España 2012: Retos para las relaciones entre políticos y ciudadanos

 

 

 

Las relaciones de los gobernantes con sus gobernados a lo largo de la historia han sido complejas, han pasado por múltiples vicisitudes y están en la base, junto a otros factores de las sucesivas crisis y cambios políticos. Esta afirmación inicial que puede parecer de perogrullo,pretende simplemente recordar a quienes consideran que vivimos en una era adanist y sin precedentes, que las diversas y significativas manifestaciones de la mal llamada desafección política, tiene numerosos precedentes. La mencionada expresión es inadecuada ya que significa mala voluntad (DRAE), cuando lo que se pretende definir es el alejamiento y distancia de los ciudadanos respecto a sus dirigentes políticos.  Baste recordar que durante el siglo XXse han sucedido lugares y momentos de desafectos de ciudadanos y/o súbditos hacia sus representantes políticos. Las causas y manifestaciones de la malquerencia política son múltiples como también lo son sus consecuencias. Como ejemplo de estas últimas las quiebras de los sistemas políticos democráticos y su sustitución por regímenes totalitarios fascistas y comunistas. Estas situaciones se alternaron con otras de relación positiva de los ciudadanos con sus representantes políticos, en las que hubo partidos que lograron un respaldo electoral y partidista mayoritario.

 

El cambio de siglo estuvo precedido de nuevas manifestaciones de alejamiento de los ciudadanos respecto a los partidos y a sus representantes políticos. Este desistimiento, ha continuado en parte debido a la nueva crisis económicatras el disfrute de años de crecimiento y bienestar en varios países europeos.  El proceso de ampliación de la Unión Europea y de construcción de la unión política y monetaria también habría contribuido a aumentar este alejamiento. Las críticas a partidos y políticos tienen múltiples manifestaciones como las que se plasman en las encuestas nacionales y euro-barómetros. Además han nacido nuevas demandas y alternativas políticas de origen ideológico diverso, que han cristalizado en forma de manifiestos y documentos de fundaciones, asociaciones, think-tanks, consultorías y grupos de comunicación entre otros. Otras posturas críticas de nuevo han dado lugar a la formación de movimientos y partidos políticos de carácter populista,  incluso antisistema.

 

Las complejas relaciones entre los partidos y la sociedad en el siglo pasado se han explicado al amparo de las tesis sobre las crisis, cambios y adaptaciones de estos actores a las demandas sociales. Recordemos que la relativa a la ampliación del sufragio en el cambio de siglo XIX al XX, tuvo como consecuencia el paso de los partidos de cuadros a los de masas. Los cambios sociales de los años sesenta explican en buena medida el desarrollo del modelo de partido denominado atrapalotodo. Las peticiones de los movimientos surgidos entonces, explican tanto el nacimiento de los partidos verdes, como la inclusión del ecologismo en los programas electorales de los grandes partidos de izquierda y derecha. Después las relaciones sociedad y partidos han cambiado de nuevo y asistimos a otra etapa de desafección, desistimiento o malquerencia, que coincide con el desarrollo del  llamado partido cartel. ¿Cuáles son los rasgos del citado modelo? En 1992 los profesores R. Katz y P. Mair, comenzaron a elaborar una teoría acerca de la evolución de los partidos en el final de siglo en Europa, que suponía la cuarta etapa o cuarto modelo de partido. Habría surgido como consecuencia del proceso de adaptación de estos actores políticos a los cambios acaecidos en las sociedades en las últimas décadas del siglo XX. Este análisis incluye las relaciones de los partidos con el Estado que había incrementando su tamaño y ello explica en buena medida que partidos y sociedad hayan aumentado su dependencia del ámbito público.

 

 

 

 

Entre los caracteres esenciales del partido cártel destacamos que su principal objetivo político ya no es la distribución de privilegios (partido cuadros), la reforma social o su rechazo (partido de masas), como tampoco la mejora social (atrapalotodo), sino quela política para sus dirigentes pasa a convertirse de facto en la principal ocupación a largo plazo, es decir en una profesión. Ello no quiere decir que los políticos no se identifiquen con determinadas políticas o ideologías, sino que se plantean objetivos a largo plazo, en términos de carrera política y no tanto vinculada al ciclo electoral, aunque una derrota o exclusión por el partido tendría un coste personal muy alto. Por eso, la estabilidad es más importante que el triunfo: la política se convierte en un trabajo y la vocación ocupa un lugar secundario. En esta actividad laboral resulta necesario adoptar normas de organización y funcionamiento interno para garantizar la eficiencia de los profesionales. La competición partidista se sustenta en la eficiencia y  habilidades directivas y dan lugar a un modelo de competición electoral contenido. Por ello los políticos comparten ciertos comportamientos como la solidaridad profesional con políticos de otras ideas o creencias y de hecho reducen el conflicto. Este tipo de competición se concreta en cartelizar los privilegios, es decir garantizar que los políticos de la oposición compartan financiación pública, que puedan designar personas para crear y proveer puestos de patronazgo y así incluir a los miembros del cártel (a los del gobierno y de la oposición)en un estilo de vida civilizado. Al tiempo levantan muros para excluir a los nuevos partidos advenedizos y muestran cordiales relaciones entre los políticos que forman parte de los diversos partidos del cártel. La naturaleza del trabajo y campaña partidistas se basan de forma intensiva en los recursos financieros y no en el trabajo de militantes (masas) o en una combinación de ambos (atrapalotodo). Las subvenciones públicas constituyen los principales recursos sustituyendo a los contactos personales (en partidos de cuadros), a las cuotas de militantes (en los de masas), o las contribuciones de diversa procedencia (en los atrapalotodo). Las relaciones entre la elite del partido y los miembros o afiliados, entre los que se encuentran los líderes locales son de autonomía mutua. Estos últimos no intervienen en las decisiones nacionales del partido, que de esta forma gozan de libertad de acción. Además, al garantizar la autonomía de los líderes subnacionales, por ejemplo para seleccionar líderes, refuerzan la participación e incluso podrían incentivar la inscripción de nuevos militantes.   Otra consecuencia de la autonomía mutua, es que los derechos y obligaciones de los militantes, a diferencia de lo que ocurría antaño no son relevantes ya que apenas se les distingue de quienes no lo son. A los primeros se les reconoce como individuos y no como grupo organizado y de hecho los militantes contribuyen a legitimar el mito. Esta situación es totalmente opuesta al enorme protagonismo de los militantes y sindicatos en los partidos de masas ante quienes los dirigentes eran responsables, la autoridad estaba en las bases. En el partido atrapalotodo se produce una situación intermedia: los militantes desempeñan un papel, aunque menor que en el modelo anterior, por ejemplo en las campañas. Además en el partido cartel se impone la autoridad de arriba sobre estos al tiempo que el partido se abre a otros apoyos, como nuevos grupos de interés de la sociedad civil, que a diferencia de lo que ocurría en el atrapalotodo, también se  financian con recursos públicos. De esta forma también se cartelizan grupos de presión como sindicatos, patronales y organizaciones que aunque denominadas no gubernamentales, de hecho también dependen de subvenciones públicas  Otro rasgo es que el partido cártel tiene acceso privilegiado a los canales institucionales de comunicación estatales, a diferencia de lo que ocurría con el modelo anterior donde los partidos competían por el acceso a los canales privados no partidistas.

