El declive de ETA

por GEES, 23 de enero de 2003

Introducción

Al hacer balance del año 2002, el ministro de Interior Ángel Acebes ha destacado los éxitos logrados en la lucha contra ETA. Sin triunfalismos, porque la organización terrorista «mantiene su capacidad para generar dolor y sufrimiento', el ministro afirmó que se estaba demostrando la posibilidad de derrotarla «desde la ley y el Estado de Derecho'. ¿Representa esto un exceso de optimismo gubernamental? A nuestro juicio no. Todo indica que, tras la breve recuperación que siguió a la tregua, se ha agudizado el declive de ETA que se inició en 1992. Tres factores explican ese declive: la eficaz acción de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, el creciente repudio del terrorismo por el conjunto de la sociedad, y la colaboración internacional, especialmente por parte de Francia.

Estos tres factores no pueden ser analizados aisladamente. La fuerza que ETA tenía hace veinte años derivaba de su capacidad para reclutar militantes y de la relativa tolerancia francesa hacia su actuación, que le proporcionaba una base de retaguardia fuera del alcance de la justicia española. El reclutamiento era fácil porque disponía de las simpatías de un sector minoritario pero significativo de la sociedad vasca, que negaba toda legitimidad al Estado español. Ese apoyo social contribuía también a que los gobiernos de París no tomaran medidas drásticas contra lo que algunos consideraban como un movimiento de liberación nacional. Ambos factores, el apoyo social con que contaba ETA y la tolerancia francesa ante las actividades de ésta en su territorio, dificultaban la acción antiterrorista de los gobiernos españoles. Y a veces éstos recurrían a medidas represivas indiscriminadas, que resultaban contraproducentes debido a que contribuían a generar simpatías hacia ETA.

Como muchos otros grupos insurgentes, ETA basó inicialmente su estrategia en el principio de acción-represión-acción. Podemos encontrar una precisa descripción de ese principio en el documento Bases teóricas de la guerra revolucionaria, que ETA aprobó en 1964:

'Supongamos una situación en la que una minoría organizada asesta golpes materiales y psicológicos a la organización del Estado, haciendo que éste se vea obligado a responder y reprimir violentamente la agresión. Supongamos que la minoría organizada consigue eludir la represión y hacer que ésta caiga sobre las masas populares. Supongamos, finalmente, que dicha minoría consigue que en lugar de pánico surja la rebeldía en la población de tal forma que ésta ayude y ampare a la minoría en contra del Estado por lo que el ciclo acción-represión está en condiciones de repetirse, cada vez con mayor intensidad.'

Durante el régimen de Franco, esta estrategia funcionó mal en la medida en que ETA no consiguió 'eludir la represión', pero en cambio funcionó muy bien respecto a hacer que la represión recayera 'sobre las masas populares', generando en un sector de éstas una importante corriente de apoyo hacia la organización terrorista. El resultado fue que a la muerte de Franco, a finales de 1975, ETA estaba casi desmantelada, pero disponía de una popularidad que le permitiría reclutar numerosos militantes y montar una fuerte ofensiva terrorista a partir de 1978. Como puede verse en el siguiente gráfico, los años más trágicos del terrorismo fueron en España los de la transición democrática. El mayor número de asesinatos se produjeron en los años en que se aprobó la Constitución (1978), se aprobó el estatuto de autonomía vasco (1979), y se constituyeron el primer gobierno y el primer parlamento vascos (1980).

La mayor parte de los crímenes de ETA se han producido por tanto en una España democrática y en un País Vasco autónomo, con el objetivo de hacer fracasar el modelo autonómico e imponer por la fuerza la secesión de las provincias vascas y de Navarra. Por otra parte es difícil que ETA hubiera llegado a adquirir un apoyo social importante en otro marco que no fuera el de un régimen dictatorial y profundamente hostil a toda expresión del nacionalismo vasco, como lo fue el de Franco.

