Cap. III: Asia meridional, África subsahariana y América latina. Conclusiones.

En esta última entrega de nuestro análisis del terrorismo en el año 2003 nos centramos en cuatro áreas geográficas. En primer lugar, examinamos la situación del subcontinente indio, donde el terrorismo representa uno de los elementos críticos de un conflicto potencialmente muy peligroso que enfrenta a dos potencias nucleares, India y Pakistan. En segundo lugar nos ocupamos del Asia insular, donde organizaciones vinculadas a Al Qaeda mantienen su actividad terrorista tanto en Indonesia como en Filipinas. En tercer lugar analizamos uno de los múltiples conflictos del  África subsahariana, el que protagoniza en Uganda una organización que no suele ser mencionada al tratar del terrorismo, pero que utiliza métodos típicamente terroristas, el Ejército de Resistencia del Señor. Y finalmente abordamos del caso de Colombia, la última herencia de la era de las guerrillas latinoamericanas y también el último ejemplo de un terrorismo laico que sigue causando un gran número de víctimas.

 

 

Pocos lugares del mundo resultan potencialmente tan conflictivos como Pakistan. Se trata de un gran Estado musulmán, con un bajo nivel de desarrollo y una elevada tasa de crecimiento demográfico, enfrentada desde hace más de medio siglo a su poderoso vecino indio por la cuestión de Cachemira y con una fuerte implantación de organizaciones islamistas, que hasta el 11-S apoyó al régimen de los talibanes, pero desde entonces se ha convertido en un importante aliado de los Estados Unidos en la lucha global contra el terrorismo. Se trata pues de un país que se halla en circunstancias muy difíciles, agravadas por la presencia de numerosas organizaciones terroristas, que durante años han gozado de cierta tolerancia, cuando no de estímulo, por parte de las autoridades, especialmente de los servicios de inteligencia militar, pero que recientemente han sido puestas fuera de la ley, lo que no implica que el régimen del general Musharraf haya intentado realmente desarticularlas. La presencia de numerosos militantes de Al Qaeda, que tras la caída de los talibanes se han refugiado en Pakistan, especialmente en la región fronteriza con Afganistan, complica aun más la situación.

 

En el complejo panorama del terrorismo pakistaní es necesario distinguir las acciones que se llevan a cabo en territorio indio, en relación sobre todo con el conflicto de Cachemira, que se analizan en el apartado dedicado a la India; las acciones ligadas al conflicto sectario entre sunníes y chiíes, como el atentado contra una mezquita chií de Quetta que tuvo lugar en julio; y finalmente las acciones encaminadas a desestabilizar el régimen, como los dos atentados de diciembre contra el presidente Musharraf, de los que este salió afortunadamente ileso, aunque el segundo causó numerosas víctimas.

 

Las principales organizaciones terroristas pakistaníes son las siguientes:

 

Harakat ul Mujahidin (Movimiento de los combatientes de la yihad). De inspiración religiosa deobandí (una de las escuelas del Islam sunní en Pakistán), fue fundado en 1991 con la denominación de Harakat ul Ansar y su actividad inicial se centró en Cachemira. Su dirigente,  Fazlur Rehman Khalil, suscribió en 1998, junto a Bin Laden, Al Zawahiri y otros dirigentes islamistas, la declaración fundacional del Frente Islámico Mundial, que llamaba a la  yihad contra “los  judíos y los cruzados”. En el año 2000 sufrió una escisión encabezada por Masood Azhar, que fundó el grupo Jaish e Mohammad. Tras la escisión, que arrastró sobre todo a militantes del Punjab, su base étnica es básicamente pashtun, lo que acentúa su vinculación con Afganistan. Fue  designado como grupo terrorista por los Estados Unidos en 1997. Tras su prohibición en Pakistan en 2001, asumió la denominación de Jamiat ul Ansar. Una  facción denominada Harakat ul Mujahidin al Almi reivindicó el atentado contra el consulado norteamericano de Karachi en junio de 2002 y pudo haber realizado los atentados contra Musharraf de diciembre de 2003, quizá con ayuda de militantes de Al Qaeda.

