La reforma de la comunidad de inteligencia en España

 

La reforma de los servicios de inteligencia en España debe constituir uno de los objetivos políticos fundamentales para la próxima legislatura. Existen varias razones para ello. En primer lugar, porque es uno de los escasos compromisos adquiridos en el anterior programa electoral que el Gobierno actual no ha podido aún llevar a la práctica. En segundo término, porque es imprescindible una readaptación de nuestros servicios de inteligencia a las misiones y circunstancias que exige el cambio de siglo.

 

El compromiso de reformar los servicios de inteligencia de nuestro país se produjo tras una serie de escándalos que sacaron a la luz pública diversas actuaciones ilegales y políticamente condenables por parte de nuestro servicio de información. La reforma debía tener como ejes principales un mayor control y una mayor transparencia, sin que ello afectara al funcionamiento y eficacia de estos servicios. La necesidad de madurar un consenso con las otras fuerzas políticas, especialmente en este caso con el principal partido de la oposición, el calendario de procesos penales que afectaban a los propios servicios como consecuencia de los escándalos anteriores y la complejidad de las normas que deben materializar la reforma, han hecho que en esta legislatura no se halla encontrado el momento oportuno para consumarla.

 

Sin embargo, el compromiso ante el electorado sigue vigente y la reforma es hoy aún más necesaria de lo que lo era en 1996. El Gobierno español necesita cada vez más y mejor información para poder actuar en un mundo crecientemente dinámico, incierto e interdependiente. Necesita además esa información de forma objetiva, oportuna y concisa. La demanda de inteligencia se ha expandido geográfica y sectorialmente, conforme se han expandido también los intereses nacionales. ¿Están preparados nuestros servicios de información para satisfacer esas demandas crecientes de información? Aún más, ¿tiene el sistema de inteligencia en su conjunto el potencial para ofrecer ese caudal de información coordinadamente? La mejora de la coordinación debe ser, junto con la transparencia y el control, otra de las grandes líneas de la reforma.

 

Pero quizá el dato políticamente más relevante en este asunto es la persistencia con la que la opinión pública continúa demandando una reforma. La inadecuada utilización de los servicios de inteligencia por parte de la administración anterior, llevó a la sociedad a un doble convencimiento: en primer lugar, la necesidad urgente de depurar las responsabilidades políticas de esas actuaciones, pero en segundo término, a demandar una reforma del sistema que hiciera, sino imposibles, sí al menos mucho más difícil este tipo de escándalos.

 

Esta demanda social encaja además dentro de una línea de regeneración democrática que el Partido Popular ofreció al electorado como una de las principales razones para su acceso al poder. Los servicios de inteligencia habían demostrado ser uno de los elementos más vulnerables de nuestra joven democracia. Así, el centrismo reformista impulsado por el Ejecutivo  puede encontrar en este terreno una de sus principales acciones políticas. Tradicionalmente, los gobiernos de derecha han estado más preocupados por la eficacia de sus instrumentos de seguridad que por las cuestiones formales relacionadas con la defensa de las libertades individuales, por el contrario un gobierno de talante de centro debe mostrar una especial sensibilidad en esta materia. Pocas oportunidades hay de visualizar mejor de cara a la opinión pública esta especial preocupación  por las libertades que la reforma de nuestros servicios de inteligencia.

 

Ahora bien, si el consenso sobre la necesidad de la reforma puede ser alto, surgen muchas más discrepancias sobre el contenido de la misma. Hasta la fecha, el debate público sobre la reforma ha estado centrado en buena medida sobre como dar cobertura legal a una serie de actuaciones que realizan los servicios de inteligencia y que hoy tienen muy difícil amparo en el marco normativo vigente. Este es sin duda un aspecto importante de la reforma, pero en nuestra opinión no es, o no debe ser, el motivo fundamental de la misma.

 

Por el contrario, el objetivo fundamental de la reforma debe ser dotarnos de un sistema de inteligencia más democrático, transparente y reconocido por la sociedad, mejor controlado políticamente y, sobre todo, que responda de manera más eficaz a las crecientes necesidades de inteligencia que demandará un país como España en este inicio de siglo.

 

Para lograr esos objetivos tres son las líneas de reforma que proponemos: la elaboración de una política de inteligencia, la creación de una comunidad nacional de inteligencia y el desarrollo de los instrumentos de control necesarios.

 

 

La ausencia de una política de inteligencia en nuestro país ha sido una de las causas principales de la mayoría de los problemas que han afectado a los servicios de información españoles en los últimos años. Así, la falta de unos objetivos políticos de inteligencia lleva inevitablemente al servicio a establecer sus propios objetivos.

