El virus golpista ataca en Guinea Ecuatorial

La detención de Severo Moto en España, acusado de tráfico de armas con fines golpistas, es el último episodio de un extraño brote vírico. Guinea Ecuatorial, el Kuwait de África, padece una extraña propensión a los intentos de golpe de estado. Dos factores convergen para propiciar una epidemia: una inmensa riqueza en gas y petróleo que crece de año en año a un ritmo que está a punto de propulsar a la ex colonia española al segundo puesto de los grandes productores africanos de crudo, y un régimen tiránico que, a cambio de mantener el monopolio del poder, permite a quienes tienen la fortuna de hincar el diente en ese maná, el beneficio añadido de llevárselo a precio de saldo. El asesinato el pasado 12 marzo de Saturnino Nkogo Mbomio -relacionado con la nueva supuesta intentona de Moto-, en la cárcel de Black Beach de Malabo, es uno de los daños colaterales de esta dinámica que ha condenado al infortunio existencial a una población de apenas medio millón de habitantes. Como es lógico, los guineanos no se resignan y la discreción con que esta noticia y la de la nueva ola de detenciones de opositores ha pasado desapercibida por la prensa internacional, no hace más que alimentar el virus del golpismo en su tierra. Hay circunstancias en las que, ni siquiera los africanos se libran de ese mal que también padecieron los españoles pro demócratas que, durante cuarenta años, soñaron con que un milagro de ese tipo les librase del despotismo del régimen del Generalísimo Franco.

 

Saturnino Nkogo fue detenido el 11 de marzo. Quienes entran en las cárceles y comisarías guineanas, nunca saben cuándo y en qué condiciones volverán a salir de ahí. El caso más reciente de este drama era el de Brígida Asongsua, la esposa de Guillermo Elá Nguema, condenado en un simulacro de juicio supuestamente por haber conspirado por derrocar a Obiang en mayo de 2002: fue a visitar a su marido a la cárcel y acabó siendo detenida sin cargos ni juicio. Desde enero, languidece en una celda colectiva, víctima de la tortura, violación, hambre y espantosas condiciones de la penitenciaría guineana. [1]

 

Aunque la vida de Brígida peligre porque no le consienten acceder al tratamiento médico que requiere su delicada salud, la suerte de esta mujer ha sido benévola comparada con la de las víctimas de la nueva redada represiva de marzo. Saturnino Nkogo, murió poco menos de 24 horas después de haber ingresado en comisaría. Las autoridades de Malabo han esgrimido un buen motivo para acabar con su vida, sin cargos ni juicio, con una esas brutales palizas que ha convertido la cárcel de Black Beach en un sumidero de las violaciones de los derechos humanos de fama internacional: el supuesto hallazgo de un “importante alijo de armas de guerra y municiones” (tres fusiles, dos CETME y uno con mira telescópica) en un zulo excavado en la casa de Saturnino Nkogo que, según el régimen guineano, formaban parte de los preparativos de una rebelión. Nkogo era un conocido militante del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE), liderado por Severo Moto, emblema de la veteranía del exilio guineano en España y bestia negra del dictador desde su huida del país, en plena transición democrática, en 1986. El régimen disponía así con los elementos necesarios para denunciar un enésimo intento de conspiración golpista organizada por Moto.

 

Asodegue, la Asociación de Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial que dirige Adolfo Fernández Marugán, una de las escasas plataformas de denuncia contra las barbaridades del obianguismo, comentó la noticia recordando la facilidad que tiene esta dictadura para denunciar golpes de estado con los que justificar la represión contra todo atisbo de disensión. “Hacía mucho tiempo que el régimen no se inventaba un golpe de estado. ¿Qué tipo de golpe pueden organizar tres personas con tres fusiles? Es todo demasiado simple y demasiado útil para las necesidades políticas inmediatas de Obiang y los suyos”, advertía la asociación española que, en diversas ocasiones ha demostrado cierta antipatía hacia Severo Moto.[2]

 

Los horrores a los que son sometidos en Black Beach los presos políticos y los culpables de ser sus familiares compiten con la siniestra fama del centro de detención en la escuela de Mecánica de la Armada en la Argentina de la dictadura o, la Cárcel Negra que los ocupantes marroquíes gestionan en el Sáhara Occidental, excepto en un detalle: los torturadores guineanos, hasta ahora, no se toman las molestias de hacer desaparecer a sus víctimas. Como mucho, intentan una metamorfosis que convierte el salvaje maltrato en suicidio o muerte por malaria.