 

Todo ello implica un nuevo tipo de democracia donde el partido forma parte del Estado y su estilo de representación es el de agente estatal. Los partidos son padrinos de profesionales y no asociaciones de o para ciudadanos. Los programas electorales se asemejan, las campañas se orientan a sumar objetivos más que para confrontar, porque de hecho se reduce la posibilidad de que el resultado electoral determine la acción de gobierno. En este contexto, a los ciudadanos les resulta difícil usar las elecciones para premiar o castigar liderazgos o gestiones habida cuenta que los comicios y los partidos, pasan a ser servicios que el Estado presta a los ciudadanos. De esta forma los partidos no solo no estarían en crisis al haber perdido militantes, concitar menos lealtades y diferenciarse poco respecto a otros, sino que se habrían fortalecido al utilizar más recursos que el Estado les provee. Pero estos cambios en los partidos también tienen otras implicaciones para las democracias europeas en las que se han desarrollado. Al limitar a los votantes la posibilidad de elegir entre opciones reales, aumenta la distancia entre estos y los políticos y se atenúa la legitimidad de las decisiones políticas. Al tiempo que los citados autores definieron el partido cártel hicieron una aportación complementaria sobre la organización de los partidos en Europa. Definieron tres caras de los partidos: en la base (militantes), en la oficina central y el partido en los cargos o puestos públicos. Esta última cara, ganada la elección contaría con autoridad y legitimidad para la toma de decisiones en la esfera pública, capacidad de patronazgo, habilidades e información y alcanzaría la centralidad de los partidos.

 

Obviamente la tipología del partido cártel planteó enmiendas y críticas de otros politólogos, así como preguntas y reflexiones sobre la canalización de las demandas y actitudes de la sociedad.  Esta se constituye como una comunidad de deberes y derechos, no solo de derechos producto del individualismo. Sin embargo, en las últimas décadas la inflación y reconocimiento jurídico de singulares derechos individuales y colectivos impulsados desde instituciones buenistas como el Consejo de Europa, corre el riesgo de convertirlos en víctimas de su propio éxito. Esta situación tiene implicaciones e influencia sobre las relaciones entre los partidos y la sociedad. Paradójicamente el reconocimiento de los nuevos derechos fue alentado inicialmente por partidos y gobiernos de izquierdas, que de esta manera criticaban la defensa liberal de los mismos.  Después han sido compartidos por los demás partidos del cártel. En efecto, la proliferación y reconocimiento de derechos para toda suerte de seres, situaciones y colectivos está corrompiendo las instituciones democráticas, ya que con frecuencia se desprotegen de facto los derechos fundamentales, como la libertad, justicia e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Estas tendencias en parte se explican por el proceso de secularización dominadas por la razón positivista y su adopción se realiza a costa de los derechos humanos tradicionales. No es posible olvidar la pervivencia de posos de  cultura de súbdito y  parroquial junto a otros también anti-políticos de origen anarquista, especialmente en países de democracia interrumpida por etapas autoritarias. La combinación de todos estos factores tiene consecuencias graves para el funcionamiento adecuado de la democracia.

 

Por ello  para evaluar correctamente el papel de los partidos, es necesario aportar unas preguntas sobre la sociedad, sobre sus opiniones y comportamiento en este modelo de democracia. Cuando la gente piensa en la democracia, normalmente tiene en mente dos concepciones, imágenes o deseos diferentes. Por una parte, la idea de un gobierno que ofrece un programa político más o menos coherente elegido como resultado de su opción electoral. Por otra, un sistema en el que la voz, valores e intereses está representado por los electos. Ambos tipos de aspiraciones no siempre coinciden y las diversas democracias priorizan uno u otro. Estas concepciones o imágenes tienen implicaciones directas, aunque escasamente analizadas para la selección de candidatos, su actividad en el partido o en las instituciones políticas. Los partidos hoy son actores indispensables de la democracia y objeto de intensa crítica popular, tal como demuestran encuestas. En las democracias consolidadas la gente defiende la existencia de varios partidos, opina que son esenciales para estos sistemas políticos y votan por estos. Pero en la misma encuesta expresan opiniones negativas sobre los partidos, seguramente porque la gente realiza demandas contradictorias, que con frecuencia no serán satisfechas en la vida real. Por ejemplo, los ciudadanos rechazan a los partidos divididos con debates internos, pero cuestionan el control oligárquico y la falta de democracia interna que ejercen líderes y partidos. Critican que los partidos estén dominados por líderes, pero al tiempo demandan liderazgos fuertes. La gente quiere que el electo represente sus intereses (por ejemplo, los de su sector productivo concreto) y al tiempo critica que los partidos apoyen intereses especiales (los de los otros) y les gustaría que formulasen políticas coherentes para favorecer el interés general. Estas contradicciones aumentan en un escenario de  grave crisis económica, de reconocimiento de singulares derechos y de hiperinflación de los consiguientes servicios y prestaciones calificadas por muchos gobernantes europeos como gratuitas.