 

En este sentido, conviene destacar que todos los países occidentales se encuentran inmersos en un proceso de redefinción de sus políticas de inteligencia, como consecuencia del fin de la guerra fría y el alumbramiento de un nuevo orden internacional aún en periodo de transición. El caso español, sin embargo, es diferente. Nunca hemos tenido una política de inteligencia definida. El reto, en nuestro caso, no es por tanto proceder a una reformulación como realizar por primera vez una formulación de tal política.

 

La política de inteligencia debe señalar con claridad, en primer lugar, cuales son las áreas de interés prioritario para nuestra inteligencia, tanto desde un punto de vista geográfico como desde el punto de vista de las cuestiones a tratar.

 

Geográficamente, nuestro servicio ha tendido en la pasada década a una excesiva dispersión, intentando abarcar el número mayor posible de países en los que estar implantado a costa de perder potencial de actuación en aquellos que resultan más vitales para nuestros intereses.

 

Sin pretender aquí desarrollar lo que debe ser la política de inteligencia española para la próxima década, sino simplemente enunciar lo que deben ser sus principios más generales, sí podemos abogar por una mayor concentración de nuestros escasos recursos de inteligencia en el exterior, localizándolos principalmente a dos áreas: el Magreb e Iberoamérica. En el primer caso priman los intereses de seguridad, en el segundo los intereses de carácter político y económico.

 

Esta concentración de esfuerzos puede enmarcarse además en una política de creciente colaboración con otros servicios europeos que permita una creciente especialización regional sobre la base de un más fluido intercambio de información, especialmente en aquellos casos en los que no existe a priori ningún tipo de fricción entre los respectivos intereses nacionales. Resulta obvio, sin embargo, que esta política de cooperación europea tiene sus limites claramente establecidos.

 

Por otro lado, el despliegue exterior de nuestra inteligencia debe ir enfocado a constituir autenticas bases operativas del servicio en aquellos países que por su interés lo requieran y no al establecimiento de meros enlaces o receptores generales de información. En el primer caso, porque esa función de enlace la puede realizar una de las oficinas próximas, directamente desde la sede central o incluso otro personal destacado en la embajada. En el segundo, porque el desarrollo de las tecnologías de la información hace cada vez más innecesario disponer de ese tipo de observadores a un coste muy elevado. Este principio general tiene sin duda sus excepciones, pero no por ello pierde validez.

 

En relación con los principales riesgos y amenazas sobre los que debe centrarse nuestro servicio de inteligencia el principio fundamental debe ser la adaptación permanente de nuestros objetivos de inteligencia a los intereses nacionales.

 

Todos los países occidentales están tras el final de la guerra fría en un proceso de desmilitarización de sus políticas de inteligencia. La confrontación con la Unión Soviética había concentrado los esfuerzos de sus agencias de inteligencia, volcándose especialmente en la obtención de aquella información que fuera relevante desde un punto de vista militar. Tras la difuminación de la amenaza soviética es necesario un proceso de reconversión hacia objetivos más heterogéneos y de naturaleza más diversa.

 

Esta reconversión es especialmente necesaria en nuestro país dado que nuestro servicio de inteligencia es heredero de un servicio militar, mantiene en su denominación y en la regulación de sus misiones a la defensa como referente único de sus acciones, continúa bajo la dependencia orgánica del Ministerio de Defensa y está bajo el mando de un Teniente General.

 

Hay dos cuestiones a las que las nuevas políticas de inteligencia occidentales están prestando mayor atención en estos momentos: la inteligencia criminal y la inteligencia económica.

 

La delincuencia internacional organizada en sus diferentes variantes, grupos terroristas, redes de narcotráfico, organizaciones dedicadas a la inmigración ilegal, al tráfico de armas, al contrabando en gran escala, constituye hoy con toda probabilidad la principal amenaza a la seguridad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos.

 

Combatir este fenómeno no exige únicamente una acción policial encaminada al decomiso de los tráficos ilícitos, la detención de sus responsables y la aportación de pruebas concluyentes para su condena. Exige, antes que nada, una labor de inteligencia que permita conocer, entre otros muchos factores, la dimensión de las organizaciones, sus ramificaciones de todo tipo, los verdaderos responsables, sus conexiones internacionales, el grado de penetración logrado en diferentes organizaciones y en el propio Estado, su entramado financiero.

 

Toda esta información resulta vital para poder luchar contra estos fenómenos y sólo un servicio de inteligencia convenientemente dotado y entrenado puede asumir esta tarea. Por todo ello, la lucha contra la delincuencia organizada en todas sus formas debe ser uno de los objetivos prioritarios de nuestra política de inteligencia.

