Vigencia del terrorismo yihadista en la convulsa Somalia

 

 

El 10 de septiembre y contra todo pronóstico Hassan Sheikh Mohamud ganaba la Presidencia de la República Democrática de Somalia, un nuevo Estado en proceso de refundación sobre las cenizas del para muchos Estado fallido somalí. Con un nuevo Parlamento elegido el 21 de agosto, cuyos miembros votaron mayoritariamente por Mohamud, y este nuevo Jefe de Estado – que sucede a Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, que aceptó la pérdida del poder precisamente cuando las apariencias muestran una realidad más benigna que la que él había conocido hasta ahora – muchos se preguntan si Somalia podrá salir adelante. Necesitará para ello seguir estando tutelada por actores internacionales pues los enemigos de la normalización, terroristas y piratas pero también las propias complejidades tribales y clánicas de la sociedad somalí, acechan y no se rinden. Por otro lado, los análisis optimistas que ahora pueden encontrarse con más frecuencia que hace pocos meses hablan de una Somalia que ya asumen que hemos de considerar amputada, faltándole dos territorios como son Somalilandia y Puntland. Esto último funciona en el mismo sentido en que muchos, analizando un país que poco tiene que ver con Somalia, por la lejanía y sobre todo por sus elementos definidores, como es Georgia, hablan ya de este Estado caucásico dando por hecho que ni Abjazia ni Osetia del Sur son ya territorios georgianos. Adelantar de esa manera acontecimientos que no han sido consolidados con procesos legales legitimados nacional e internacionalmente es irresponsable, y cualquier análisis de seguridad debe de tener en cuenta dicha rémora si se quiere de verdad aportar una visión completa de los problemas planteados y explorar posibles soluciones de verdad y no simples curas temporales.

 

De las complejidades de la sociedad somalí dan fe las tres vueltas que se han hecho necesarias en el Parlamento hasta que los votos han dado el poder a Mohamud: se ha impuesto por 190 frente a 79 votos, pero el proceso ha sido arduo y la necesidad de realizar complejas negociaciones de pasillo más que evidente. Siendo el perfil de Mohamud el de un hombre tranquilo y el de la mayoría de los diputados el de señores de la guerra podríamos encontrarnos con un escenario parecido al del Afganistán de Hamid Karzai, un tecnócrata que sólo domina el hervidero político y de seguridad afgano porque está respaldado, militarmente, por la comunidad internacional. Un buen ejemplo de estos jefes de milicia reconvertidos a tiempo parcial en políticos es el de Abdulkadir Moallin, señor de la guerra somalí como tantos y tantos afganos que dividen su tiempo entre el Parlamento de Kabul y su gestión de sus milicias y de sus negocios ilícitos. Si Afganistán nos deberá de seguir preocupando en el futuro, igual ocurrirá con una Somalia en la que es el dinero y la coacción lo que orienta las votaciones de los actores “políticos”.

 

Si la “clase política” está pues repleta de contradicciones en términos democráticos, el otro enemigo de la normalización no le va a la zaga a este hándicap: estamos refiriéndonos, por supuesto, al sanguinario terrorismo yihadista salafista de Al Shabab, y eso es así aunque ahora mate menos que hace algún tiempo. Su voluntad de seguir sojuzgando a la atribulada Somalia, y de hacerlo además poniendo en el punto de mira al nuevo Presidente Mohamud, no se hacía esperar: el 12 de septiembre, es decir tan sólo dos días después de su victoria electoral, tres terroristas suicidas pertenecientes a esta franquicia de Al Qaida ‘Central’ – lo es ya oficialmente desde que realizara la fidelización a la misma en febrero de este año - penetraban en el Hotel “Jazeera” de la capital, próximo al Aeropuerto y como en Afganistán, en Irak o en otros escenarios supuesto escenario seguro, para tratar infructuosamente de asesinarlo. Mohamud daba precisamente una rueda de prensa como Presidente y estaba acompañado del Ministro de Asuntos Exteriores keniata, Samuel Ongeri, representante de uno de los países (junto con Etiopía) que con su presencia militar en suelo somalí y haciendo uso de la fuerza son los garantes del proceso de normalización analizado. La acción, en la que murieron ocho personas, era un claro aviso de que Al Shabab no está acabado como actor letal, y seguía al pie de la letra las amenazas vertidas en agosto por su portavoz, Sheikh Hassan Dahir.