 

 

 

 

¿Esta arraigado este modelo de partido cártel  en España? Treinta años después del inicio de la nueva etapa democrática  crece el número de personas que desde diferentes sectores profesionales e ideológicos, consideran excesivo el papel preponderante y cuasi excluyente que los partidos desempeñan en el sistema político. Estas opiniones críticas se suman al creciente rechazo ciudadano en todas las encuestas hacia estos actores (“todos los partidos son iguales”). La malquerencia abarca a los políticos, aunque hayan dejado de ser elites para convertirse en fiel espejo de sus representados. Ello se debe en parte al aumento de políticos que carecían de profesión antes de acceder a la vida pública. Pero también obedece a la expresa voluntad de algunos políticos de no reclutar a los mejores para liderar las responsabilidades públicas. En palabras del presidente de gobierno Rodríguez Zapatero y del presidente del Congreso, Bono “somos como los demás ciudadanos”. Obviamente este modelo de políticos profesionales ha sido compartido de facto por los demás partidos en la última década en la que ha crecido el número de políticos dependientes de los partidos.  Se trata de personas que carecen de profesión previa y mayoritariamente circulan por cargos en todos los niveles territoriales, desde Europa, a los ayuntamientos. Incluye no solo los cargos electos (unos 65000 concejales, 1500 parlamentarios) y los designados (350 entre ministros y consejeros), más los incontables puestos de designación realizados tanto por los diversos gobiernos, como por los parlamentos y corporaciones locales. A los anteriores, hay que sumar asesores, consejeros de las empresas públicas y demás instituciones públicas (defensores del pueblo, televisiones y radios). También hay que añadir los numerosos empleados públicos reclutados en muchos los casos por la presión sindical. Como ejemplo, el personal de administración y servicios (PAS) de las cuantiosas y deficientes universidades españolas, es superior al de profesores. Valga también como ilustración que el presupuesto del Justicia de Aragón  en 2007 su presupuesto  fue de 2.184.166 euros habiendo dedicado el 94% a personal, según la memoria de esta institución. Las subvenciones en 2005 (1)  para funcionamiento de los parlamentos autonómicos alcanzó la cifra de 56.619.234 millones de euros y 48.000.000 los que recibieron los gobiernos locales.

 

Estos datos aunque son parciales muestran que los políticos españoles, buena parte de ellos profesionales, han desarrollado a fondo la capacidad de patronazgo de los partidos cartelen las numerosas instituciones públicas que han creado. Otro ejemplo, lo constituye los  medios de comunicación públicos regionales y locales que les facilita el acceso privilegiado a los canales institucionales de comunicación, que recordemos es otro rasgo de los partidos cártel. Su coste es altísimo, otros dos mil millones de euros anuales. Además pueden repartir diversos tipos de subvenciones como ondas radioeléctricas entre medios privados. Otra manifestación de otra suerte de patronazgo de los partidos lo constituye la cifra de empleados públicos. Estos son muchos más  sin que se haya compensado la disminución en la Administración General del Estado (AGE), con el aumento de los autonómicos que han pasado de cuarenta mil, en 1982 a 1.640.000. Por su parte, hoy los empleados de los entes locales son quinientos mil más pese a que sus competencias formales no han aumentado en el periodo citado. En julio de 2009 el porcentaje de empleados públicos no funcionarios suponía el 24% en la AGE y el 35 de las administraciones autonómicas.

 

Además, el extenso modelo de financiación de los partidos parlamentarios españoles refuerza los caracteres de los partidos cártel. Recordemos que los partidos obtuvieron para su funcionamiento en el año 1979,  1.651.520.000 pesetas, cifra que alcanzó los 12.000 millones en 1994 aunque descendió en 3.000 millones hasta 2003. A estas subvenciones hay que agregar las parlamentarias (más de 2.000 millones) y las recibidas como compensación por cada proceso electoral (una media de 6.000 millones de pesetas anuales) aunque la cifra varía en función del número de elecciones habidas. A estos recursos financieros, a los que habría que agregar las deudas bancarias,  se debe sumar diversas prerrogativas que se han auto-concedido para compatibilizar cargos financiados de facto con el erario público. Tal es el caso de las pensiones de los ex altos cargos, que mantienen cuando ocupan otro puesto público. También las de quienes compatibilizan cargos institucionales con otros en las sedes de los partidos. Los diversos tipos de ingresos de los citados políticos proceden de las arcas públicas. Ello constituye un privilegio  respecto a los funcionarios que  solo pueden cobrar del erario público por un único concepto.

 

La constitucionalización de los partidos políticos y la existencia de un tribunal constitucional, es un rasgo propio de países que han sufrido etapas autoritarias (Alemania, Francia, Austria, Italia, modelo que se copia en Grecia, España y Portugal). Además, las disfunciones y transformaciones de la vida política y del modelo de  modelo de partido cártel surgidas a lo largo de estas décadas, se han incrementado con la crisis económica. El lado positivo de la misma ha sido poner de manifiesto las enormes dimensiones del sector público, su déficit y endeudamiento,   motivado por el incontrolado crecimiento de las estructuras políticas y administrativas subnacionales. No debemos olvidar sin embargo, la enorme dimensión del sector público de la Unión Europea, que impulsa los recortes en los países miembros, pero que no se los ha aplicado aún a su inmensa estructura política y burocrática.