 

Un segundo área prioritaria de actuación lo comprende la inteligencia económica, es decir, la obtención de aquella información que resulte esencial para la defensa de los intereses económicos del Estado. Existen serias dudas en la mayoría de los países sobre la capacidad de los servicios de inteligencia para asumir esta tarea, pero resulta evidente que a falta de un riesgo cierto de confrontación bélica, la rivalidad económica será una de las cuestiones sobre la que los Gobiernos demandarán mayor información en el futuro.

 

Todo esto no significa que la inteligencia militar no continúe siendo un componente importante del conjunto de la política de inteligencia de un país como el nuestro, sino simplemente que de la preeminencia absoluta ha pasado a ocupar una prioridad más secundaria. No obstante, cuestiones como la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas continuará siendo uno de los objetivos fundamentales de todos los servicios de inteligencia occidentales.

 

La política de inteligencia no sólo debe señalar los objetivos y las materias sobre los que se desea información, sino también orientar el tipo de información que el Gobierno desea. En este sentido será necesario especificar si el Gobierno da más preeminencia a la obtención de información o al análisis de la misma, de forma que el servicio pueda distribuir por tareas unos recursos humanos y materiales que resultan siempre escasos.

 

No hay un consenso general sobre que proporción de esfuerzo debe dedicar un servicio de inteligencia a la obtención y cuál al análisis. Dependerá de la propia dimensión del servicio, del tipo de país y muy principalmente de las necesidades que en cada momento perciba el ejecutivo. En un caso como el nuestro parece difícil que podamos decantarnos radicalmente por un extremo y deberemos por tanto llevar una política equilibrada entre ambas capacidades.

 

En un mundo como el actual, al que muchos definen como sociedad de la información, resulta lógico poner el énfasis en el análisis, como un medio de priorizar, sintetizar e interpretar un flujo de información que tiende a desbordar cualquier organización.

 

Sin embargo, hay que tener claro que un servicio de inteligencia no es sólo un centro de estudios, por muy avanzado que este sea. Un servicio de información debe al menos cumplir dos tareas añadidas al mero análisis. En primer lugar, obtener información de fuentes no publicas cuyo acceso es reservado. En segundo término, no sólo observar e interpretar la realidad, sino tener capacidad de actuación sobre ella en momentos determinados a través de operaciones encubiertas.

 

Otra definición que debe aportar la política de inteligencia es en que medida prioriza los aspectos cuantitativos o los cualitativos en el trabajo de los servicios. Es práctica común en este tipo de instituciones que cuando no hay nada relevante que contar se bombardee al receptor con multitud de informes, algunos de ellos verdaderamente voluminosos, como un medio de demostrar utilidad y capacidad.

 

El CESID elevó en el año 1995 un total de casi 25.000 informes a órganos superiores del Estado. Quizá fuera necesario un replanteamiento de esta práctica hacia  una política más cualitativa en la que sólo los informes con información verdaderamente relevante para el decisor político sean trasmitidos. Lo contrario significa que elementos esenciales de información a veces pasen desapercibidos a los ojos del responsable político por el excesivo caudal de la misma. Esto, que es aplicable al número de informes, debe ser también aplicable a la extensión de los mismos.

 

La política de inteligencia debe formularse a través de una serie de documentos que constituyan lo que podríamos denominar Ciclo de Planeamiento de la Inteligencia. Este ciclo, según el esquema adjunto, debe partir de un Plan Estratégico General de Inteligencia, aprobado por el Gobierno, que establezca los objetivos generales y las prioridades fundamentales en materia de inteligencia. Este Plan General debe dar lugar a su vez a tres Planes Sectoriales de Inteligencia referidos cada uno de ellos a la Inteligencia Exterior, la Inteligencia Interior y la Inteligencia Militar y que deben ser aprobados respectivamente por el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa. Sobre esta base, cada Servicio elaborará su Plan Permanente de Información. La duración de este ciclo puede ser bianual, aunque debe estar dotado de una enorme flexibilidad para poder responder a las necesidades urgentes y puntuales del Gobierno.

 

 

España tiene un sistema de inteligencia atípico entre las democracias  occidentales. Nuestro país constituye, de hecho, el único caso entre los miembros de la Alianza Atlántica en el que un único servicio de información tiene competencia para actuar tanto en el campo de la inteligencia exterior como de la inteligencia interior y tanto en el campo de la inteligencia militar como en de la inteligencia civil. Este carácter omnímodo de nuestro servicio de inteligencia es otra de las razones estructurales, junto con la carencia de una verdadera política de inteligencia, de los graves problemas causados por el servicio en los últimos años.