 

La elección del nuevo Presidente es una etapa más del largo y arduo proceso de normalización de Somalia diseñado y puesto en marcha en el lejano 2004. En todo ese tiempo se han producido hitos a destacar como fue, en 2006, la perniciosa por aún más desestabilizadora llegada al poder de los islamistas radicales de la Unión de Tribunales Islámicos (UTI), su desplazamiento del poder en el marco de un esfuerzo en el que se hubo de contar con la presencia militar activa de actores foráneos – de la Unión Africana (UA), por un lado, y de tropas expedicionarias etíopes, por otro -, del surgimiento de Al Shabab como revitalizado actor islamista radical que contaba y cuenta con una refinada y peligrosa ideología yihadista salafista y, desde octubre de 2011, con la presencia también de fuerzas expedicionarias keniatas a añadir a las susodichas y que han logrado avances en la lucha contra Al Shabab aunque sin lograr derrotarlo. Kenia decidió intervenir en suelo somalí porque la amenaza hacía tiempo que se había extendido a su suelo – incluyendo en ella el secuestro de dos cooperantes españolas (Blanca Thiebaut y Montserrat Serra, ambas de “Médicos Sin Fronteras”) en el enorme campo de refugiados de Daabad, en octubre de 2011, que aún siguen cautivas - y, aunque dicha ofensiva contra Al Shabab ha incrementado las acciones terroristas dentro de las fronteras keniatas, las autoridades de Nairobi asumen que esta es una lucha en la que hay que estar y que hay que estar en ella para ganarla. Como botón de muestra de las represalias de Al Shabab destacaremos la matanza de 17 cristianos en un doble ataque contra iglesias en el noreste de Kenia, en concreto en la localidad de Garissa, situada a un centenar de kilómetros de la frontera somalí, y ejecutados el pasado 1 de julio. Haciendo aquí de nuevo un símil con otros escenarios de terrorismo yihadista salafista, las matanzas de cristianos en Kenia recuerdan a las cometidas por el grupo Boko Haram en el norte de Nigeria, donde tanto en la Navidad de 2011 como en la Semana Santa de 2012, y así hasta la actualidad, las matanzas de cristianos se van haciendo más masivas y más extendidas en el territorio nacional. El 3 de agosto un suicida moría en Nairobi al detonar una granada en las proximidades de una base aérea situada junto a una zona de fuerte presencia somalí hiriendo a nueve personas. Más recientemente, el 27 de agosto, la muerte por disparos y sin aclarar de un predicador radical, Aboud Rogo Mohammed, en la ciudad portuaria y turística de Mombasa, degeneró de inmediato en violentos disturbios que incluyeron la quema de cinco iglesias y produjeron múltiples heridos. El fallecido estaba incluido en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusado de reclutar militantes y de obtener fondos para el grupo terrorista somalí Al Shabab. Se le relacionaba con el cuadro de Al Qaida eliminado en 2011 en Mogadiscio, Fazul Abdullah Mohammed, con los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, en 1998, y con el atentado contra un hotel frecuentado por israelíes en Mombasa en 2002 que provocó la muerte de 18 personas. Aún más recientemente, el 14 de septiembre, la Policía keniata desarticulaba en la capital, Nairobi, una célula terrorista formada por somalíes – dos de sus miembros eran detenidos – interviniendo en una vivienda del barrio de Eastleigh bombas preparadas para ser activadas por suicidas, fusiles de asalto y abundante munición.