 

Jaish e Mohammad (Ejército de Mahoma). Fundado en 2000, como una escisión de  Harakat ul Mujahidin, encabezada  por Masood Azhar. Este último había sido detenido en Cachemira en 1994 pero fue liberado en 1999 por las autoridades indias, a cambio de la liberación de los pasajeros de un avión indio secuestrado. Jaish e Mohammad estuvo implicado en el asesinato del periodista norteamericano Daniel Pearl, secuestrado en Pakistan en 2002, pero su actividad se centra fundamentalemente en Cachemira. Ha reclutado algunos militantes en la comunidad pakistaní de Gran Bretaña. Fue  designado como grupo terrorista por los Estados Unidos en diciembre de 2001. Tras su prohibición en Pakistan, en enero de 2002, asumió la denominación de Khaddam ul Islam.

 

Lashkar e Taiba (Ejército de los puros). Fundado en 1990, constituye el brazo armado de la poderosa organización Markaz Dawat wal Irshad (Centro de Predicación y Orientación), de inspiración religiosa wahabbí y financiada fundamentalmente por donantes privados saudíes, que sostiene una amplia red de escuelas. Uno de los fundadores de Dawat wal Irshad en 1987 fue el palestino Abdullah Azzam, quien jugó un importante papel en los orígenes de Al Qaeda, y la organización parece haber mantenido buenas relaciones con Bin Laden. Su brazo armado, Lashkar e Taiba, que dirige Hafiz Muhammad Saeed, suscribió también la declaración del Frente Islámico Mundial en 1998. La mayoría de sus militantes son pakistaníes, pero su actividad se centra en Cachemira y, según las autoridades indias, estuvo implicado en los atentados de Bombay de agosto de 2003. Lashkar e Taiba fue designado  como grupo terrorista por los Estados Unidos en diciembre de 2001. Tras su prohibición en Pakistan, en enero de 2002, asumió la denominnación de Jamaat al Dawat.

 

Sipah e Sahaba (Ejército de los compañeros del Profeta). Surgido en el ámbito del principal partido deobandí, Jamiat e Ulama e Islam, fue fundado en 1985 y su actividad se ha centrado en la lucha contra la comunidad chií de Pakistan. Su fundador, Haq Nawaz Jhangvi, fue asesinado en 1990, lo que lugar a una intensificación de la violencia sectaria. En los años noventa sus militantes combatieron en Afganistan al lado de los talibanes y se les atribuye la matanza de hazaras (afganos chiíes) y de diplomáticos iraníes que tuvo lugar en agosto de 1998 en aquel país. Fue prohibido en enero de 2002. Su máximo dirigente, Azam Tariq, fue asesinado en octubre de 2003.

 

Lashkar e Jhangvi (Ejército de Jhangvi). Surgió en 1994 como una escisión de Sipah e Sahaba, al que reprochaba haberse alejado del mensaje de Jhangvi. Es en la actualidad el principal responsable de la violencia sectaria en Pakistan, que en 2003 causó cerca de un centenar de muertos, en  su mayoría chiíes, incluidas las víctimas del atentado contra una mezquita de Quetta en julio. Ha participado también en ataques contra grupos cristianos. Fue prohibido en agosto de 2001 y en mayo de 2002 su jefe Riaz Basra fue eliminado por la policía.  Fue designado como grupo terrorista por los Estados Unidos en enero de 2003.