 

Sin embargo, es necesario precisar que siendo el CESID el principal órgano de nuestro sistema de inteligencia no es el único que realiza inteligencia. El Servicio de Información de la Guardia Civil y la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía realizan también una labor importante en el campo de la inteligencia interior. Por su parte, las divisiones de inteligencia tanto del Estado Mayor Conjunto como de los Estados Mayores de los tres ejércitos realizan también labores de inteligencia en el campo estricto de la información militar.

 

La peculiaridad del sistema de inteligencia español no es por tanto la existencia de un único órgano de inteligencia como que un único servicio tenga encomendadas misiones en todos los campos.

 

Esta peculiaridad española genera tres tipos de problemas. En primer lugar, una mayor dificultad de control del servicio de inteligencia por parte del poder político. Acumular toda la información interior, exterior, civil y militar en una sola organización es un riesgo que ninguna democracia consolidada se permite.

 

En segundo término, el sistema actual impide una conveniente especialización funcional de los servicios. Hay una acumulación de tareas que produce solapamientos entre los diferentes órganos y, como consecuencia de esa indefinición de cometidos, terminan produciéndose dispersión de esfuerzos, duplicidad de tareas y, en algunos casos, fricciones entre las diferentes organizaciones.

 

Finalmente, la organización actual impide la consolidación de una autentica comunidad de inteligencia dotada de los elementos de coordinación necesarios para un funcionamiento armónico y conjunto de todo el sistema.

 

Es necesaria, por tanto, una reforma de nuestro sistema de inteligencia que permita crear una verdadera comunidad de inteligencia nacional en nuestro país. Así, la pendiente reforma de la inteligencia en España debe ir más allá que la mera reforma del CESID como organo principal del sistema de inteligencia y alcanzar a todo el conjunto de los organismos implicados.

 

Esta reforma del servicio de inteligencia debe además asentarse sobre una norma de rango legal suficiente. Nuestro sistema de inteligencia ha adolecido tradicionalmente de una falta de reglamentación  adecuada. Así, observamos en primer lugar una cierta dispersión en cuanto a la regulación de las competencias de información de los diferentes órganos implicados, sin que ninguna norma recoja los mecanismos de coordinación necesarios. Por otro lado, observamos la regulación por normas de rango inferior a las que les corresponderían de determinados aspectos relacionados con la inteligencia. Por ejemplo,  la reglamentación por Real Decreto del estatuto de Personal de los miembros del CESID plantea interrogantes sobre algunos aspectos, como el régimen disciplinario, que en principio parecen reservados a normas con rango de Ley. Por otro lado, es evidente que la cobertura legal de las actividades de inteligencia quedarían mejor amparadas por una Ley que por un simple Decreto. 

 

En definitiva, necesitamos una Ley que establezca un modelo de inteligencia para nuestro país. Una Ley que podría denominarse de Organización y Criterios Básicos de la Inteligencia en España y que defina los principios, la estructura, la organización, las competencias, los elementos de coordinación y las formas de control de los servicios de inteligencia de nuestro país.

 

En cuanto a los principios generales, esta Ley debe garantizar, entre otros, el de legalidad, los servicios de inteligencia deben trabajar dentro del marco del Estado de Derecho y no al margen del mismo; debe autorizar el carácter secreto tanto de la organización y funcionamiento de los servicios como el de algunas de sus actuaciones; debe establecer el principio de coordinación y el de colaboración mutua estableciendo la obligación de intercambiar información entre los diferentes servicios que componen el sistema, así como poner en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado aquellos hechos que puedan constituir delitos; debe hacer prevalecer el principio de eficacia, de forma que el conjunto del sistema permita al Gobierno disponer de la información necesaria, en tiempo y forma, para adoptar las decisiones correctas en defensa de los intereses y la seguridad nacional.

 

Por lo que se refiere a su estructura, el sistema debe articularse sobre tres grandes bloques: la inteligencia exterior, la inteligencia interior y la inteligencia militar. La inteligencia exterior debe obtener y analizar toda aquella información necesaria para prevenir cualquier peligro o amenaza a los intereses nacionales. La inteligencia interior debe obtener y analizar aquella información relativa a actividades de grupos o personas en nuestro territorio que atenten o pongan en peligro nuestro ordenamiento constitucional o la seguridad pública, así como detectar y neutralizar las actividades de servicios de inteligencia extranjeros en nuestro territorio que atenten contra la seguridad o los intereses nacionales. Finalmente, la inteligencia militar se ocuparía de analizar la información necesaria para prevenir cualquier peligro, amenaza o agresión militar contra la independencia o integridad territorial de España, así como asegurar los intereses nacionales en los campos de la economía y la tecnología de interés específico para la Defensa.