 

No fue el caso de Saturnino Nkogo, militante del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial y que se ganaba la vida con las actividades comerciales propias de un entorno carente de infraestructuras básicas como es la venta de agua a domicilio. Sus verdugos le quebraron la columna vertebral, le rompieron varias costillas, huesos del cráneo y de los pies, le machacaron todos los dedos de la mano, le arrancaron a patadas todos los dientes, y le reventaron los ojos. Fue amordazado, y antes de ello le introdujeron una buena cantidad de grava de construcción en la boca.[3] Los datos han sido recogidos por un sitio que se alimenta con información procedente del interior y el infarto que mató a una de las familiares de Nkogo cuando vio el estado del cadáver indica que el relato no exagera. 

 

En medio de tanta tragedia, los muchos defensores de Obiang (los que se escudan en los supuestos avances de su lenta pero incesante apertura democrática), pueden enorgullecerse de un nuevo logro de la buena evolución del régimen y es que, en esta ocasión, ni los familiares de la víctima, ni la oposición airearon ese tipo de denuncias que llevaron a Severo Moto a acudir en España al juez Garzón. Pretendió que el juez de los derechos humanos repitiese sus gestas contra los dictadores de Chile y Argentina con un Obiang que, además de asesinar a los que luchan por la democracia, asegura el líder exiliado, remata sus crímenes con rituales caníbales. [4] No logró más que sumar un nuevo motivo de frustración para sí y un pueblo al que soñar con un golpe de estado liberador es la única esperanza que le ha dejado el silencio con el que la comunidad internacional apuntala a una tiranía vergonzosa.

 

Obiang parece inmune a ese tipo de presiones que están acosando en Zimbabue a su amigo Robert Mugabe. Ni la España pro Bush de Aznar, ni la de Zapatero con sus planes de guiar el mundo hacia la Alianza de Civilizaciones, se ha preocupado de ejercer ese papel que las ex potencias colonizadoras, cuando tienen de verdad peso en el escenario internacional, suelen jugar para mantener esos vínculos históricos, económicos y culturales con las poblaciones con las que mantuvieron tan estrechas relaciones. Bastaría que tomasen como ejemplo el papel asumido por el Reino Unido para hacerle comprender a Mugabe que ha llegado el momento de jubilarse. Pero si en el único país hispano del África subsahariana no pueden contar con España, menos les cabe a los guineanos esperar del resto de las potencias sin esas responsabilidades políticas que los estados mantienen sobre sus ex colonias.

 

A las grandes petroleras de EEUU, Francia, Bélgica China o Suráfrica (entre otras) les resulta muy rentable, a corto plazo, que el reparto de la explotación de un yacimiento en el que lo mejor está todavía por venir, esté en manos de un dictador que se sabe muy vulnerable y que vive con la pesadilla de que le hagan pagar sus crímenes con el mismo final que él reservó a su tío y antecesor Francisco Macías, al que Obiang derrocó y mandó ejecutar en 1979.

 

El escaso uso del balance de cuentas, ha convertido las cifras de producción de petróleo en un asunto impreciso que permite extraños bailes de cifras que por un lado, por ejemplo, dan como oficiales la cosecha de 500.000 barriles diarios mientras el propio dictador desliza en sus discursos que la producción alcanza ya los 800.000 barriles. Por muy barato que se venda el petróleo, los juegos de prestidigitación a los que se prestan 300.000 barriles de diferencia da para mucho si los beneficios revierten exclusivamente en el reducido círculo familiar de Obiang. Su hijo Teodorín, por ejemplo, puede dedicarse sin restricciones a la compra de coches veloces de 1, 5 millones de euros (cada uno) gracias a la efectividad con la que su padre se encarga de que la población ponga su granito de arena en esta espectacular afición conformándose con una existencia en la que el cólera, la disentería y el tifus han recortado su esperanza de vida a los 43 años. [5]