 

En el desarrollo de estos grupos terroristas han influido diversos factores, entre los que se pueden citar la radicalización de ciertos sectores deobandíes y la influencia de las corrientes salafistas y wahabíes; la participación de voluntarios extranjeros, pakistaníes incluidos, en los combates de Afganistán, y el papel allí jugado por Al Qaeda; el prolongado conflicto de Cachemira y la instrumentalización de los grupos terroristas por los servicios de inteligencia pakistaníes en función del enfrentamiento de la India; el descontento islamista por la orientación proamericana de Musharraf tras el 11-S; y también las dificultades existenciales de una juventud con escasas perspectivas laborales.

 

La política antiterrorista del gobierno de Musharraf ha combinado una cierta prudencia respecto a los grupos más vinculados con las corrientes mayoritarias del islamismo pakistaní y una mayor energía frente a los militantes extranjeros de Al Qaeda y frente a los responsables de atentados antioccidentales. A lo largo de 2003 hay que destacar los siguientes hechos:

 

·         La detención de miembros de Al Qaeda que han sido entregados a los Estados Unidos. El caso más importante fue el del kuwaití de origen pakistaní Khalid Sheikh Mohammed, jefe del comité militar de Al Qaeda y por tanto número tres de la organización, que fue detenido en Rawalpindi en marzo. Actualmente se halla bajo custodia de los Estados Unidos.

 

·         La condena de los responsables de los atentados contra once técnicos navales franceses en Karachi en mayo de 2002 y contra el consulado norteamericano de la misma ciudad en junio de ese año, así como de militantes de Lashkar i Jhangvi culpables de crímenes sectarios.

 

·         El inicio, en el otoño, de operaciones militares contra bases yihadistas en las zonas tribales fronterizas con Afganistán, tradicionalmente muy poco controladas por el gobierno central pakistaní.

 

El principal foco de terrorismo en el subcontinente indio y a la vez el principal foco de tensión entre India y Pakistan se encuentra en Cachemira. Aunque por el número de muertes anuales, el conflicto de Cachemira puede considerarse una guerra, la vinculación de los rebeldes a la internacional yihadista nos ha hecho optar por no excluirlo de nuestro análisis. Por otra parte debe recordarse que los actos que en este análisis consideramos como terroristas, esencialmente el asesinato de civiles, constituyen crímenes de guerra en el caso de ser cometidos por una de las partes en un contexto de conflicto bélico.

 

Territorio de población mayori-tariamente musulmana, pero incorporado a la Unión India en el momento de la independencia, Cachemira quedó dividida por la línea del cese el fuego de 1949, tras la primera guerra indo-pakistaní, a la que seguirían otras dos en 1965 y 1971, sin que se haya llegado a un acuerdo entre ambas partes acerca de las fronteras definitivas. La parte india, que cubre la mayor parte del territorio, constituye el Estado de Jammu y Cachemira, en el que a finales de los años ochenta se inició un movimiento insurreccional apoyado por Pakistán.

 

En los primeros tiempos de la insurrección jugaron un gran papel  los independentistas del Frente de Liberación de Jammu y Cachemira, pero últimamente los los más activos son los grupos yihadistas pakistaníes Harakat ul Mujahidin, Jaish e Mohammad y Lashkar e Taiba. Los insurrectos utilizan frecuentemente métodos terroristas, a menudo de una extrema crueldad, como la matanza perpetrada en marzo de 2003 en la aldea de Nadi Margt, en el valle central de Cachemira, donde los insurrectos asesinaron a 24 hombres, mujeres y niños de la minoría pandit, de religión hinduista, sin duda con el propósito de dificultar el retorno de los 200.000 refugiados hinduístas que en los últimos años han tenido que abandonar el valle. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado también violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades indias.

 

Aunque el nivel de violencia sigue siendo muy alto en Cachemira, las estadísticas d el ministerio del Interior indio muestran un descenso de la misma desde el año 2001. Hay que destacar que un porcentaje elevado, en torno a un  tercio, de los insurrectos eliminados por las fuerzas indias son extranjeros, es decir en su gran mayoría pakistaníes.