Aciertos y errores en 25 años de política antiterrorista

Una vez consolidada la democracia, la amenaza que representaba ETA disminuyó, pero su actividad terrorista se mantuvo a un nivel elevado durante toda la década de los ochenta y el comienzo de los noventa. Ello produjo distintos tipos de respuestas, algunas de las cuales se mostraron contraproducentes, mientras que otras han conducido a un progresivo debilitamiento de ETA. Entre las primeras se deben destacar las siguientes:

La represión indiscriminada. El método de practicar amplias redadas en los medios próximos a ETA, propio del régimen de Franco pero que en menor medida siguió practicándose también después, tenía como principal demérito el de conducir a la detención de personas ajenas a la organización terrorista, y además resultaba contraproducente en la medida en que reforzaba la falsa imagen de que se perseguían las ideas y las actitudes, no los hechos delictivos, lo que dañaba la legitimidad del Estado a los ojos de una parte significativa de la población vasca.
La guerra sucia. La acción antiterrorista violenta e ilegal, amparada desde ciertos sectores de la administración, que causó en total varias decenas de víctimas entre terroristas de ETA, simpatizantes de la organización y personas totalmente ajenas a ella, se desarrolló en dos etapas, una primera de 1975 a 1981 y una segunda, mejor conocida, que se prolongó de 1983 a 1987 y en la que los atentados fueron reivindicados por los GAL (Woodsworth 2002). El principal objetivo de los GAL parece haber sido forzar al gobierno francés a tomar una actitud más firme contra los terroristas de ETA, que preparaban en Francia los atentados que cometían en España. El gobierno francés cambió de actitud en 1986 y es difícil asegurar si en su decisión influyó o no la ofensiva de los GAL, pero no cabe duda de que factores más importantes, como la consolidación de la democracia española, la cooperación de ambos países en el seno de la Comunidad Europea y la creciente conciencia internacional acerca de la amenaza global del terrorismo, habrían llevado en todo caso a ese cambio en la actitud francesa. Y resultan también evidentes las consecuencias negativas que tuvo la 'guerra sucia'. El prestigio moral de la joven democracia española quedó empañado y los atentados del GAL contribuyeron a que un sector de la población vasca se negara a aceptar la realidad de la democratización. Quizá no sea una pura coincidencia que el porcentaje de la población vasca que según las encuestas rechazaba totalmente a ETA descendiera de 1982 a 1987 para elevarse después considerablemente.
Los intentos de negociación. La vía negociadora logró un éxito en el periodo de la transición puesto que contribuyó a que en 1982 se disolviera ETApm, una de las ramas en las que se había dividido la primitiva ETA. Pero los múltiples intentos de negociación que posteriormente emprendieron los gobiernos de Felipe González, no condujeron a ningún resultado positivo. Es más, según ha destacado Ignacio Sánchez-Cuenca en un interesante estudio (2001), pudieron resultar incluso contraproducentes. Debido a que ETA se planteaba en aquellos años una estrategia de desgaste, cuyo objetivo era presionar al Estado hasta que éste accediera a sus demandas secesionistas, los intentos negociadores le hacían suponer que su estrategia estaba dando resultado y que el Estado estaba más próximo a ceder, por lo que convenía seguir incrementando la presión. Dos de los más sangrientos atentados de ETA, contra un supermercado en Barcelona y contra una casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, tuvieron lugar en 1987, justo durante la primera fase de las negociaciones de Argel, las más importantes que ha habido entre el Estado y ETA.
La tolerancia hacia el entorno de ETA. Partiendo del supuesto, en sí mismo válido, de que el arraigo social adquirido por ETA era inexplicable sin tener en cuenta que el régimen de Franco no ofrecía cauces de participación política, los sucesivos gobiernos democráticos de Madrid y de Vitoria tendieron a considerar que era conveniente que el entorno de ETA tuviera amplias posibilidades de acción legal, en la esperanza de que ello les hiciera ver lo absurdo de continuar en la vía del terrorismo. El resultado fue sin embargo el contrario del esperado. Lejos de inducir a los nacionalistas radicales del entorno de ETA a admitir el marco democrático de convivencia, lo que se produjo fue el crecimiento de una amplia red de organizaciones, legales o alegales, que siguen las directrices de ETA, colaboran en su estrategia, mantienen un permanente acoso contra quienes se oponen a la banda terrorista y constituyen el vivero del que surgen sus activistas.