 

Habrá casos como el de EE UU que en un determinado momento, a principios de los noventa, enarbolaron la bandera de la democracia y los derechos humanos en África occidental para hacerse hueco en un espacio tomado por la hegemonía poscolonial francesa. Pero el suculento bocado que supone un territorio que nada literalmente en el petróleo, tiende a convertir estos buenos propósitos en un acto fugaz, aunque sea a costa del despilfarro del capital político acumulado conectando con el insaciable hambre de justicia de los africanos: Obiang, además de ofrecer mucho petróleo y libre de las limitaciones de la Opep o las dificultades del entorno de las fuentes de abastecimiento de Oriente Próximo, se puede permitir el lujo de dar enormes ventajas fiscales.

 

Los españoles, de izquierdas y de derechas, somos un pueblo muy dado a explicar lo que ocurre en el mundo en función de ese axioma que atribuye la causa de todos los males a la egoísta y prepotente actuación de EEUU. Toda potencia que haya sido grande (y España, por mucho que le cueste creerlo a los españoles, lo ha sido), tiene sus traumas postimperiales y el de los españoles se sublima, desde el 98, en un antiamericanismo visceral. Su presencia en Guinea tiene todos los elementos necesarios para convertir el caso en uno de esos placenteros desfogues contra el imperio del mal que nos deja como nuevos: el brazo protector del presidente Bush apoyando un siniestro régimen, los tejemanejes de Dick Cheney y las empresas que se beneficiaron en Irak y el sacrificio de un pueblo que exige la cuenta de resultados del gigante petrolero Exxon-Mobil...

 

Si ningún político español aprovecha la oportunidad es porque Guinea no es un buen ejemplo de las virtudes y superioridad ética con que la política europea se supone está contribuyendo a hacer un mundo mejor y más feliz, contrarrestando las canalladas de los Bush de turno y sus amigos.  En los mandatos de Aznar, Amnistía Internacional reprochó al Gobierno español una política con Guinea dirigida exclusivamente a comprar con su benevolencia al pisoteo de los derechos humanos un puesto para Repsol en ese paraíso de los hidrocarburos.

 

En la era del triunfo de los principios morales de Zapatero, quizás, alguno de esos hechiceros que los opositores aseguran pululan por el palacio presidencial de Malabo, haya hipnotizado al ministro Moratinos en uno de sus viajes a Guinea, para asegurarse de que Zapatero no siguiese el camino con el que Felipe González le pidió a Obiang en 1991 que pusiese en marcha un cambio democrático. Entonces González se convirtió para Obiang en una “catástrofe” de la que no logró alivio hasta la elección de ese Aznar del que celebró su “realismo” y “defensa de los principios internacionales”. [6]

 

El triunfo socialista en las urnas no ha marcado la esperable vuelta a la condena de esas arbitrariedades que le han costado la vida a Nkogo. Al contrario,  el Gobierno de Zapatero ha hecho mucho más para hacer feliz a Obiang de lo que había hecho Aznar, al poner en marcha un proceso para privar a Severo Moto de su estatuto de asilado con el pretexto de que se había convertido en una molesta e indeseable interferencia en las relaciones hispano-guineanas. El gesto venía a darle la razón a Obiang, que acusa a Moto de ser un canalla que sólo persigue ocupar su silla por métodos violentos mientras él, en cambio, lleva adelante una modernización acorde con la idiosincrasia de su pueblo. Como ha subrayado con cierta ironía Ken Silverstein, la energía que Obiang pone últimamente para que quede claro que lo del canibalismo es una calumnia de la oposición, “marca una gran victoria” de la agenda a favor de las libertades del presidente Bush que, con su respaldo del presidente Obiang ha logrado que la multinacional estadounidense Exxon-Mobil sea una de las mejor situadas en la explotación de la riqueza petrolera guineana. Ahora, añade el análisis de este experto en las corruptelas de Obiang en Washington, solamente queda una larga lista de asuntos pendientes por resolver en materia de derechos humanos que van desde las detenciones arbitrarias a la falta de garantías judiciales, restricciones a la libertad de expresión, prensa y reunión, a la violencia sistemática contra las mujeres, corrupción del Gobierno y discriminación de las minorías étnicas…[7] Los restos destrozados de Saturnino constituyen una elocuente respuesta de hasta dónde llega la disposición de Obiang y su entorno para acabar con estos flecos.