 

La inteligencia exterior es la que en la mayoría de los países occidentales tiene una mayor preeminencia y una mayor entidad. El CESID se mantendría por tanto como el principal órgano de inteligencia del Estado, pero limitando su campo de actuación al exterior. En este sentido sería aconsejable un cambio de denominación que expresara mejor sus competencias. Una posible denominación sería CIE (Centro de Inteligencia Exterior). En cualquier caso, debe quedar claro que se trata de un órgano de inteligencia, no de mera información, y que su campo de trabajo trasciende la defensa para abarcar el conjunto de los intereses nacionales.

 

Este Centro de Inteligencia Exterior pasaría además a depender del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que garantizaría una mayor unidad de la acción exterior del Estado y proporcionaría a este departamento una herramienta fundamental en la planificación y coordinación de la política exterior. Sin embargo, el Centro continuaría manteniendo una dependencia funcional de la Presidencia del Gobierno.

 

Por su parte, el Ministerio del Interior asumiría plenamente las funciones de inteligencia interior a través de la creación de una Dirección de Inteligencia Interior (DIIN) encuadrada dentro de la Secretaria de Estado de Seguridad y que asumiría las funciones de inteligencia que actualmente realizan tanto la Dirección General de la Guardia Civil, como de la Policía y la División de Interior del CESID.

 

La constitución de esta Dirección de Inteligencia Interior pasaría por establecer una dependencia funcional del Servicio de Información de la Guardia Civil y de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, respecto de esta nueva agencia. Contrariamente a lo que ocurre con las labores de prevención o investigación policial, es difícil en materia de inteligencia establecer demarcaciones territoriales dentro del propio territorio nacional. La creación de esta Dirección común ofrece además varias ventajas. En primer lugar, permitiría otorgar a sus miembros un estatuto como agentes de inteligencia diferenciado al que les corresponde como policías o guardias civiles. En segundo término, garantizaría que ningún Cuerpo se guardara para sí información relevante, bien por interés corporativo o bien por una mal entendida rivalidad. Finalmente, supondría una racionalización en la utilización de recursos humanos y materiales escasos. Así, podría contar con elementos comunes de apoyo operativo y un único sistema informático.

 

Finalmente, para atender a las funciones de la inteligencia militar sería preciso fusionar las divisiones de inteligencia del Estado Mayor Conjunto y de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y el Aire en un único Centro de Inteligencia y Análisis Estratégico (CIAE) bajo la dependencia directa del Ministro de Defensa.

 

La integración de todas las Divisiones de Inteligencia de los distintos Estados Mayores permitiría constituir un centro con capacidad suficiente para poder analizar toda la información relevante para la defensa y elaborar la inteligencia necesaria para transmitirla a sus responsables políticos, en especial el Ministro de Defensa, así como a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Sus fuentes de información serían los otros organismos de inteligencia del Estado, en especial el Centro de Inteligencia Exterior, la obtenida a través de los medios técnicos de inteligencia de los que disponga el Estado, la red de agregados militares y el acceso a todo tipo de fuentes abiertas.    

 

Este centro de inteligencia militar sería además el responsable de asegurar los intereses nacionales en los campos de la economía, la industria y la tecnología de interés específico para la Defensa.

    

La especialización funcional de los diferentes instrumentos de inteligencia de los que dispone el Estado, junto con la dependencia orgánica de esos organismos de diferentes departamentos ministeriales, hace que la coordinación del sistema de inteligencia sea un apartado esencial del mismo.

 

La política de inteligencia es sin duda uno de los mejores ejemplos de lo que debe ser una política interdepartamental. Por esta razón, es esencial dotar a la Presidencia del Gobierno, máximo órgano de dirección del Ejecutivo, de los instrumentos necesarios para, por un lado, ejercer una labor de coordinación real y eficaz en materia de inteligencia y, por otro, asegurar que toda la información relevante llega adecuada y oportunamente al propio Presidente del Gobierno.

 

El elemento clave de la coordinación de todo el sistema lo debe constituir la Secretaría de Estado de Inteligencia, que como Secretario de Estado tendrá siempre un rango superior al de los directores de todos los servicios. Esta Secretaría de Estado estará encuadrada orgánicamente en el Ministerio de la Presidencia y tendrá las siguientes atribuciones:

 

·        Dirigir y controlar el trabajo de los distintos servicios.