 

Al Shabab está siendo desalojado según los más optimistas de distintos barrios de Mogadiscio, de diversas regiones del país, e incluso del puerto de Marka el 27 de agosto, pero desplazarlo no quiere decir derrotarlo, lamentablemente. Sigue siendo un actor armado relevante, aún conserva el control de dos puertos (Barawe y Kismayo, aunque de este último fue desplazado en septiembre si bien la recuperación por parte de las autoridades somalíes no puede considerarse como definitiva), contaría ya “sólo” con unos 3.000 efectivos y estos se siguen caracterizando por su gran motivación y por una crueldad harto probada. Fueron fuerzas keniatas desembarcadas en las playas de Kismayo el 28 de septiembre las que arrebataron el control de esta ciudad meridional a los terroristas, pero el hecho de que en la madrugada del día siguiente las fuerzas de Al Shabab se retiraran sin combatir nos lleva a concluir que es un repliegue táctico y no una derrota, y la experiencia acumulada con combatientes de perfil parecido como Al Qaida en Irak o los Talibán afganos nos invita a prever futuros golpes en ese y otros escenarios, particularmente si asumimos que las tropas keniatas, más numerosas y mejor pertrechadas que los elementos de Al Shabab, acabarán abandonando tanto Kismayo, en particular, como el escenario nacional somalí, en general.

 

El centro y el sur del territorio somalí sigue en manos de Al Shabab, con algunos vaivenes según los combates pero sin que las fuerzas regulares somalíes y sus distintos aliados se asienten definitivamente en los territorios que van arañando a los terroristas. A mediados de julio soldados del GFT liberaban al norte de la capital una madraza (escuela coránica) controlada por los terroristas en la que decenas de niños, en su mayoría con menos de diez años de edad, aprendían encadenados más terrorismo que religión, y en particular las técnicas del terrorista suicida. Así habrían podido emular a la mujer suicida que, en abril de este año, mató a 10 personas e hirió a decenas durante el acto de inauguración del Teatro Nacional de Mogadiscio, o a los dos suicidas que el 1 de agosto intentaron infructuosamente reventar la reunión de la Conferencia Nacional reunida para redactar una Constitución para el país: disfrazados de militares sólo fueron capaces de provocar heridas a quienes descubrieron sus intenciones e impidieron que las llevaran a término. Más recientemente, el 20 de septiembre, un suicida mataba a ocho personas en el popular café-restaurante “Village”, en Mogadiscio, entre ellas a tres periodistas de la radio nacional. Dos días después, el 22 de septiembre, un miembro del Parlamento que había designado a Mohamud Presidente del país el 10 de septiembre moría tiroteado frente a su domicilio, en el barrio capitalino de Waberi. Curiosamente, el 3 de noviembre dos suicidas ejecutaban un nuevo atentado contra el susodicho café-restaurante “Village”, matando esta vez a una persona e hiriendo a al menos cinco, en un atentado extraño y más aislado en el tiempo pero que, como todas las demás acciones terroristas de Al Shabab, sirve para marcar su presencia en una ciudad, la capital, de la que muchos analistas y responsables políticos somalíes y foráneos se habían precipitado en considerarla definitivamente desterrada. Por otro lado, el 29 de junio, fuerzas combinadas keniatas y del GFT habían liberado en Dhobley, junto a la frontera con Kenia, a cuatro trabajadores humanitarios que acababan de ser capturados por terroristas que habían asesinado a su chófer keniata y los habían trasladado desde las proximidades del campo de refugiados de Daabad hasta territorio somalí, en un itinerario parecido al que habrían seguido nuestras dos compatriotas de MSF.