 

Un análisis de este tipo sobre las disfunciones de los actores políticos no puede obviar que el modelo de partido desarrollado en España  afecta por igual a los sindicatos. Estos consiguieron la constitucionalización de sus funciones, así como el mantenimiento de numerosas prebendas reconocidas por el régimen franquista al denominado sindicato vertical. Después han conformado un nuevo cartel con enormes recursos financieros públicos, con la propiedad de inmuebles, los liberados sindicales. Su capacidad de presión e influencia sin embargo, no se corresponde con su representatividad.

 

 

 

 

Ante la profunda crisis que afecta a España, cabe plantear si se perpetuará el modelo o si estamos ante una nueva etapa en la pudiera surgir un nuevo tipo de partido,  que modificara en parte el modelo cártel dominado por el partido en los cargos públicos como ocurriera con los modelos precedentes del siglo XX. Uno de los retos que identificaron Katz y Mair para las democracias en Europa Occidental con partidos cártel, eraque al negar a los votantes la posibilidad de escoger una alternativa política real, alimentaran el desarrollo de formaciones radicales y populistas. Este no parece ser un problema de momento en España, aunque el Partido Socialista bajo el liderazgo de Rodríguez Zapatero ha venido alentando desde la oposición primero y desde el gobierno después comportamientos y políticas radicales, antisistema y populistas . Pero el desistimiento también obedece a comportamientos irregulares de algunos políticos y a la ruptura de unos consensos básicos entre los dos grandes partidos forjados en la transición y rotos desde 2004 por el presidente Zapatero. Además, la creciente  distancia de los ciudadanos hacia los políticos y partidos, incluso  ha aumentado en un contexto de grave crisis económica. En este escenario, cabe plantearse ¿Se quiere enmendar o se puede enmendar el actual modelo de partido y del sistema de partidos? ¿Qué papel puede jugar la parte de sociedad que desearía tener más protagonismo, un gobierno más pequeño y los mejores políticos vocacionales? Y en ese caso ¿Permitirían los partidos que una parte de su financiación pública estuviera condicionada a la opción que los ciudadanos hicieran en su declaración de la renta? ¿Cambiarían los criterios de reclutamiento de políticos y empleados públicos? ,¿Reducirán el tamaño del Estado? ¿Será posible modificar este contexto institucional creando instrumentos y mecanismos independientes para asegurar la transparencia y de control de la gestión pública? Estas preguntas responden a la creciente visión crítica acerca de la evolución del sistema político, que exigiría un cambio de actitud de la sociedad y de los políticos. Los primeros asumiendo sus responsabilidades cívicas y democráticas, al exigir transparencia y rendición de cuentas y los políticos aceptando el control e imponiendo la transparencia de la gestión que realizan para satisfacer las demandas ciudadanas. Si en noviembre de 1976 muchos políticos del régimen anterior se hicieron el harakiri, cabe pensar que estos lo podrían hacer con mayor motivo. Pero es posible que la cartelización del sistema político desarrollada al amparo de un proceso descentralizador, hoy casi confederal, sea considerada muy adecuada por otra parte de la sociedad española, que al igual que en el resto de Europa, tiene una creciente dependencia respecto del poder público. Ello explica tanto el gran tamaño de las administraciones y sectores públicos nacionales como el de la Unión Europea, que comparten la institucionalización del sistema de partidos cártel en su seno.

 

Es menester recordar la responsabilidad del PSOE en el impulso jurídico y posterior institucionalización durante la década de los ochenta en el desarrollo de este modelo político. Contó con mayorías absolutas en casi todos los gobiernos y órganos de representación en los diversos niveles territoriales. Después cuando el Partido Popular llegó a numerosos gobiernos autonómicos y locales (tras las elecciones de 1995) y después al gobierno nacional, encontró unas administraciones públicas que los socialistas habían comenzado a sobre dimensionar. Después se modificó el sistema de reclutamiento de algunos de estos órganos, incrementando el peso de los partidos en dicho proceso, lo que habría reforzado la penetración de estos en órganos muy importantes incluso de otros poderes del Estado. Como ejemplo, recordar que el gobierno nacional impulsó la creación de otros órganos consultivos como el Instituto de la Juventud en 1983, práctica imitada por los ejecutivos autonómicos más tarde.

 

Treinta años después estos órganos se han multiplicado y además al amparo de la tercera oleada de reformas estatutarias, muchos se han institucionalizado. La mayoría incluye el reclutamiento de buena parte de sus miembros por los gobiernos y/o parlamentos, aunque siempre dejan una pequeña representación para los grupos de interés. Como ejemplo de un universo más amplio, en el ámbito nacional existen más de diez consejos sectoriales, otros tantos para materias económicas y un número superior para asuntos sociales. Uno de los primeros y que esta vinculado a cierto tipo de patronazgo fue el Consejo Superior de la Función Pública y la Comisión de Coordinación de la Función Pública (creados por ley 30/1984). La citada proliferación de órganos ha sido reproducida por las 17 Comunidades Autónomas, incluso por algunos gobiernos locales, de acuerdo con la práctica política que se ha institucionalizado en este modelo de descentralización. Este consiste en copiar lo que haga el Gobierno de la Nación en la Administración General del Estado (AGE) en los ámbitos territoriales subnacionales, independientemente de su color político, lo que constituye una nueva manifestación de la cartelización del sistema de partidos. ¿A quién sirven? Casi todos a los gobiernos que de esta forma refuerzan su legitimidad ante las decisiones que adoptan sobre cualquier materia o política pública en todo el proceso. ¿Cómo lo consiguen? Sencillamente porque de hecho controlan la composición de estos órganos, ya que aunque algunos tengan una composición paritaria (administración y sectores sociales implicados incluida la oposición) los ejecutivos siempre tienen mayoría al influir de alguna manera en el reclutamiento de parte de los miembros.   Aparentemente se trata de unos órganos para la participación ciudadana, pero esta es solo de carácter colectivo y corporativo. Se crean en teoría con el objetivo de debatir, estudiar, asesorar acerca de materias sobre las que los gobiernos van a legislar, han legislado y administran. Su carácter permanente sustrae de hecho, no solo la iniciativa legislativa a los parlamentos como viene ocurriendo desde las últimas décadas del siglo XX, sino también, de hecho, el control sobre el quehacer de los gobiernos. Además, los sectores afectados tienden a presentar sus propuestas en dichos órganos antes que acudir a los diputados, alejando aún más representantes y representados. Se institucionaliza una representación colectiva y corporativa para los grupos de interés que son aceptados y a su vez aceptan entrar en el seno del cártel. Los sindicatos y algunas organizaciones de empresarios también están cartelizados.