 

En agosto de 2003 se produjo un brutal ataque terrorista fuera de Cachemira, cuando dos coches bombas provocaron en Bombay la muerte de más de cuarenta personas en dos atentados indiscriminados casi simultáneos. De nuevo las autoridades afirmaron a la vinculación de los responsables del ataque con Lashkar e Taiba, pero existen también conexiones con otros casos anteriores de violencia sectaria entre musulmanes e hinduistas. De acuerdo con las declaraciones de uno de los detenidos, los atentados habrían sido cometidos para vengar a los musulmanes de Gujarat. En dicho Estado indio el ataque a un tren que transportaba a peregrinos y militantes hinduistas, 59 de los cuales perecieron abrasados, dio lugar a un estallido de violencia intercomunitaria en la que perecieron más de mil personas, en su mayoría musulmanas. Según Amnistia  Internacional, apenas se ha hecho nada por esclarecer aquellas atrocidades, cuyos responsables permanecen impunes.

 

En resumen, las diferencias entre musulmanes e hinduistas, atizadas por extremistas de ambas comunidades en Cachemira y en otros lugares de la India, proporcionan un campo abonado para la actuación de grupos terroristas vinculados a Pakistan y al yihadismo internacional.

 

 

El terrorismo yihadista internacional se dio a conocer en Indonesia con los atentados de Bali de octubre de 2002, dirigidos contra jóvenes turistas extranjeros, que han sido los que más víctimas mortales han producido en el mundo desde el 11-S. Además, existen tres focos de  violencia política interna: el choque entre comunidades musulmanas y cristianas en Molucas y en Sulawesi (Célebes) y un movimiento separatista en Aceh (noroeste de Sumatra).  Aunque en principio se trata de problemas distintos, existen algunas conexiones entre ellos. La organización que lidera la insurrección de Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (Movimiento Aceh Libre), es de carácter nacionalista y ha marcado públicamente distancias con el terrorismo yihadista, pero tiene también un componente islamista. En cuanto a los conflictos intercomunitarios de Molucas y Sulawesi, la militancia anticristiana es de inspiración islamista y ha sido reforzada por la llegada de combatientes llegados de Java, encuadrados en el Laskar Jihad (Ejército de la Yihad). Es más, militantes de Al Qaeda parecen haberse entrenado en campos de Sulawesi. Por otra parte, la organización presuntamente responsable de los  atentados de Bali, Jemaah Islamiya (Comunidad  Islámica), que tiene vínculos con Al Qaeda, se ha destacado por promover la violencia anticristiana, notoriamente con los atentados contra iglesias perpetrados en la Navidad del año 2000.

 

El conflicto  de las Molucas, que se inició en 1999 y ha causado más de dos mil muertes, entró en una fase de calma en 2003, aunque numerosas personas permanecen desplazadas. En Sulawesi, donde el conflicto se inició en 2001, hubo también calma durante la mayor parte del año, pero en octubre se produjeron varios ataques contra cristianos, cuyos responsables estaban al parecer vinculados a Jemaah Islamiya. En Aceh, en cambio, el conflicto se ha intensificado desde mayo, tras la ruptura de las negociaciones entre el gobierno indonesio y los rebeldes, iniciadas  en diciembre de 2002. Existe muy poca información  sobre lo que está sucediendo en Aceh, pero Amnistia Internacional teme que se estén produciendo  graves violaciones de los derechos humanos por ambas partes del conflicto.