En resumen, han dado malos resultados todas las tácticas que se apartan de los principios del Estado de derecho, tanto las que implican excesos represivos (guerra sucia, represión indiscriminada) como las que implican concesiones al terrorismo (negociaciones con los terroristas, tolerancia hacia las actividades delictivas del entorno de ETA). Creemos en cambio que al declive de ETA han contribuido poderosamente las acciones más en consonancia con el espíritu democrático y el respeto a la legalidad, es decir:

1. la creación de una amplio consenso democrático, en el conjunto de la sociedad española y particularmente en el seno de la sociedad vasca, que ha contribuido a reducir el apoyo a la organización terrorista,

2. la acción de la Justicia, auxiliada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el esclarecimiento de los delitos terroristas y en el encarcelamiento de sus responsables, evitando medidas indiscriminadas contra su entorno pero sin consentir la impunidad de sus colaboradores efectivos, y

3. el desarrollo de la cooperación internacional antiterrorista.

Antes de profundizar en estas cuestiones, conviene sin embargo recordar brevemente cuál ha sido la evolución estratégica de ETA y en qué consiste el entramado de organizaciones que la organización terrorista encabeza.

La evolución estratégica de ETA

Estudiosos como Florencio Domínguez Iribarren e Ignacio Sánchez-Cuenca han distinguido tres etapas en la evolución estratégica de ETA. Podemos denominarlas etapa de la guerra revolucionaria, etapa de la estrategia del desgaste y etapa del frente nacionalista.

La guerra revolucionaria. Durante la primera etapa, que iría aproximadamente desde 1968, el año de sus primeras acciones terroristas, hasta 1978, el año en que la transición española a la democracia culminó con la aprobación de la Constitución, la estrategia de ETA se inspiró en las guerras revolucionarias del Tercer Mundo y concibió las acciones terroristas como el detonante de una insurrección armada, mediante la cual el pueblo vasco arrancaría su independencia al Estado español. El periodo de la transición democrática pareció representar el momento más oportuno para poner en práctica esta estrategia, pero tras la consolidación de la democracia y el establecimiento del sistema autonómico la suposición de que era posible una insurrección popular en el País Vasco dejó de ser creíble, incluso para los ideólogos más fanáticos.
La estrategia del desgaste. La segunda etapa, que iría de 1978 a 1998, se caracterizó por una estrategia basada en la presunción de que la presión terrorista terminará por inducir al Estado a renunciar a sus principios y ceder a las pretensiones de ETA. En esta estrategia el terrorismo no representaba ya una fase previa que, a través de un ciclo de acción y represión, terminaría por provocar una insurrección masiva, sino que representaba el elemento esencial que conduciría directamente a la victoria. El éxito de esta estrategia dependía de la respectiva perseverancia del Estado y del entramado terrorista, por lo que el masivo apoyo de la ciudadanía española a la política de firmeza contra ETA le ha ido restando credibilidad. Hay motivos para suponer que, a mediados de los años noventa, ETA percibía ya que sus posibilidades de forzar al Estado español a ceder eran cada vez más remotas, a medida que su propia capacidad operativa se debilitaba.
El frente nacionalista. La tercera etapa, la más breve pues se prolongó durante menos de dos años, se basó en la suposición de que una alianza con las fuerzas nacionalistas no violentas, basada en el repudio por parte de éstas del marco autonómico en el que hasta entonces habían actuado, permitiría una marcha unilateral de independencia, cuyo amplio respaldo popular dejaría al Estado sin posibilidad de respuesta. La premisa de este cambio estratégico era que la acción terrorista de una ETA cada vez más débil no era suficiente para obligar al Estado a ceder. La nueva estrategia se concretó con los contactos entre ETA, PNV y EA en agosto de 1998 y con los acuerdos de Lizarra y la declaración de la tregua por parte de ETA en septiembre de ese mismo año. Pero ETA no tardó en comprobar que las posibilidades de que el frente nacionalista lograra un masivo respaldo de los ciudadanos vascos a un inmediato proceso independentista eran escasas, por lo que su nueva estrategia podía conducir a una integración de los sectores que le apoyaban en el marco autonómico. De ahí su ruptura con las fuerzas nacionalistas democráticas y la reanudación de los atentados terroristas en el año 2000.