 

En suma, el reclutamiento para dichos órganos está sometido a diversos filtros que ha decidido el cártel de los partidos, como también lo está el quehacer de los mismos, dado que muchos grupos sociales que participan en estos órganos están financiados en mayor o menor medida por recursos públicos. Aunque la infraestructura administrativa suele ser pequeña, la multiplicación orgánica y territorial incrementa el gasto público y refuerza la legitimidad de las decisiones de los ejecutivos. La influencia y control sobre estos recursos políticos difusos, refuerza el cartél de los partidos quienes además organizan, tutelan y a veces controlan la participación desde el Estado de numerosos sectores sociales

 

Paralelamente al comienzo de los años noventa, las CCAA gobernadas por partidos nacionalistas fueron introduciendo estructuras administrativas diferenciadas para cumplir con sus objetivos político - ideológicos. Al tiempo, los gobernantes autonómicos socialistas aprovecharon los procesos de transferencia de nuevas competencias para copiar los entes creados por los nacionalistas. Mientras los países escandinavos con mayor desarrollo del estado de bienestar comienzan a buscar nuevas fórmulas de prestación de servicios debido a la crisis económica de la citada década, aquí idearon e introdujeron nuevas estructuras orgánicas para la prestación de servicios públicos al asumir competencias transferidas. Poco a poco se institucionalizan, también en los grandes municipios, la universalidad y gratuidad de derechos universales y otros de nueva generación (niños, jóvenes, ancianos, minorías diversas…), cuyo número se amplía y diferencia según el territorio y el grado de buenismo de los correspondientes gobernantes. Este es el contexto que encuentran los nuevos presidentes autonómicos y alcaldes populares. Después, superada  la crisis económica de los noventa, España se convierte en un país de nuevos ricos.  ¿Qué ocurre? Pues que poco a poco los dirigentes populares se contagian del citado buenismo ante la inercia y ventajas del cartel y también debido a la presión de sus adversarios y al peso de la cultura de súbdito de muchos españoles y residentes en España. Se crean nuevos subsidios (por ejemplo el denominado de emancipación para jóvenes) y se extiendenotros, en muchos casos sujetos a exiguas responsabilidades. En muchos casos el requisito para conservar becas para universitarios, concedidas por centros y administraciones territoriales, consiste en examinarse ya que no están sujetas a aprobar. Otro ejemplo es el uso inapropiado y fraudulento de recetas, prestaciones médicas y demás servicios sociales.

 

 

 

 

En este escenario, ¿que opina la sociedad?. El larvado y creciente desistimiento, se debe en parte tanto a los posos parte de los españoles de la histórica cultura anarquista, como a los fraguados durante el franquismo, basados en la anti-política y anti-partidos. Pero el desistimiento también obedece a la negativa de los políticos a hacer pedagogía política sobre costes, dificultades y beneficios de la democracia y de la vida pública.  Aunque muchos medios de comunicación han dado mucha relevancia a las demandas realizadas por el denominado Movimiento 15-M, lo cierto es que desde hace dos años han ido surgiendo documentos críticos desde fundaciones, foros, think-tanks, consultoras y grupos mediáticos con  la situación económica, social y política en España (2) [2].  Los diagnósticos y propuestas son coincidentes en muchos casos y se suman al creciente desistimiento manifestado en las encuestas incluso en las del Centro de Investigaciones Sociológicas.

 

Ello ha motivado que recientemente los dos candidatos a la presidencia del gobierno de España hayan comenzado a asumir algunas de las propuestas, aunque la inercia política dificultará romper con prácticas y compromisos arraigados en la cultura política partidista.  En palabras recientes de Rajoy:“Es tiempo nuevo para que la sociedad vuelva a creer en sí misma, en sus capacidades”.  “ El coraje de hacer las reformas que necesita nuestra sociedad y la voluntad de llevarlas a cabo involucrando a la mayoría de la sociedad” “Fortalecimiento institucional y la regeneración política. Necesitamos instituciones fiables, independientes y previsibles”. El lema del compromiso de candidatos del PP a las elecciones del 22 de mayo de 2011 decía: “Mas sociedad, mejor gobierno”.  Después Rubalcaba y Rajoy han ido proponiendo la reducción de los parlamentarios, aunque no han hecho referencia a la financiación ni a otros incentivos de los cargos electos. Han planteado alguna reforma electoral demandada, pese a que a comienzo de este año se aprobaron dos leyes orgánicas que modificaban la ley electoral. Sin embargo entre las numerosas propuestas originadas desde la sociedad y las asumidas por los partidos relativas a la regeneración política, apenas se concreta la forma mediante la cual partidos y políticos prediquen con el ejemplo. Han comenzado a hacerlo algunos cargos públicos, que han reducido el número de cargos de confianza y se han rebajado el sueldo. Sin embargo, queda mucho por hacer y sobre todo han de dar ejemplo de todo ello.

