Reforma Constitucional
por Ignacio Cosidó, 29 de agosto de 2011
(Publicado en Diario Palentino, 27 de agosto de 2011)
Hace pocas semanas escribía en esta misma columna, «ha llegado el momento de afrontar reformas que impidan que políticos irresponsables nos lleven a la ruina». Podría presumir de que Zapatero leyó mi artículo, cayó del caballo y se apresuró a proponer una reforma constitucional para garantizar el equilibrio presupuestario como un principio básico y permanente de nuestra política económica. Pero más bien considero que lo que Zapatero se ha leído es la carta que le dirigió el Banco Central Europeo imponiéndole esa disciplina presupuestaria como condición para la compra masiva de bonos españoles. Una carta que Zapatero se empecina en ocultar, a pesar de las reiteradas preguntas de Mariano Rajoy en el Congreso, y que los españoles tenemos derecho a conocer.
Introducir en la Constitución una limitación al endeudamiento público es en mi opinión sumamente positivo. Cualquier familia sabe que cuando se gasta sistemáticamente más de lo que se ingresa las cosas acaban mal. No se trata solo de trasmitir a los mercados un mensaje de firmeza de nuestro compromiso de atajar el déficit, sino de plasmar en nuestra ley de leyes un principio moral y político de que los gobernantes no pueden gastar alegremente acumulando deudas a las generaciones futuras.
Esta reforma constituye además un reconocimiento explícito del fracaso de las políticas socialistas, que consideran que las crisis solo pueden superarse a base de aumentar el gasto público. Resulta patético ver como esta limitación constitucional del déficit público es defendida ahora con caras circunspectas por quienes hasta hace poco descalificaban y ridiculizaban esta misma propuesta cuando la hacía el Partido Popular. La propia candidatura de Rubalcaba a la Presidencia del Gobierno queda deslegitimada con esta propuesta, en la que es evidente no cree el nuevo líder socialista.
Lo más triste de todo es que esta decisión nos venga impuesta desde la Unión Europea sin que el Gobierno haya tenido una mínima capacidad de anticipación. Haber hecho esta reforma un año antes no solo nos habría permitido hoy estar en mejor situación, sino que habría evitado además que muchos ciudadanos la perciban como una perdida de soberanía en la toma de decisiones esenciales.
España tiene que recuperar cuanto antes el dominio de su propio destino. Para ello es fundamental que tenga un Gobierno que actúe por convicciones y no solo bajo la presión de evitar la catástrofe.