 

El que la AMISOM haya visto extendido su Mandato por el Consejo de Seguridad de la ONU, tras su expiración el pasado 31 de octubre, por otros cuatro meses – hasta el 7 de marzo de 2013 – es muestra fehaciente de que aún le queda trabajo por delante en términos de limpiar el país de la presencia, y de la influencia, de Al Shabab. Los quince miembros del Consejo de Seguridad seguían pues considerando en su votación del 7 de noviembre que la situación en Somalia supone una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, aprobando la Resolución que prorroga el Mandato en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. La nueva Resolución refuerza el personal civil de la Misión con otros 50 efectivos – respondiendo con ello a una solicitud hecha por la UA el pasado 18 de octubre, que quiere asentarlos en las zonas que quedan liberadas de la presencia de Al Shabab – y renueva las condiciones del Mandato para reforzar los ámbitos que los susodichos atentados suelen tratar de poner en riesgo siempre que pueden: “apoyar el diálogo y la reconciliación en Somalia facilitando la libertad de circulación, el paso en condiciones de seguridad y la protección de todos los que participan en el proceso de paz y reconciliación en Somalia” y, además, “proteger a las autoridades para que puedan desempeñar sus funciones de gobierno, y condiciones de seguridad para la infraestructura básica, así como asistencia para aplicar el Plan Nacional de Seguridad y Estabilización”.

 

En otro orden de cosas, y desde mediados de la pasada década, la piratería, que existía como actividad delictiva pero no con la envergadura después alcanzada, comenzó a simultanearse como amenaza global con el terrorismo al atacar a buques del Programa Mundial de Alimentos (PMA), primero, y a barcos de todo tipo y pabellón después. Todo ello no ha hecho sino, en el período escaso en términos históricos de casi una década, agravar aún más los problemas más sangrantes de Somalia, comenzando sin duda con la lacra de tipo humanitario en la que vive anclada la población somalí, que se añade a la de sectores importantes de países limítrofes como Etiopía o Kenia, desde hace largas décadas. En julio pasado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cifraba en ocho millones las víctimas potenciales de sufrir hambruna en los tres países citados, y ello al año de haberse declarado el estado de hambruna para el caso concreto de Somalia. En 2011 el Cuerno de África sufrió una de las peores hambrunas de su historia como subregión política, algo que provocó la muerte de decenas de miles de personas.

 

 

Con la ONU aportando la legitimidad necesaria y organizaciones internacionales como la OTAN, a través de su Operación “Ocean Shield”, y la UE, con su “Operación Atalanta”, además de unidades navales de países tan variados como son los EEUU (en un despliegue también bilateral aparte del que desarrolla con la OTAN, en idénticas circunstancias como las operaciones de ISAF y de “Libertad Duradera” en Afganistán), la Federación de Rusia, la República Popular China, India o Irán, entre otros, la lucha contra la piratería en aguas adyacentes a Somalia muestra las dificultades que tal empresa conlleva y seguirá conllevando. Y esto seguirá siendo así en la medida en que la renovada República Democrática de Somalia no deje de ser el santuario y el alimentador de la empresa de la piratería, una amenaza que como su presencia en la Historia de la Humanidad nos demuestra no es derrotada hasta que se la pasa a combatir de forma eficaz en tierra y no sólo en la mar.

 

Es hiriente que, según datos de la ONU, unos 3.500 piratas constituyan hoy la amenaza en la zona teniendo sus bases, con toda impunidad, repartidas en aproximadamente un centenar de campamentos establecidos de forma permanente a lo largo de la costa somalí. La misma fuente estima que tan sólo a lo largo de 2011 los piratas habrían obtenido como rescates por las tripulaciones secuestradas unos 130 millones de euros. Tal impunidad ha durado ya demasiado tiempo, y sólo el efecto combinado de una consolidación de un poder legítimo en Somalia, y del acuerdo entre el mismo y los actores estatales extranjeros dispuestos a hacer uso de las herramientas jurídicas ya aprobadas desde hace tiempo para luchar con eficacia contra los piratas – haciendo uso incluso de la fuerza –, podría comenzar a reducir de forma progresiva la envergadura de la amenaza. Un ejemplo del trabajo, pionero, en común entre los actores que se hacen necesarios para una lucha contra la piratería eficaz se produjo el pasado 15 de mayo: ese día, y en aplicación de un acuerdo entre el GFT somalí y la UE, un helicóptero perteneciente a la Marina de uno de los Estados que contribuyen a la “Operación Atalanta” realizó un ataque contra una base de piratas ubicada en las proximidades del puerto de Herardhere – frente al que se encuentran fondeados en total impunidad diversos barcos con sus tripulaciones en manos de los piratas - hundiendo cinco esquifes de los que estos delincuentes de la mar utilizan para acercarse a sus presas. La ejecución de dicho ataque había sido aprobada por el Consejo Europeo el 23 de marzo, estableciendo con ello un hito en lo que a la propia dinámica política y de seguridad de la UE respecta.