Tras romper el frente nacionalista, ETA pareció volver a la estrategia del desgaste y su reestructuración durante la tregua le permitió actuar con intensidad durante algunos meses, pero su debilidad estructural no tardó en manifestarse de nuevo. Como puede verse en el gráfico siguiente, la acción terrorista de ETA se ha situado en 2002 en su nivel más bajo de las dos últimas décadas. El dilema al que se enfrenta ETA es que la estrategia de desgaste desgasta a la propia organización terrorista más que al Estado y que la estrategia de frente nacionalista, que sólo es posible en condiciones de cese de la violencia, conduce a ceder la hegemonía del proceso independentista al nacionalismo democrático, quedando reducida la propia ETA a un papel marginal.

El entramado orgánico de ETA

Los procedimientos judiciales de los últimos años están proporcionado una imagen cada vez más precisa del entramado que dirige ETA. En su importante auto judicial de 20 de noviembre de 1998, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón explicó por primera vez que ETA no era puramente una organización armada, sino que constituía el vértice de todo un movimiento que seguía sus directrices y se articulaba en torno a una estructura alegal creada en 1975 y denominada Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). Ante el peligro de que sus miembros fueran acusados de pertenencia a banda armada, KAS acordó disolverse en 1998, y al año siguiente surgió el grupo Ekin, con una función análoga.

Ese tipo de cambios de denominación no ha impedido el avance de las investigaciones, que han permitido al juez Garzón procesar a los dirigentes de distintas estructuras del entramado de ETA, sucesivamente ilegalizadas. Los principales elementos de ese complejo eran el propio Ekin, ilegalizado en marzo de 2001; Xaki, organización que actuaba en funciones de representación exterior de ETA y fue ilegalizada en marzo de 2001; la organización juvenil Haika, surgida de la fusión de la vasco-española Jarrai y la vasco-francesa Gazteriak, que luego cambió su nombre por el de Segi, ha jugado un gran papel en la promoción de la violencia callejera y fue ilegalizada en mayo de 2001; la organización Gestoras pro Amnistía, responsable del control y coordinación de los presos de ETA, que luego cambió su nombre por el de Askatasuna y fue ilegalizada en diciembre de 2001; y finalmente Batasuna, el partido antes denominado Herri Batasuna, que constituye el brazo político de ETA, cuyo proceso de ilegalización iniciaron en el verano de 2002, en iniciativas paralelas, las Cortes y la Audiencia Nacional. Las Cortes han aprobado, por una amplísima mayoría, una nueva ley de partidos políticos que prevé la ilegalización de aquéllos que actúan como parte de un movimiento terrorista. Y el juez Garzón, basándose en las pruebas acumuladas durante años, ha decretado la suspensión cautelar de Batasuna y ha procesado a sus dirigentes, acusándoles de formar parte 'del complejo terrorista liderado por ETA'.

Todo este conjunto de estructuras realizaba un gran número de tareas delictivas, como la financiación de ETA, el apoyo a sus comandos, la difusión de sus consignas e incluso la acción violenta a través de lo que algunos analistas han definido como terrorismo de baja intensidad. Destacaremos al menos este último aspecto.

A mediados de los años noventa, ETA compensó en parte su debilidad operativa con la movilización de los simpatizantes encuadrados en la organización juvenil Jarrai. Los militantes de Jarrai fueron los grandes protagonistas de una oleada de ataques callejeros violentos, dirigidos sobre todo contra objetivos materiales, como establecimientos bancarios, sedes de partidos políticos contrarios a ETA o vehículos de transporte público, pero también contra personas, contribuyendo así a generalizar el miedo ('socialización del sufrimiento' en la terminología de ETA). Fue la llamada kale borroka (lucha callejera), de la que proceden buena parte de los terroristas recientemente incorporados a los comandos de ETA.

El auge de la kale borroka, que alcanzó su cénit en los años 1995 a 1997 y no se interrumpió durante la tregua de ETA, se explica en parte por la sensación de impunidad que tenían quienes la realizaban. La reforma legal emprendida en el año 2000 modificó la situación, al endurecer las penas previstas por este tipo de actos, pero da la sensación de que ha sido sobre todo el proceso de ilegalización de Batasuna el que ha transmitido a todo el entorno de apoyo a ETA el claro mensaje de que la impunidad ha tocado a su fin. Esto es lo que parece desprenderse de un análisis trimestral de los atentados de kale borroka durante los últimos años, como puede verse en el gráfico siguiente.