 

 

 

 

¿Se puede cambiar el modelo de partido para que estos vuelvan a recuperar su lugar como actores capaces de ser intermediarios entre la sociedad y el Estado? Aunque toda reforma conlleva ventajas y disfunciones, que normalmente los partidos no explican y que la sociedad desconoce, cabe plantear algunas propuestas. ¿Quétipo de institucionalización permitiría al partido abrirse a la sociedad? Considero que los partidos han de dar ejemplo antes de afrontar las reformas económicas pertinentes, por lo que planteo iniciativas de reforma institucional que apenas se han hecho explícitas.

 

 

 Aplicar al partido “principios y medidas de austeridad, racionalización, reformismo  y transparencia” . Estas propuestas que ha planteado el Partido Popular para aplicar a las administraciones en los programas de 22 mayo 2011 han de aplicarse al partido. Si lo hace, tendría legitimidad ante los ciudadanos para implantarlas en las administraciones, sindicatos y demás asociaciones “cívicas” subvencionadas y como para defenderse de los adversarios. Se trata de dar ejemplo y ganar credibilidad aplicando al partido, a sus miembros y a su quehacer,  los principios que han comenzado a implantar en las administraciones y gobiernos autonómicos y locales, “ …que representan el cambio político que se ha iniciado en España, y todos ellos serán el mejor ejemplo de que con el Partido Popular hay otra manera de gobernar”. Lo que exige en mi opinión unas medidas a implantar:

 

- Seleccionar 350 candidatos al Congreso y 208 candidatos al Senado entre personas serias, eficaces, solventes y veraces. Presentar el perfil socio profesional y político de los candidatos: recordemos que han abandonado 61 en esta legislatura, 21 del PP estando en la oposición y 35 del PSOE, lo que exige cuidar la lista, no solo de los cabeza de lista.

 

- Limitar el número de candidatos “dependientes”, es decir de aquellos que carecen de profesión previa. Para ello es fundamental o bien que desaparezcan las organizaciones juveniles de los partidos o que al menos no recluten candidatos de éstas si no carecen de formación y experiencia profesional al margen de la política

 

- Presentar un programa concreto, realista, veraz y explicarlo (“La verdad se descubre y se comunica”). Los ciudadanos saben que para afrontar positivamente la crisis, hay que aplicar recetas que las familias vienen aplicando en las economías domésticas en los últimos años.

 

- Hacer presupuestos de la campaña, de menor cuantía que el anterior  y darle publicidad, para garantizar que se apliquen los principios de “racionalización, austeridad y transparencia”.  La presentación pública de las responsables de las campañas del PSOE y PP hoy día 30 anunciando que solo efectuaran la campaña durante los 15 estrictos días de la misma, es un pequeño paso en la dirección de la medida propuesta, pero también denota las dificultades de los partidos para detener la inercia de prácticas políticas

 

- Permitir autonomía a los candidatos al Senado para que diseñen y realicen sus respectivas campañas individuales, para acercar esta institución a los ciudadanos y dar respuestas a las “hipotéticas” demandas mayoritarias a favor de la lista abierta. De esta forma los electores podrán ejercer eficazmente el voto en la lista abierta del Senado y votar a los tres candidatos preferidos de los que conocen su perfil, incluso los matices propios  

 

¿Cómo se pueden advertir los resultados de estas reformas? Entre los demás partidos, si imitan esta práctica que es muy verosímil. También entre los ciudadanos, si aumenta o no el  uso extenso de este tipo de voto. Así mismo, en la institución, donde los elegidos gozarán de mayor autonomía a la hora de votar, lo que a su vez generará problemas  si el partido no acepta el pluralismo interno de sus elegidos, de sus sensibilidades internas (en el caso del PP liberales, cristianos, reformistas, conservadores, etc). Por el contrario será percibido como un hecho positivo lo que favorecerá llevar a cabo la reforma tan demandada de esta institución y se beneficiará de las ventajas de los cambios.

Dado que los partidos se financian esencialmente se con dinero público y que los funcionarios solo pueden cobrar un salario de los recursos públicos, aplicar esta premisa a los políticos. Entre otras medidaspresentar el compromiso por escrito de los candidatos, para que los electos solo puedan cobrar por un único cargo con fondos públicos. Recordemos que quienes ostentan cargos de los partidos son remunerados a través de fondos públicos, ya que la práctica totalidad de la financiación de los partidos, es de carácter público. El compromiso  incluirá modificar las normas para que a los ex cargos públicos se les aplique las incompatibilidades de los funcionarios: uno como ex cargo, cuya duración debería limitarse en el tiempo y tienen otro ingreso financiado por las arcas públicas al ocupar otro cargo público. Además tendrían que invitar a los ex políticos a que se sumen a este acuerdo voluntariamente, ya que esta norma no se puede aplicar con retroactividad. Reducir la profesionalización política con dedicación exclusiva a los altos cargos ejecutivos a dos mandatos seguidos. La mayoría de los cargos electos territoriales (concejales, parlamentarios, etc) debieran tener dedicación parcial, con dietas y no estar remunerados como ocurría hace quince años.