·        Elaborar y elevar al Consejo Superior de Inteligencia el Plan Estratégico de Inteligencia.

·        Coordinar la elaboración de los Planes Estratégicos Sectoriales y aprobar los Planes Permanentes de Información de cada uno de los servicios.

·        Supervisar las peticiones presupuestarias y de recursos humanos de cada uno de los servicios.

·        Dirigir y coordinar las relaciones con los servicios de inteligencia de otros países.

·        Inspeccionar y evaluar a los diferentes servicios.

 

El Secretario de Estado de Inteligencia será principal asesor y el interlocutor natural del Presidente para todas estas cuestiones. Para desarrollar su tarea contará únicamente con un gabinete de apoyo.

 

El Secretario de Estado de Inteligencia presidirá a su vez la Comisión de Coordinación de la Inteligencia (CCI) de la que formarán parte el Director del Centro de Inteligencia Exterior, el Director de Inteligencia Interior y el Jefe del Centro de Inteligencia y Análisis Estratégico. Esta Comisión, que se reunirá periódicamente y siempre que algún asunto lo requiera actuará como órgano permanente de coordinación e intercambio de información entre los diferentes servicios.

 

Por encima de esta Comisión estará el Consejo Superior de Inteligencia (CSI), máximo órgano consultivo del Presidente del Gobierno en esta materia, que deberá informar al Presidente con carácter previo sobre el Plan Estratégico de Inteligencia, así como estudiar e informar los Planes Estratégicos Sectoriales previamente a su aprobación por el Ministro correspondiente. Este Consejo estará presidido por el Ministro de la Presidencia y serán miembros, además del Secretario de Estado de Inteligencia, el Secretario de Estado de Política Exterior, el Secretario de Estado de Defensa, el Secretario de Estado de Economía, el Secretario de Estado de Interior y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. A sus reuniones podrán ser convocados puntualmente otros altos cargos de la Administración, con voz pero sin voto.

 

En definitiva, se trata de establecer una autentica comunidad de inteligencia en nuestro país, con competencias claras asignadas a los diferentes servicios y con unos instrumentos de coordinación potentes que aseguren en todo momento un más estricto control político sobre los diferentes servicios, así como la cooperación entre todos ellos para alcanzar objetivos comunes.

 

La reforma propuesta no pasa en ningún caso por un aumento de las organizaciones y de los efectivos que actualmente realizan funciones de inteligencia en nuestro país. Por el contrario, el número de órganos de inteligencia se reduce de los siete existentes en la actualidad a sólo tres. Esta reducción y racionalización del sistema permitirá ahorros globales de personal en el mismo y sobre todo una utilización más eficaz y eficiente de los escasos recursos de nuestra inteligencia.

 

 

La carencia de instrumentos y mecanismos de control adecuados ha sido el tercer factor, junto a la ya mencionada ausencia de una política de inteligencia y la inexistencia de una comunidad de inteligencia, desencadenante de la crisis que nuestros servicios de información han atravesado en los últimos años.

 

La ausencia de estos mecanismos de control se ha puesto en evidencia porque la gravedad de la crisis sufrida no ha estribado en los comportamientos individuales, por mucho que estos comportamientos hayan podido poner en riesgo la seguridad y nos parezcan totalmente condenables, sino sobre todo en la incapacidad del propio sistema para detectar esos comportamientos y corregir esas situaciones. Es más, era el sistema en su conjunto el que ha fallado al permitir una instrumentación partidista del mismo, así como la realización de diversas acciones al margen de la  legalidad y  eludiendo el necesario control político.

 

El control de los servicios de inteligencia no es tarea fácil en ninguna democracia. El propio carácter secreto de la organización, de la mayor parte de sus acciones y de buena parte de sus recursos presupuestarios (fondos reservados) hace que los instrumentos de control válidos en cualquier otra parte de la Administración Pública no resulten adecuados a este tipo de servicios.

 

Esta dificultad objetiva de control, junto a la relevancia y trascendencia política que tienen muchas de las tareas que realizan los servicios de información, hacen necesaria la estructuración de un sistema de control específico sobre la comunidad de inteligencia.

 

En primer lugar, se trata de asegurar el control del propio Gobierno sobre sus Servicios. Se trata de un control interno que pese a ser el más inmediato no siempre funciona correctamente. Este control interno debe materializarse en un primer escalón a través de la formulación de una política de inteligencia que establecerá los objetivos generales y las áreas sobre las que el Ejecutivo tiene un interés prioritario de información. Todo ello recogido sistemáticamente en un documento único de carácter secreto como sería el Plan Estratégico de Inteligencia.