En estos momentos el proceso de ilegalización de Batasuna sigue su curso y no se puede prever su resultado, pero parece claro que ha concluido el largo período en que ETA podía al mismo tiempo asesinar mediante sus comandos y actuar a la luz del día mediante las organizaciones integradas en su red, multiplicando así el efecto intimidador de sus atentados,. Durante un cuarto de siglo esas organizaciones habían servido para proporcionar a ETA una amplia base social, sin la cual una organización terrorista difícilmente puede convertirse en una amenaza grave.

El creciente rechazo de ETA en la sociedad vasca

La penetración electoral de Herri Batasuna (HB), partido que en 1998 se presentó bajo las siglas de Euskal Herritarrok (EH) y hoy se denomina Batasuna, representa el índice más fiable del apoyo social que recibe ETA, aunque se debe tener en cuenta que un sector de sus votantes no está de acuerdo con la violencia terrorista. Los resultados de HB/EH en las elecciones al parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), que se exponen en el gráfico adjunto, se han mantenido durante veinte años en torno al 10 % del censo electoral, es decir en torno a los 150.000 votos. Las oscilaciones no han sido muy marcadas, pero resultan significativas. En primer lugar se observa un incremento entre 1984 y 1986, al que posiblemente no fue ajena la actividad de los GAL. A partir de entonces se inició un descenso gradual, sólo interrumpido en 1998, sin duda debido a la tregua de ETA y el acuerdo nacionalista de Lizarra. El mayor número de votos, 223.264, los obtuvo Euskal Herritarrok en 1998, mientras que los 143.139 votos de 2001 representaron un mínimo histórico. Existe un núcleo duro de unas 150.000 personas fieles al brazo político de ETA, pero su electorado no es monolítico y comparte los fines de la organización terrorista en mucha mayor medida que sus métodos.

Para entender la compleja relación de ETA con la sociedad vasca no podemos sin embargo limitarnos al electorado de HB. Debemos tener en cuenta el extraordinario éxito que en los últimos años de la dictadura de Franco y los primeros de la transición a la democracia tuvo ETA al impulsar la espiral acción-represión-acción, o lo que es lo mismo, el desastroso efecto que para la legitimidad del Estado de cara a la opinión vasca tuvo la represión a menudo indiscriminada que se empleó para tratar de actuar con ETA. El principio enunciado por Max Weber de que el Estado se caracteriza por el monopolio de la coerción legítima había dejado de ser efectivo en el País Vasco en los primeros años de la transición. Una encuesta dirigida por Francisco Llera en 1980 permitió comprobar que esa pérdida de legitimidad del Estado se manifestaba en los electores de la mayoría de los partidos vascos. Como se puede observar en el gráfico adjunto, UCD era el único partido bien implantado en el País Vasco cuyos electores estaban en desacuerdo con la afirmación de que 'más importante y más grave que los atentados es la violencia ejercida por el Estado (las detenciones, la represión policial, el recorte de la libertad de expresión, etc.').

Durante la transición, los gobiernos de UCD restablecieron la democracia, pusieron en libertad a todos los presos de ETA y favorecieron la aprobación del estatuto de autonomía vasco, pero ello no bastó para eliminar la hostilidad hacia el Estado que se había ido generando en años anteriores y que se alimentó de los excesos represivos que siguieron produciéndose. En tales circunstancias el nuevo clima de libertades facilitó la acción de ETA y sus organizaciones afines. La situación fue cambiando a lo largo de los años ochenta, a pesar del efecto negativo que a estos efectos tuvieron los atentados de los GAL. La puesta en marcha del gobierno autonómico, el desarrollo de una política antiterrorista democrática, que excluía la represión indiscriminada, el pacto antiterrorista de Ajuria Enea, suscrito en 1988 por todos los partidos políticos vascos, el lento despertar de un movimiento pacifista vasco, que cobró fuerza a partir de la respuesta social al secuestro del empresario guipuzcoano Julio Iglesias en 1993, fueron otros tantos factores que devolvieron legitimidad al Estado y se la restaron a ETA.

El deterioro de la imagen de los activistas de ETA se puede seguir a través de algunas encuestas. En el gráfico adjunto se recogen tan sólo las respuestas más favorables, las de quienes consideran a los etarras patriotas o idealistas, y las más desfavorables, las de quienes los consideran locos, criminales, asesinos o simplemente terroristas. El contraste entre los años de la transición y los años noventa no puede ser más nítido y muestra claramente el creciente rechazo hacia ETA. Los resultados de 1999 muestran sin embargo que bastó que ETA se declarara en tregua para que la imagen de sus activistas mejorara considerablemente. En encuestas posteriores no se ha repetido esta pregunta.