 

En Malabo, una población de 40.000 habitantes donde todo el mundo se conoce y todo se sabe, no comparten ni siquiera este atisbo optimista. Lo que allí se dice es que a los torturadores no se les fue la mano sino que ejecutaron una condena a muerte decidida de antemano. Supuestamente, a Nkogo se le había detenido en el marco de una redada desencadenada por una noticia procedente de España en relación con la localización por parte de la policía española de dos fusiles y una pistola en el maletero de un coche que había sido embarcado en el puerto valenciano de Sagunto, con destino a Guinea. [8]

 

Sin embargo, durante las dos horas que duró la paliza, no se le formularon preguntas ni se le intentó arrancar una confesión, como suele ser habitual con este tipo de sospechoso. La decisión y ensañamiento de los que ejecutaron la pena de muerte lenta sólo se explica como un macabro mensaje disuasorio dirigido a los opositores y, en especial, al dirigente del Partido del Progreso en Madrid, que acababa de anunciar públicamente su intención de regresar a su país en cuanto se hiciese pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre su recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros que en 2006 había revocado su condición de asilado. El martirio de Nkogo viene a ser una advertencia de lo que le espera a Moto si cumple sus propósitos.

 

A Obiang siempre le puso muy nervioso la posibilidad de que Moto volviese a residir de forma permanente en Guinea. Cuando el dictador anunció a bombo y platillo su decisión de abrir su régimen al multipartidismo, Moto, como muchos otros, se lo tomó en serio y volvió a su país para participar en el proceso de apertura democrática. Lo intentó dos veces, en 1987 y 1991. Nadie, hasta ahora, ha podido cuestionar que el objetivo de esta operación que el PPGE bautizó como Retorno en libertad, no fuese otra que la que declaró públicamente: participar, como un partido más, en las supuestas elecciones libres prometidas por Obiang. En ambos casos, el experimento acabó con el encarcelamiento y atroces palizamientos, como dicen en Malabo, de compañeros y militantes de Moto.

 

En el primer intento de regreso a Guinea del dirigente opositor, el dictador aprovechó a dar el cerrojazo aperturista a que su rival estuviese viajando en el extranjero. En el segundo, el propio Moto terminó en la cárcel después de que la sede de su partido fuese tomada por los esbirros de Obiang que incautaron los ficheros con los miles de militantes que se habían apuntado al Partido del Progreso.

 

Fue así como Obiang acabó con las enormes pesadillas que padecía desde que Moto había logrado convertir sus mítines, a pesar del miedo, en concentraciones multitudinarias. No lo torturó ni le sometió a las palizas con las que descargó su ira sobre el resto de los dirigentes del PP (Severo Moto plantea el problema de ser demasiado conocido en el extranjero). Pero gracias a unos supuestos papeles de los servicios secretos españoles -que el Gobierno de Felipe González aseguró eran falsos- pudo acusarle de haber intentado derrocarle con la ayuda de EEUU e imponerle una condena 92 años de cárcel con unas pruebas más creíbles que las que hasta entonces, había exhibido para demostrar el resto de las conspiraciones con las que fue encarcelando a molestos opositores.

 

Al final, Obiang liberó a Moto a condición de que volviese a su exilio en España, desplegando un gesto de magnanimidad que las potencias occidentales amigas acogieron como un síntoma de su buena voluntad pacificadora. El sosiego en la ciudad prohibida, esa parte de la antigua Santa Isabel donde Obiang y su entorno viven parapetados, ya estaba recuperado. Las pruebas españolas, supuestamente agraciadas con la credibilidad de la que carece el obianguismo, habían consentido al dictador eliminar a su rival con una condena que, aunque quedase sin cumplir, le inhabilitaba para la carrera política y podía siempre a convertirse en un buen pretexto para liquidar al supuesto golpista si caía en la tentación de volver a intentar un regreso.