 

Este compromiso debería extenderse también a los que compatibilizan cargos institucionales con otros en las sedes de los partidos, ya que ambos salarios de estas personas proceden de las arcas públicas: por ejemplo, en Madrid los denominados “vocales vecinos”. Hoy son 25 por cada uno de los 21 distritos de Madrid, están remunerados con cargo al presupuesto municipal y suponen más de 400 millones de euros al año. Suelen completar sus ingresos con una asignación de los partidos, ya que complementan la citada “actividad vecinal” con alguna “actividad política” en las sedes de sus partidos en los distritos. Este caso es asimilable a los consejeros comarcales en Cataluña. Otro ejemplo lo constituyen aquellos representantes territoriales electos (diputados, senadores, etc) que compatibilizan dichos cargos con otros  en las diversas sedes territoriales de sus partidos como “secretarios de área” o similares. Algunas administraciones gobernadas por el Partido Popular han comenzado a reducir el número de liberados sindicales. Sería justo y oportuno, que aplicaran esta medida a los partidos, quienes deberían reducir las plantillas de sus oficinas. Hacer desaparecer las organizaciones juveniles que son nido de reclutamiento de defectuosos políticos profesionales

 

 

- Al final, lo que se exigirá de un nuevo gobierno son reformas en la financiación y funcionamiento  de los partidos. A medio plazo, entre las necesarias reformas legislativas, favorecer que la sociedad recupere protagonismo también sobre la vida de los partidos: Una fórmula sería introducir la X en la financiación de partidos (y también de los sindicatos y demás asociaciones financiadas públicamente). El objetivo es que una parte de los recursos financieros anuales estén sujetos a la participación y voluntad de los ciudadanos. Reformular las funciones de las sedes de los partidos (y de sindicatos)  abriéndolaspara que recuperen funciones de socialización que tenían antaño. Para ello tendrían que idear incentivos que vencieran la distancia y reducir la desafección hacia los políticos. Entre las posibles fórmulas combinar la  comunicación de los representantes de forma personal, con el uso de medios tecnológicos. Acabar con el actual sistema de contratación de empleados dependientes del partido, sustituyéndola por profesionales dedicados a la política de forma temporal, con incentivos atractivos, que de esta forma al trabajar entre los ciudadanos percibirán de forma más adecuada la realidad de sus representados.

 

-  Reforma de  leyes orgánicas que permitan disminuir la presencia de los partidos en el ámbito público: Se trata de “privatizar” no solo empresas y servicios, sino devolver a la sociedad funciones y competencias que hoy monopolizan, cartelizan los partidos desde las instituciones.

 

¿Cómo se pueden trasladar estas premisas y afirmaciones del líder popular que permitan implicar a la sociedad?, ¿Cómo se hacen estas reformas? ¿Cómo se involucra a la mayoría de la sociedad, como se utilizan sus capacidades? La respuesta estará en el programa electoral, que debiera fundamentar el programa de gobierno. Sin embargo, en los programas del PP de las pasadas elecciones las referencias no iban dirigidas eran al protagonismo de la sociedad, sino que incluían muchas medidas (como las 120 soluciones municipales) que indicaban bastante intervencionismo público local y autonómico.

Planteando primero en que áreas o políticas deben inhibirse los poderes públicos, para que la sociedad recupere protagonismo real. Respondiendo a preguntas como por ejemplo a estas preguntas: ¿Deben seguir organizando los ayuntamientos y CCAA festivales, conciertos, campeonatos  y demás políticas públicas culturales, educativas no regladas, de ocio y  deportivas? ¿ Han de tener los gobiernos locales  instituciones culturales, educativas  y deportivas de carácter público como conservatorios, polideportivos, universidades propias?  ¿Han tener los gobiernos (de 5 niveles territoriales)  medios de información públicos? Habría que privatizar los medios de comunicación públicos locales, comarcales, autonómicos?.¿Han de crear los diversos gobiernos organismos y además designar a sus miembros,? La sociedad, a través  de las organizaciones a las que pertenezcan deberían seleccionar a los mejores. Los diversos consejos, como del de la energía, de radiotelevisión, del poder judicial…. Y organismos parecidos que se han creado en muchos casos en varios niveles territoriales. ¿Han de convocar congresos, centros de estudios e investigación ……..?

 

¿Han de tener dedicación exclusiva la mayoría de los representantes público? Hay que Incentivar la dedicación parcial y no profesionalización de la mayoría de los representantes públicos. De hecho la mayoría de los concejales y de los parlamentarios autonómicos tenían dedicación parcial hasta mitad de los noventa, cuando la desafección era menor. ¿Debe seguir aumentando el número de empleados públicos? Habría que paralizar la creación de nuevos puestos de trabajo: a fecha de hoy es posible encontrar convocatorias de plazas en cualquier organismo público (parlamentos, ayuntamientos, etc) y en cualquier parte de España, tanto para funcionarios   por oposición, como contratados por designación. ¿Se deben mantener las numerosas e ingentes subvenciones públicas? Habría que estudiar, revisar y en su caso paralizar o anular siempre que sea posible la concesión de subvenciones. No es posible que se perpetúen subvenciones muchas injustificadas , comenzando por las becas

 

-  Evitar duplicidades, que es un debate en curso en algunas CCAA, aunque debe extenderse a todos los niveles territoriales: municipio, comarca, diputación y delegaciones provinciales, nacional y europea. ¿Tiene que recuperar la Administración General del Estado, competencias como sanidad, educación, justicia, fuerzas de seguridad? O también ¿Se debería delimitar competencias de forma clara entre las diversas administraciones y establecer un pacto nacional para implantar la ventanilla única? Recordemos que esta propuesta la planteó M. Fraga a comienzo de la década de los noventa. Una tercera opción sería la combinación de las anteriores.

 

Para lograr ambos objetivos institucionales, es preciso contar con un liderazgo fuerte, capaz de fijar unos grandes objetivos nacionales que sean asumidos por una gran mayoría de españoles y que la concordia recobre el protagonismo capital que ya tuvo en otros momentos clave de nuestra historia.  Además, es preciso alcanzar  públicamente el acuerdo con el PSOE, explicando las disfunciones institucionales de la aplicación del Pacto del Tinell contra el PP desde 2004. Por fin, quien institucionalizó el citado Pacto, lo ha derogado de facto al acordar al final de su mandato la reforma del artículo 135 de la Constitución española. En cualquier caso, es necesario implantar el liderazgo y cohesión del Partido Popular en los diferentes gobiernos para reformar determinadas cuestiones. Se está recuperando la coordinación de los noventa,  a diferencia de legislaturas anteriores en las que por ejemplo, hubo presidentes populares que impulsaron reformas estatutarias, algunas de gran calado, como la valenciana o la apoyada desde la oposición del andaluz, que condujeron a mostrar un Partido Popular cuasi- confederal, como el PSOE de Zapatero.