La actitud de la sociedad vasca hacia la propia ETA puede seguirse desde 1981 mediante el Euskobarómetro que realiza el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. En el gráfico adjunto se recogen las respuestas más favorables, las que expresan un apoyo total o una justificación crítica, y las más hostiles, las que expresan un rechazo total. Como en el caso de las preguntas acerca de la imagen de los militantes de ETA, la tendencia general es hacia un rechazo cada vez más amplio, con dos descensos significativos: el de 1987, atribuible posiblemente a los GAL, y el de 1999, atribuible con seguridad a la tregua. Esta serie permite comprobar que después de la tregua el apoyo a ETA se ha reducido a un mínimo histórico. A comienzos de los años ochenta alrededor de diez de cada cien vascos apoyaban de forma rotunda o matizada a ETA, mientras que en 2002 sólo lo hacen dos o tres de cada cien.

Este amplio rechazo a ETA, compartido por tres de cada cinco vascos, trasciende la divisoria entre nacionalistas y no nacionalistas. Y es importante también destacar que en Euskadi no hay dos comunidades, una que se siente vasca y otra que se siente española, sino una gradación de actitudes identitarias y una mayoría que se siente a la vez vasca y española. De acuerdo con la última encuesta del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, realizada en octubre de 2002, un 31 % de los ciudadanos se sienten sólo vascos, un 16 % más vascos que españoles, un 36 % tan vascos como españoles, un 5 % más españoles que vascos y un 6 % sólo españoles (Sociómetro Vasco, 20). Y resultados casi idénticos dan todas las encuestas que se vienen realizando desde 1995 (Avilés 2002).

Tampoco hay una división neta en la actitud respecto a la independencia, que constituye el objetivo no sólo de ETA sino de buena parte del nacionalismo democrático. Las encuestas del Gobierno Vasco revelan que un cuarto de los ciudadanos están a favor y un tercio en contra y que se mantiene muy alto el porcentaje de indecisos. Y tiende a aumentar el porcentaje de quienes se declaran contrarios a la independencia, como puede verse en el gráfico siguiente. De acuerdo con la última encuesta, el 54% de los ciudadanos nacionalistas son favorables a la independencia y un 8 % son contrarios, mientras que en el caso de los no nacionalistas el 10 % son favorables y el 48 % contrarios.

Por otra parte, si bien la mayoría de los nacionalistas comparten con los no nacionalistas el rechazo hacia ETA, sus opiniones sobre cómo hacer frente al problema terrorista tienden a ser diferentes. De acuerdo con la última encuesta del Euskobarómetro, el 31 % de los no nacionalistas son favorables a que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, una actitud que sólo comparten el 8 % de los nacionalistas. Y respecto a la iniciativa para ilegalizar a Batasuna, la consideran acertada el 46 % de los no nacionalistas y sólo el 7 % de los nacionalistas. En concreto, el 85 % de los electores vascos del PP y el 66 % de los del PSOE la consideran acertada, mientras que el 100 % de los de EH, el 73% de los del PNV y EA y el 59 % de los de IU la consideran equivocada (Euskobarómetro 2002).

Los estudios sociológicos que periódicamente realiza el gobierno vasco, muestran que también entre los jóvenes vascos está aumentando el rechazo al terrorismo. El porcentaje de los encuestados de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años que justificaban el terrorismo en determinadas circunstancias era del 36 % en 1986, del 27 % en 1990 y tan sólo del 9 % en el año 2000. El estudio de 1990, dirigido por Javier Elzo, resulta particularmente interesante, porque ofrece una caracterización sociológica muy detallada de aquellos jóvenes vascos que justifican el terrorismo. El gráfico adjunto recoge algunos de los datos de ese estudio, de los que se desprende que los varones apoyan el terrorismo más que las mujeres, los consumidores de cannabis más que quienes rehuyen la droga, quienes se sienten exclusivamente vascos más que quienes se sienten tan vascos como españoles y los no practicantes más que los católicos practicantes.