 

A partir de ahí, Severo Moto se ha visto involucrado en numerosos intentos de derrocar al autoproclamado “líder único”, unos fruto de la imaginación del dictador y otros, aparentemente, reales. Es difícil saber cuáles son los no inventados por Obiang para aumentar la condena a distancia de Moto (cuanto mayor, más disuasorio que se supone que es su efecto) y cuáles los de verdad, entre otras cosas porque en Guinea ha prosperado una nueva modalidad conspirativa: la del simulacro que cuenta con la actuación de comparsas (opositores sinceramente ilusionados) en farsas montadas a costa de sus sueños por quienes han descubierto que la amenaza de golpe contra Obiang también puede convertirse en un método efectivo para lograr las concesiones petroleras y a precio de ganga.

 

En cualquier caso, resulta una sospechosa coincidencia de la redada contra la oposición que ha acabado con la vida de Nkogo (no se sabe nada de otros siete detenidos) con la noticia de que la sección V de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo español anuló el acuerdo del Consejo de Ministros de 2006 al considerar que los informes confeccionados por el CNI para ilustrar la supuesta peligrosidad de Moto, no estaban suficientemente probados.

 

La noticia por la que se revocaba a Severo Moto la condición de asilado no fue una sorpresa para el dirigente del Partido del Progreso. Los jueces españoles ya se habían manifestado en ese sentido en la audiencia que se celebró el pasado verano, con la suficiente claridad como para que el opositor pudiese incluso renovar su documentación.

 

Faltaba por oficializar una decisión que para el Gobierno en el exilio de Moto “quita la razón” al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero al que culpa de haber cedido al “chantaje político” con el que el presidente ecuatoguineano puso la entrega del líder opositor como condición para “abrir las puertas de España al petróleo guineano”. [9] A su juicio, la “decisión política” del Gobierno español tenía el objetivo de “silenciar” a la plataforma opositora dirigida por Moto que, con la espada de Damocles de la amenaza de expulsión, se vio  obligada durante estos dos años a replegarse en la más absoluta discreción.

 

La anulación del estatus de asilado tenía para Obiang otra importante virtud ya que llevaba implícito un reconocimiento de golpismo de Moto en España que él creía le aseguraría la tolerancia de la comunidad internacional de cara a un eventual asesinato. La necesidad de llenar el vacío de credibilidad dejado por el fallo del alto tribunal español, ha marcado el comienzo de una ansiosa campaña mediática que pone mucho énfasis en la culpabilidad “terrorista” de Moto. Así por ejemplo, el supuesto alijo de armas de Nkogo ha sido descrito por los portavoces del régimen como una prueba inequívoca de que Moto intenta “acceder al poder con violencia y métodos terroristas”. Y ya que el terrorismo es el crimen más perseguido por la comunidad internacional, mucho más que el de canibalismo, los carceleros de Black Beach han abierto la mano para que una serie de medios británicos entrevistasen al mercenario británico Simon Mann, que será juzgado próximamente por su implicación en una “conspiración terrorista” que pretendió derrocar y asesinar a Obiang en marzo de 2004.

 

Mann fue detenido entonces en Zimbabue por tráfico de armas que supuestamente tenían como destino Guinea y, tras ser puesto en libertad, según su esposa y sus abogados, fue secuestrado a finales del pasado enero en Harare por un comando guineano que contó con la colaboración del régimen amigo de Mugabe. Otro miembro del supuesto grupo de mercenarios ya murió de supuesto paludismo en Black Beach (Amnistía Internacional discrepa) y, dadas las condiciones en que malviven los que han logrado sobrevivir, es normal que el antiguo militar de las fuerzas especiales británicas, haya asegurado que él no era más que un gestor de una trama que trabajaba a las órdenes de Severo Moto y haya suscrito todo lo que sus carceleros hayan querido. [10]

 

El abogado guineano de Mann, Ponciano Mbomio Nvo, ha declarado que el objetivo de estas declaraciones no tan voluntarias a la comunidad internacional es probar que hubo “un acto criminal” contra él del que fue responsable Severo Moto y que, dada la arbitrariedad e impunidad con la que actúa la justicia guineana, Mann dirá lo que haya que decir con tal de aliviar la estancia en Black Beach a la que se ha visto forzado por una extradición ilegal.[11]