 

Este escenario de tensión política e institucional, se extendió a políticos de los dos grandes partidos, a instituciones y poderes públicos por inercia política y el contagio ha producido un bloqueo en el funcionamiento del Estado. En efecto, la reforma estatutaria promovida por el presidente Camps de la Comunidad Valenciana (del PP) para equiparar sus competencias a las de Cataluña, constituye un tipo de estatuto, en parte distinto del catalán, pero evidencia que algunos sectores del PP se habrían contagiado de las iniciativas nacionalistas. Rajoy no lo paró y además poco después a iniciativa del Partido Popular de Andalucía, apoyó en las Cortes la reforma del andaluz, aunque hubo conseguido introducir algunas reformas respecto al del Estatuto de Cataluña. Las incoherencias del presidente popular de Canarias en relación a las manifestaciones y políticas de sus socios de gobierno, no hicieron más que ahondar un problema que no solo afecta al Partido Popular, sino a la vertebración del sistema político español. Parece que este modelo que encabezó Rajoy no difería demasiado de la aplicación del modelo confederal que de facto  amparó Zapatero desde que aceptó un tipo de relación confederal (de acuerdo con los cánones clásicos, aunque se hable de modelo federal) con el PSC y que abrió enormes grietas en la democracia española. De hecho cara a las elecciones autonómicas de 2007, el asesor electoral del Partido Popular Arriola propuso que se regionalizase  el discurso. Además no hubo unanimidad en el tema de las reformas estatutarias y los reformados por CCAA donde gobierna el PP  siguen distintos modelos. Al tiempo, otras reformas han generado tensiones entre CCAA, o en el seno del PP por el tema del agua. Sin embargo, recientemente se está recuperando las reuniones previas a reuniones institucionales de presidentes autonómicos y de alcaldes populares, que cuentan con los gobiernos de 11 CCAA y las Ciudades Autónomas, 27 Diputaciones provinciales frente a 7 socialistas, más la presidencia de la FEMP al contar con una clara mayoría de alcaldes, en la mayoría de las ciudades grandes. El formato son las reuniones de presidentes autonómicos, interparlamentarias e intermunicipales

 

 Por ello, las mejores y más eficaces soluciones políticas pasan porque el presidente Rajoy ejerza un fuerte liderazgo sobre los presidentes autonómicos . La inclusión en el programa de 2011 de un número máximo de consejerías ha sido una primera fórmula de liderazgo y ejemplo de cohesión del PP. Es menester además, que se apliquen los mismos criterios en el partido y en el gobierno nacional, para exportar dichas prácticas e implantarlas en los demás gobiernos territoriales 

 

Finalmente parece necesario aprobar una ley de cooperación que no quiso firmar Zapatero en 2002 con la que el gobierno de Aznar  pretendía cerrar el modelo territorial. Tras el apoyo del PSOE al sistema de financiación aprobado en julio de 2001 rechazó, según algunos más por tacticismo político que por verdadera oposición, la propuesta del Gobierno para la elaboración de una ley general de cooperación. A pesar de contar con mayoría absoluta, el PP no aprobó la ley de cooperación al no contar con el consenso del PSOE y evitar romper el tradicional consenso en política territorial. Después, el órgano territorial socialista reunido en 2003 en Santillana del Mar, marcó el inicio de una nueva etapa en la posición del partido sobre la evolución del Estado Autonómico (EA). Esta nueva estrategia, que comenzó a poner en práctica tras su triunfo electoral de 2004, se plasmó en el documento final aprobado que, junto con otras propuestas como la constitución de una conferencia de presidentes o el incremento de la participación de las CCAA en la Administración General del Estado, abría la puerta a la reforma de los Estatutos de Autonomía, siempre y cuando contaran con “una adecuación clara a la Constitución” y “representaran un amplio consenso político y social”.

 

 

Las reflexiones y propuestas que anteceden tienen por objeto plantear un debate, creo que necesario, habida cuenta la evolución y evaluación de algunas fichas del complejo y poliédrico puzzle que representa el análisis del singular sistema autonómico español, en el que se han desarrollado los partidos. Además, para evaluar correctamente el papel de los partidos, es necesario conocer las opiniones y comportamientote la sociedad en este modelo de democracia. El estilo representativo de este tipo de partido sería el de agente del Estado del que forman parte y en el que desempeñan un enorme protagonismo. Pero ¿Por que la gran mayoría de los representados se habría limitado a ejercer su derecho a voto periódicamente?. ¿Quedaba o queda margen a otro tipo comportamiento político? Conviene recordar que Katz y Mair consideran que el partido cártel es fruto de la evolución de los modelos anteriores, cuestión que permite pensar que los precedentes históricos siguen siendo factores que se han de tener en cuenta para realizar un análisis adecuado. En este caso, es posible que los posos de cultura autoritaria poco activista y muy crítica con los partidos, se sumen a un tipo de comportamiento político basado en una participación política limitada y pasiva, ante el gran desarrollo de los espacios públicos, ocurrido al mismo tiempo en los países de nuestro entorno y del que Unión Europea es una claro exponente. En consecuencia, cabe plantear si esta tendencia continuará o si estamos ante una nueva etapa en la pudiera surgir un nuevo tipo de partido que modificara en parte el modelo cártel dominado por el partido en los cargos públicos como ocurriera con los modelos del siglo XX.