Estos datos pueden completarse mediante los de un informe de ámbito español realizado en 1999, en el que el propio Elzo propone una tipología de los jóvenes basada en su sistema de valores (Elzo 1999). Mediante un sofisticado sistema estadístico se han agrupado las respuestas de los encuestados de tal manera que emergen cinco tipos de jóvenes. El que aquí nos interesa, el denominado antiinstitucional, representa tan sólo el 5 % del total de los jóvenes españoles, pero nada menos que el 77 % de los que simpatizan con Herri Batasuna. El sistema de valores de estos jóvenes antiinstitucionales se singulariza por su mayor propensión a justificar el terrorismo y los actos vandálicos en la calle, su menor confianza en las instituciones, su menor interés por el trabajo, la familia y los estudios, una menor tendencia a hacer deporte, ver la televisión y utilizar el ordenador, y una mayor disposición a justificar la borrachera, el impago del transporte público, el consumo de drogas, las aventuras extramatrimoniales y el ruido nocturno. En definitiva se trata del perfil característico del joven trasgresor, presente en todas las sociedades, pero que en el caso vasco presenta la singularidad de constituir en buena medida la cantera de la que se nutre la kale borroka.

Un informe sobre la violencia juvenil promovido por el Gobierno Vasco en 2001 ofrece más datos sobre los protagonistas de la kale borroka. Según este estudio, un 8,1 % de los jóvenes vascos se declaran 'dispuestos a participar en auténticos disturbios callejeros con agresión a personas, propiedades y objetos particulares'(Ruiz de Olabuénaga 2002). Añadamos finalmente que, de acuerdo con unas recientes declaraciones del consejero del Interior del Gobierno Vasco, Javier Balza, más de trescientos jóvenes han abandonado su lugar de residencia habitual a raíz de las recientes operaciones contra los activistas de la violencia callejera, lo que hace sospechar que estuvieran relacionados con la misma. Este tipo de jóvenes, huidos tras haberse implicado en actos violentos, son los reclutas más habituales de ETA, pero el propio Balza descarta que todos ellos puedan haberse incorporado a la organización terrorista, que entre otras cosas carece de medios para integrar a tan gran número de nuevos activistas (Avui 29/12/2002). Conviene sin embargo retener el dato de que la cantera de ETA no se ha agotado.

Lucha antiterrorista y cooperación internacional

Como hemos indicado anteriormente, los éxitos que en los últimos años se han obtenido en la lucha antiterrorista se explican en parte por la pérdida de apoyos sociales que ha experimentado ETA, debido a la cual le resulta cada vez más difícil sustituir a los activistas detenidos; en parte por una política que ha evitado los dos errores de signo opuesto en los que se había caído en tiempos pasados (la represión indiscriminada y la aparente impunidad que gozaban las organizaciones del entorno de ETA en su actividad delictiva); y en parte por una creciente cooperación internacional.

La importancia de la cooperación de Francia puede verse en el gráfico adjunto, en el que se advierte el elevado número de terroristas de ETA que en los últimos años han sido detenidos en el país vecino. De los 191 etarras detenidos en 2002, por ejemplo, 122 lo fueron en España, 63 en Francia y 6 en otros países.

El elevado número de detenciones que se ha producido en ambos países tras el fin de la tregua ha supuesto un grave daño para ETA, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo. En el curso de los tres últimos años sólo en España han sido desarticulados 34 comandos de ETA (MIR 2002), unas pérdidas que la organización terrorista no puede reemplazar al mismo ritmo. De ahí que cada vez más ETA tenga que recurrir a activistas inexpertos o a veteranos bien conocidos, cuyo tiempo de actividad terrorista antes de ser a su vez detenidos es cada vez menor. El resultado es una pérdida de capacidad operativa, que se manifiesta en un menor número de atentados.

Si se quiere disponer de un índice, sin duda imperfecto pero indicativo, del declive de ETA, lo más sencillo es poner en relación el número de atentados cometidos anualmente, que expresa su capacidad operativa, con el número de detenciones, que indica el deterioro de esa capacidad. La ratio entre ambas cifras se muestra en el gráfico siguiente, en el que pueden observarse la catástrofe que para ETA supuso el año 1992, en el que la cúpula de la organización fue detenida en Francia, la ligera recuperación posterior y el acentuado declive de los tres últimos años.