 

En Black Beach conviven actualmente implicados de numerosas intentonas golpistas. Sólo en 2004, el aparato de seguridad obianguista asegura haber frustrado, además de la trama de Mann, otra conspiración en mayo, con un intento de desembarco de opositores procedentes de Gabón, y otra más en octubre de ese mismo año. [12] Ninguna de ellas sin embargo, ha recibido el énfasis mediático que el régimen está poniendo en la de los supuestos mercenarios reclutados en Suráfrica y detenidos también ese año tan prolífico para el golpismo. Las confesiones de otros detenidos extranjeros aseguran que este complot fue organizado con la participación o connivencia de los servicios secretos, poderosos hombres de negocios y gobiernos de Reino Unido, EEUU y Suráfrica, país del que partió Mann antes de hacer escala en Harare.

 

El Gobierno surafricano ha rechazado tajantemente las acusaciones. En Madrid, en cambio, hay indicios de que el embrujo obianguista perdura. Los portavoces de Exteriores han manifestado que el Gobierno socialista “acata y respeta” la decisión del Supremo pero que revocó la condición de asilado político del dirigente opositor porque estaba “convencido” de que había abusado de este reconocimiento. Los comunicados policiales con los que se aludía a una investigación sobre el alijo de armas localizado en Sagunto, también suman a favor de las tesis con las que Obiang sigue manteniendo que, diga lo que diga la justicia española, Moto es un golpista. La detención de Moto, remata la faena, silenciándole de nuevo en España y condenándole a una muerte segura si regresa a Guinea.

 

Como ocurre con el conflicto saharaui, el mundo queda al revés con un discurso que convierte a la víctima en villano y, en lugar de condenar al torturador y asesino de inocentes, apunta contra las víctimas. Los que sufren la injusticia son culpables porque con su empeño por rebelarse a su mala suerte, actúan como elemento perturbador de una política exterior que predica la moralidad pero que, con dos temas tan españoles como el Sáhara y Guinea, parece haberse metido en un banco de niebla que no le deja ver prefiere de qué lado está la causa justa.

 

Algún misterio insondable tiene que ser el culpable de un planteamiento impropio de un Gobierno que presume de dar clases al mundo sobre política ética. Cuando en 1997 el Gobierno de Aznar amenazó con retirarle a Moto su condición de asilado por una supuesta intentona golpista desde Angola (que le valió otra condena en Guinea de 101 años de cárcel), el PSOE se quejó ante Obiang de la ilegalización del Partido del Progreso. Era lógico, decían los simpatizantes socialistas, que el seguidismo de Aznar con Bush le obligase a salir en defensa de los beneficios estadounidenses en los campos petroleros guineanos. Pero ahora que las confesiones de los detenidos en Black Beach aseguran que Aznar fue uno de los promotores de la intentona de marzo de 2004, han convertido la supuesta complicidad del PP español con la lucha de Severo Moto en una prueba de la falta de ética política de la política exterior del amigo de Bush.

 

La afinidad ideológica entre el partido de Severo Moto (miembro de la Internacional Demócrata Cristiana) y el PP, parece haberse convertido en otro elemento descalificador del opositor guineano al que se tilda de simpatizante de la extrema, muy extrema derecha de Aznar.  Quizás, algunos pretendan con ello confundir a los votantes de la memoria histórica que todavía disfrutan haciendo ficciones sobre el cambio de timón que hubiese dado a la historia de la humanidad el triunfo de cualquiera de los maquis que, tras la Segunda Guerra Mundial, se hicieron ilusiones de poder derribar a Franco con las armas.

 

¿Y si Aznar hubiese realmente respaldado a Moto? ¿Será que ahora es la extrema derecha la que da cobijo a los sueños de las víctimas de la injusticia? No es posible: nadie puede competir en idealismo y solidaridad con Zapatero, el único presidente de Gobierno español que ha pedido la confianza de los españoles en nombre de una “idea de España” que convierta a los españoles en el punto de referencia internacional de la decencia y el compromiso con la causa de la paz, la estabilidad, el cambio climático y la lucha contra la pobreza y el hambre, en especial, la que padecen los afligidos pueblos de África.