 

El seguimiento en el cumplimiento de esos objetivos y el control cotidiano del funcionamiento de los servicios lo ejercería el Secretario de Estado de Inteligencia, bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno. En este sentido, es importante dotar a este alto cargo de competencias de inspección, evaluación y disciplinarias para el conjunto de los servicios que componen la comunidad de inteligencia.

 

El Secretario de Estado de Inteligencia sería así el primer y más directo responsable político del funcionamiento de todo el sistema, limitando la responsabilidad del Presidente del Gobierno a un conocimiento mucho más general del funcionamiento del sistema.

 

La existencia de esta figura no se justifica por tanto únicamente en razón de la necesidad de una coordinación cada vez más intensa entre los servicios, sino también por la necesidad de control político que resulta imprescindible para un correcto funcionamiento del sistema. La plena dedicación a esta tarea, su rango político en el organigrama del Estado y su distancia relativa con el funcionamiento de cada servicio en particular, hacen del Secretario de Estado de Inteligencia (SEI) una figura imprescindible para un efectivo control interno de la comunidad de inteligencia.

 

Así, el control interno ejercido por el SEI debe tener una doble dimensión. Por un lado se trata de un control puramente político sobre los objetivos, los métodos y las operaciones concretas que realizan los distintos servicios. Pero además se trata de establecer un control de la calidad de las informaciones y los análisis finales que produce cada uno. Este control de calidad debe plasmarse en un documento anual elaborado por el SEI y sometido a la aprobación del Consejo Superior de Inteligencia. Esta evaluación de calidad incluirá no sólo la eficacia con la que cada servicio ha cumplido con los objetivos que el Plan Estratégico de Inteligencia y sus Planes Sectoriales les habían encomendado, sino también la eficiencia con la que han utilizado sus propios recursos. Es evidente que en esta evaluación primarán más los criterios cualitativos que los cuantitativos.

 

Con relación a los controles externos, situados aún dentro de la esfera de control político, resulta imprescindible establecer mecanismos más ágiles y eficaces de control parlamentario sobre la Comunidad de Inteligencia. Hay varias razones para ello. En primer lugar, la política de inteligencia no es una política estrictamente gubernamental. En la medida en que toca aspectos sensibles de la seguridad nacional, contiene elementos más propios de una política de Estado. Esto significa que es esencial alcanzar consensos básicos con los principales grupos de la oposición sobre la organización y el funcionamiento de estos servicios.

 

En segundo término, es práctica cada vez más extendida entre las democracias occidentales establecer instrumentos de control parlamentario cada vez más específicos e intensos. En este sentido la constitución de Comisiones de Inteligencia en los Parlamentos Nacionales de la Unión Europea es cada vez más común.

 

Finalmente, resulta evidente la complejidad de consensuar con el resto de los grupos parlamentarios una reforma de nuestro sistema de inteligencia que no incluya el fortalecimiento del control que el Parlamento debe ejercer sobre el Ejecutivo en este terreno. Aún más, sería difícil también para  la opinión pública creer en esta reforma si la misma no incluye alguna medida de este tipo.

 

Pero si el consenso es elevado sobre la necesidad de otorgar al Parlamento un mayor protagonismo en el control de la política de inteligencia del Gobierno, las discrepancias pueden ser mucho mayores en cuanto a como debe articularse ese control.

 

La posición minimalista señala que es control ya existe a través de las comparecencias del Ministro de Defensa en la Comisión correspondiente cuando es reclamado para ello o a través de la Comisión de Secretos Oficiales cuando se quiere acceder a algún documento o información reservada.

 

Sin embargo, esos mecanismos han demostrado no ser suficientemente eficaces en los últimos años. En primer lugar, porque la Comisión de Defensa tiene otros muchos intereses, no siendo la inteligencia uno de los principales. En segundo lugar, los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales suelen ser además los Portavoces de los Grupos, lo que deja muy escasa atención a estas cuestiones. Finalmente, el sistema de control en su conjunto es muy pasivo, sólo entra en funcionamiento cuando se ha producido una crisis.

 

Como hemos señalado, el sistema que se articule deberá ser fruto de muchas discusiones entre los diferentes grupos parlamentarios, pero pueden adelantarse algunas ideas base para el debate.

 

·         La comisión debe ser permanente, dado que el seguimiento de estas cuestiones requerirá de sus miembros un grado de dedicación y especialización alto.

 

·         Las deliberaciones de la comisión deberán ser secretas, estableciendo un régimen interno severo para sus miembros que garantice esa condición a todas las deliberaciones.