Conclusiones

En cierta ocasión Benjamin Franklin observó que un país que reduce su libertad para conseguir más seguridad termina por no tener ni libertad ni seguridad. Los españoles no hemos caído en esa trampa. La democracia española ha sostenido durante veinticinco años una batalla contra una de las organizaciones terroristas más peligrosas de la historia europea, sin sacrificar en ningún aspecto las libertades ciudadanas. Por el contrario, ha sido la acción brutal de ETA y su entorno la que ha reducido significativamente las libertades de muchos ciudadanos vascos, especialmente de la mitad no nacionalista de la población.

En esa larga batalla se han cometido errores cuando en aras de una supuesta eficacia se han abandonado los principios del Estado de derecho, ya sea recurriendo a la guerra sucia o concediendo parcelas de impunidad a los colaboradores de ETA. Pero la guerra sucia se eliminó hace quince años y recientemente se ha dado un paso decisivo hacia el fin de la impunidad, con el proceso de ilegalización de Batasuna.

La experiencia española demuestra que, una vez que un movimiento terrorista arraiga, su eliminación sólo puede lograrse mediante un esfuerzo tenaz, en el que resulta contraproducente cualquier vía contraria al Estado de Derecho. Los españoles hemos realizado ese esfuerzo tenaz y estamos cerca de nuestro objetivo: devolver a los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco el pleno disfrute de su libertad y de su seguridad, durante demasiado tiempo amenazadas por una banda terrorista.

Lecturas recomendadas

AVILÉS, Juan (2002): 'Identidad nacional y actitudes ante el terrorismo en la Comunidad Autónoma Vasca'. www. gees.org

DOMÍNGUEZ IRIBARREN, Florencio (1998a): ETA: estrategia organizativa y actuaciones, 1978-1992. Bilbao, Universidad del País Vasco.

DOMÍNGUEZ IRIBARREN, Florencio (1998b): De la negociación a la tregua, ¿el final de ETA? Madrid, Taurus.

ELORZA, Antonio, ed. (2000), La historia de ETA. Barcelona, Planeta.

ELZO, Javier, dir. (1990): Jóvenes vascos 1990. Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco.

ELZO, Javier y otros (1999): Jóvenes españoles 99. Madrid, SM.

Euskobarómetro (Departamento de Ciencia Política de la Universidad dl País Vasco). www.ehu.es

GARMENDÍA, José María (1979-1980): Historia de ETA. San Sebastián, Aramburu.

GRANJA, José Luis de la y PABLO, Santiago de (2000): 'La encrucijada vasca: entre Ermua y Estella', en Tusell, Javier (dir.): El gobierno de Aznar: balance de una gestión, 1996-2000. Barcelona, Crítica.

JÁUREGUI, Gurutz (1981): Ideología y estrategia de ETA: análisis de su evolución entre 1959 y 1968. Madrid, Siglo XXI.

LINZ, Juan José (1986): Conflicto en Euskadi. Madrid, Espasa Calpe.

LLERA, Francisco José (1994): Los vascos y la política. Bilbao, Universidad del País Vasco.

MIR (Ministerio del Interior): Balance 2002. www.mir.es/oris

MORÁN, Sagrario (2002): 'La cooperación antiterrorista: el eje Madrid-París', en González Calleja, Eduardo: Políticas del miedo: un balance del terrorismo en Europa, Madrid, Biblioteca Nueva.

REINARES, Fernando (1990): Sociogénesis y evolución del terrorismo en España. En S. Giner, ed. : España: sociedad y política, Madrid, Espasa Calpe.

REINARES, Fernando (2001): Patriotas de la muerte: quiénes han militado en ETA y por qué. Madrid, Taurus.

RUIZ DE OLABUÉNAGA, José Ignacio y otros (2000): Juventud vasca 2000. Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco

SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio (2001): , ETA contra el Estado: las estrategias del terrorismo, Barcelona, Tusquets

Sociómetro Vasco (Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco). www1.euskadi.net

SULLIVAN, J. (1988): El nacionalismo vasco radical, 1959-1986. Madrid, Alianza Editorial.

WOODSWORTH, Paddy (2002): Guerra sucia, manos limpias: ETA, el GAL y la democracia española. Barcelona, Crítica.

Volver a la página anterior