 

Que la piratería supone una amenaza que no va a desaparecer pronto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que la UE haya renovado este año el mandato de la “Operación Atalanta” hasta diciembre de 2014. Y si no va a desaparecer no es sólo por los agujeros de seguridad aún hoy existentes sino también, y en buena medida, por lo rentable que es el negocio de secuestrar buques con tripulaciones de nacionales de países que están dispuestos a pagar fuertes rescates, una gangrena esta que contribuye a bloquear aún más los esfuerzos en términos de desarrollo que los somalíes puedan buscar dentro de la normalidad y de la legalidad. Según fuentes de la ONU, el número de ataques de los piratas se ha reducido gracias a la presencial naval multinacional – de 151 ataques en 2011 a 28 en los ocho primeros meses de 2012 (aunque el fin de los monzones en septiembre abría un período especialmente idóneo para que los piratas actúen) – pero el negocio sigue siendo boyante: en agosto de 2012 se estima que los piratas han recibido 1,2 millones de dólares en sus distintos frentes negociadores. A quienes puedan pensar que los piratas luchan contra flotillas pesqueras occidentales que esquilman los recursos somalíes basta recordarles sus insistentes ataques a barcos del PAM o incluso a buques de recreo, y a quienes creen que los piratas son tan sólo pobres desarrapados que se conforman con obtener un botín crematístico hay que señalarles que tan sólo en 2011 provocaron la muerte de 35 de sus rehenes. De ahí que, la necesidad de combatir a esta verdadera amenaza global, hará que los esfuerzos nacionales somalíes y multinacionales perduren en los próximos meses como también lo hará la lucha contra el ambicioso terrorismo yihadista salafista de Al Shabab, y la prórroga al Mandato de la “Operación Atalanta” así lo atestigua. Muestra práctica de la actualidad de esta lucha era la llegada a España, el 31 de octubre, de seis piratas detenidos por infantes de Marina de la fragata holandesa “Rótterdam” y entregados al buque español “Castilla” cuando aquellos intentaban asaltar al atunero español “Izurdia” el día 10 del mismo mes. Esta hace la tercera remesa de piratas detenidos y traídos a España para ser juzgados por la Audiencia Nacional: las dos anteriores incluían a los asaltantes del atunero “Alakrana” y a los del buque anfibio de la Armada “Patiño”. A este último lo asaltaron los piratas al confundirlo con un mercante, sus víctimas habituales.

 

Mientras ambas luchas, contra Al Shabab y contra los piratas, unidas al necesario esfuerzo en términos de aportar ayuda humanitaria y a reforzados apoyos en términos de institucionalización, no se hagan más fuertes y, por ello, más eficaces, muchos somalíes tratarán de seguir huyendo de su país para engrosar la ya de por sí importante diáspora somalí asentada en Europa o en América. Los once somalíes ahogados frente a las costas libias el 4 de noviembre, que formaban parte de una expedición de más de ochenta que como en otras ocasiones buscaban en una frágil embarcación el paraíso europeo desde las costas del país magrebí, no hacen sino atestiguar, a muchos kilómetros de su atribulado país, el desafío global al que la Comunidad Internacional debe de dar una respuesta aún más esforzada, integrada, contundente y eficaz que la dada hasta el presente.