 

·         La composición de la Comisión debe ser reducida, precisamente para garantizar el carácter reservado de la misma. El modo de elección podría ser similar al utilizado para la elección de las Mesas de las Cámaras.

 

·         La Comisión debería ser mixta Congreso-Senado para evitar una duplicidad de las comparecencias, pero involucrando al conjunto del Parlamento en esta tarea.

 

·         El Secretario de Estado de Inteligencia será el interlocutor normal del Gobierno con la Comisión. Comparecerá de forma regular ante la misma para informar sobre los aspectos generales de la política de inteligencia, la elaboración del presupuesto y aquellas cuestiones que por su gravedad o importancia deban ser conocidas por la Comisión. No obstante, sus miembros podrán llamar a declarar a otros altos cargos de la Administración o a otros miembros del Gobierno. 

 

Finalmente, está la cuestión siempre espinosa del control judicial sobre los servicios de inteligencia. Sin embargo, es un error centrar el debate de la reforma del sistema de inteligencia en España sobre este aspecto. Primero, porque en este debate público el Gobierno no tiene nada que ganar en este terreno y sí mucho que perder. Segundo, porque el control judicial ha funcionado de hecho, bien es cierto que con la lentitud habitual, cuando lo que se ha puesto en duda es la legalidad de alguna de las acciones de los servicios. No hay por tanto demanda social ni de un mayor control judicial de los servicios y aún menor de relajar esos controles.

 

En este punto es necesario dejar claros algunos principios. Primero, en un Estado de Derecho no es posible crear esferas de impunidad al imperio de la Ley, ni siquiera cuando se haya comprometida la seguridad nacional. Segundo, todos los servicios de inteligencia del mundo pueden transgredir en el desarrollo de algunas de sus operaciones bien el derecho nacional o el derecho internacional. Tercero, los servicios cuentan con los medios legales, humanos, tecnológicos y materiales para poder hacer sus operaciones de forma encubierta, porque el secreto está en la base misma de su existencia. Cuarto, cuando por cualquier circunstancia una operación encubierta sale a la luz, poniendo de manifiesto la comisión de un delito por uno de los miembros del servicio o por sus responsables, ni las personas pueden evadirse de la acción de la justicia, ni los directivos pueden eludir sus responsabilidades públicas.

 

La reforma, por tanto, no puede pretender hacer legal lo que es ilegal. Primero porque toda reforma en este sentido será jurídicamente controvertida, pero fundamentalmente porque en términos políticos la reforma puede resultar contraproducente. Políticamente, la reforma debe tener como objetivos disponer de unos servicios de inteligencia más democráticos y más eficaces, no otorgar mayor impunidad a unos órganos que han demostrado haber abusado de la que ya disponían.

 

Todo ello no es óbice para que en el conjunto de la reforma a emprender pueda pensarse en alguna fórmula de tutela judicial específica que agilice y facilite este tipo de actuaciones cuando de lo que se trata no es de perseguir un delito o detener un delincuente, sino obtener información que puede ser relevante para intereses esenciales o la seguridad nacional. Pero insistimos en la importancia de que el debate sobre la reforma de la inteligencia en nuestro país no se centre en este punto.

 

 

Cambio e incertidumbre son las dos principales características del mundo actual. La necesidad de cualquier gobierno de disponer de información e inteligencia para poder adoptar sus decisiones en este entorno son crecientes. Por otro lado, la exigencia de un mayor control sobre las organizaciones encargadas de obtener y analizar esta información es norma común en todas las democracias occidentales.

 

En España la reforma de la comunidad de inteligencia es la gran reforma pendiente. Los problemas detectados en nuestros servicios de información y el compromiso político del partido hoy en el gobierno de llevar a cabo esa reforma hace que el diseño y aplicación de la misma sea uno de los objetivos políticos irrenunciables para una próxima legislatura.

 

En nuestra opinión, esa reforma debe contener tres elementos esenciales. En primer lugar, el desarrollo de una verdadera política de inteligencia que defina los objetivos, los medios y las estrategias de nuestros servicios. En segundo término, la creación en nuestro país de una comunidad de inteligencia que permita una adecuada especialización funcional así como una mayor coordinación entre todos los órganos implicados. Finalmente, el fortalecimiento y perfeccionamiento de los instrumentos de control, tanto internos como externos, sobre el conjunto del sistema.

 

Toda esta reforma debe tener como objetivo último disponer de un sistema de inteligencia no sólo capaz de hacer frente a la creciente demanda de información que necesitará nuestro Gobierno en el próximo siglo, sino que ofrezca ese potencial con un absoluto respeto al Estado de Derecho y a los principios democráticos que guían nuestra sociedad.