, preveía ya el asunto de la energía tanto para usos civiles como militares como una cuestión esencial para los objetivos de paz y prosperidad.

Los inicios de estas comunidades fueron parcialmente exitosos en el logro relativamente rápido de la supresión de los derechos de aduana entre las naciones y la adopción de un arancel aduanero común. Igualmente, progresaron eficazmente en el ámbito de la creación de un mercado común impulsados por la política agrícola común, primera de todas las de la Unión. Andando el tiempo, las comunidades se integraron primero en una única comunidad europea y, finalmente, tras una victoria por la mínima en el referéndum francés y sortear el “no” de Dinamarca, en la Unión Europea mediante el Tratado de Maastricht de 1992.

Entretanto, en los años setenta, la Unión Europea, entonces comunidad europea, se vio afectada, como los Estados Unidos, por las sucesivas crisis del petróleo, elemento capital para la producción energética como no se le escapa a nadie. Las crisis de 1973, causada por la guerra del Yom Kippur, y la de 1979 por la revolución islámica en Irán, obligaron a la comunidad a replantearse su objetivo original de prosperidad. En efecto, por primera vez se vieron enfrentadas a una situación de precariedad económica general, bautizada entonces con el espantoso nombre de Estanflación, por combinar los en principio incompatibles males del estancamiento económico y la inflación y, como consecuencia, del paro de masas. Por mucho que entonces fueran claves las discusiones sobre la independencia energética de estas naciones, lo que se hizo fue insuficiente para lograr la autonomía en este ámbito. La única nación que, entonces y ahora, preservó de algún modo esta independencia fue Francia gracias al poder nuclear del que la dotó De Gaulle en 1960.

De modo que, de aquellas crisis mal resueltas, nos encontramos en el presente con una situación semejante en lo que a dependencia energética se refiere. Desde entonces se incrementaron las preocupaciones medioambientales en todo el mundo Occidental, con la adopción de diversos pactos internacionales al respecto. A estas, se ha añadido recientemente, en términos históricos, la que no puede llamarse de otro modo que “religión climática” y que ha comprometido la independencia energética hasta niveles insospechados. Es decir, que, en lugar de aprender de la lección histórica de su primera crisis geopolítica, la UE ha hipotecado la joya de su corona, el mercado común, a la “religión climática”. Para empeorar las cosas en este ámbito geopolítico, la UE, cuyos países dependen para su defensa, por una creación de la misma época, la OTAN, de los Estados Unidos, se han embarcado en una guerra por procuración con Rusia enviando armas a la invadida Ucrania. Lo han hecho sin contar demasiado con sus parlamentos ni sus opiniones públicas en un seguidismo de una política amenazante para los intereses vitales de Rusia llevada a cabo por el establishment americano en contra de eminentes pensadores de estas cuestiones como John Mearsheimer o Henry Kissinger.

Es decir, la combinación de la “religión climática” que provocó la extrema dependencia de Alemania de Rusia, junto con la ceguera geopolítica, que provocó la anexión de los intereses de 27 estados a los de los Estados Unidos de Biden, ha desembocado en una situación imposible que amenaza los objetivos fundamentales de paz y prosperidad.

La reacción de las instituciones comunitarias al respecto, generalmente una administración pesada y lenta, ha sido vertiginosa. Si el 14 de julio, con ocasión de la celebración de la fiesta nacional francesa, el presidente francés anunciaba que era probable que Rusia cerrara el suministro de gas, el 22 de julio se reunía el órgano competente (el Consejo) en la materia de energía, una competencia compartida con los Estados miembros según los tratados, para aprobar un plan de contingencias.

Milagrosamente, la Comisión tenía previsto un borrador de Reglamento que los ministros “aprobaron”. Sin embargo, la medida sujeta en principio al mecanismo legislativo ordinario necesitaba para “aprobarse” de una adopción primero por el Parlamente europeo y luego por el Consejo, con la mayoría requerida, para convertirse en un “auténtico” Reglamento. Este, por su rango y materia, gozaría de efecto directo y sería inmediatamente aplicable a los Estados miembros. Se entiende, una vez publicado, pues las normas secretas están vedadas, dándose como ejemplo habitual el uso que de ellas hacían los nazis.

En este borrador, a nuestro conocimiento, ni debatido en el Parlamento, ni publicado, aunque “aprobado” por el Consejo, se prevé una reducción de la demanda de gas, esencial para la producción de energía, de un porcentaje general del 15% variable según las circunstancias de diversos países, incluido España, en donde sería del 7%. El borrador dispone que esta reducción se realizará (Artículo 3, denominado Reducción voluntaria de la demanda) mediante los “mejores esfuerzos de los Estados miembros” (sic). Existe efectivamente una posibilidad de reducción obligatoria de esta demanda en el caso en el que el Consejo declare a propuesta de la Comisión (Artículo 4) una Alerta de la Unión, supuesto evidentemente aún no producido.

Días después el gobierno español aprobó y publicó un decreto ley, para medidas de extraordinaria urgencia y necesidad según nuestra Constitución, en el que, entre otras cuestiones, obligaba a las empresas a determinadas limitaciones del uso de su propia energía en sus propios establecimientos. Ciertamente, esta recomendación aparece en un documento de la UE, denominado “Factsheet: A European Gas Reduction Plan”, cuyo rango jurídico desconocemos. Lo que se encuentra en el borrador de Reglamento, recuérdese, “aprobado” pero no adoptado ni publicado; es decir, no en vigor, es: (Artículo 6, Medidas para lograr la reducción de demanda, punto 3):

“A la hora de decidir las medidas de reducción de la demanda, los Estados miembros considerarán (…) obligaciones destinadas a reducir la calefacción y el aire acondicionado (…)”. Es decir, corresponde al Estado miembro cuando esté habilitado por la entrada en vigor del Reglamento, adoptar las medidas correspondientes de conformidad con su ordenamiento interno.

Ahora bien, el real decreto ley es un instrumento que, según nuestro ordenamiento jurídico, no puede regular materia reservada a ley orgánica, entre la que se encuentra la relativa a los derechos fundamentales de los españoles, uno de los cuales es la propiedad privada. Esta propiedad privada incluye inequívocamente la propiedad de los establecimientos comerciales y sin duda, la de la propia energía que una vez pagada, es propiedad del titular del establecimiento sea este un particular o una empresa. Afinando la doctrina de lo que es materia reservada a ley orgánica en el terreno de los derechos fundamentales, nuestro Tribunal Constitucional ha delimitado que lo que no se puede hacer en ningún caso es afectar a su contenido esencial. En principio, no parece que se trate de obligar a otra cosa por parte del gobierno que de afectar al contenido esencial del derecho a la propiedad de su establecimiento que sirve de medio de vida, es decir vinculado con la libertad de mercado, y al derecho esencial al uso de su propia energía. En suma, no lo puede hacer por decreto ley porque requiere ley orgánica.

Que el gobierno adopte normas inconstitucionales responde a su naturaleza y basta para probarlo mencionar sus dos estados de alarma. Que la población doblemente adormecida de España por el mes vacacional y la general relajación de las costumbres que venimos sufriendo lo tolere, es la mejor receta para someterse al mando de hombres y no de leyes.