 

Aunque en Indonesia operan pues varios grupos que recurren a métodos terroristas, nos interesa sobre todo uno:

 

Jemaah Islamiya (Comunidad  Islámica). El término comenzó a utilizarse en los años setenta, durante el régimen de Suharto, pero no está claro si por entonces se trataba de un movimiento informal o de una organización estructurada. Dos religiosos, Abu Bakar Bashir y Abdullah Sungkar, que se exiliaron a Malaysia en 1985, parecen haber inspirado la conversión de Jemmah Islamiya en una organización terrorista, en  contacto con Al Qaeda. Tras la muerte de Sungkar, Abu Bakar Bashir, que regresó a Indonesia en 1999 tras la caída de Suharto, parece haber ejercido el papel de dirigente espiritual de la organización, mientras que la dirección operativa la ejercía Riduan bin Isamuddin, más conocido como Hambali. Su objetivo es la creación de un Estado islamista en el sureste de Asia, que abarcaría Indonesia, Malaysia, Singapur, el sur de Filipinas y el sur de Thailandia. Los primeros atentados atribuidos a la organización tuvieron lugar en el año 2000. Fue declarada organización terrorista por los Estados Unidos en 2002.

 

En el año 2003 hay que destacar tres cuestiones importantes en relación con Jemaah Islamiya: el atentado de Yakarta en agosto, la detención de Hambali en Thailandia y su entrega a los Estados Unidos, y los procesos que han tenido lugar en Indonesia.

 

El atentado del 5 de agosto en Yakarta contra el hotel Marriot, perpetrado mediante un coche bomba conducido por un suicida, tuvo un  carácter  claramente antioccidental, además de su propósito de desestabilizar al gobierno democrático de Megawati Sukarnoputri. Supuso además la prueba de que Jemmah Islamiya, a pesar de las detenciones sufridas, seguía en condiciones de actuar.

 

La detención más importante no se ha producido en Indonesia, sino en Thailandia, donde el 12 de agosto una operación conjunta entre la CIA y la policía thailandesa permitió la captura de Hambali, un hombre clave en la conexión entre Al Qaeda y Jemaah Islamiya. Hambali ha sido conducido a  un lugar secreto bajo custodia americana, quizá la base de Bagram en Afganistan, donde aparentemente se encuentran otros importantes dirigentes de Al Qaeda y del régimen talibán. Al parecer ha reconocido su implicación en los atentados de Bali y Yakarta. Es también importante destacar que, aunque hasta entonces se había pensado que Al Qaeda utilizaba Thailandia como una base de retaguardia (lo mismo que España), Hambali preparaba al parecer atentados en Bangkok, que habrían de coincidir con la reunión en septiembre de los dirigentes del grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), incluido George Bush. Finalmente la reunión tuvo lugar sin problemas y los países miembros acordaron impulsar la cooperación antiterrorista.

 

Los Estados Unidos no han permitido que agentes indonesios interroguen directamente a Hambali, aunque si les han entregado la información obtenida en sus interrogatorios que consideraban relevante para Indonesia. Lo mismo ha ocurrido en el caso de Omar al Farouq, agente de enlace entre Jemaah Islamiya y la dirección de Al Qaeda, detenido en Indonesia a finales de 2002 y entregado a los Estados Unidos, cuyo interrogatorio ofreció datos incriminatorios contra Bashir.  Al no poder interrogar directamente a Hambali ni a Farouq, la justicia indonesia se ha visto privada de un instrumento que hubiera podido ser muy importante en los procesos contra militantes de Jemaah Islamiya. A pesar de ello los procesos han permitido esclarecer los atentados de Bali y han convencido a la opinión pública indonesia de que el terrorismo yihadista es una realidad en su país, algo que hasta entonces habían negado tanto las autoridades como los grandes medios. La levedad de la condena impuesta a Bashir ha suscitado sin embargo críticas internacionales.

 

Indonesia aprobó una importante ley antiterrorista en marzo, pero no ha procedido a ilegalizar formalmente Jemaah Islamiya, con el argumento de que esta organización no había solicitado nunca su legalización. Puesto que en los procesos celebrados tampoco ha sido declarado que su existencia misma esté probada, Jemaah Islamiya sigue en un limbo legal. Los distintos procesos contra los implicados en la matanza de Bali, que se han celebrado separadamente, se han caracterizado por una gran transparencia y ha quedado fuera de toda duda tanto la culpabilidad de los condenados como su ideología yihadista. Tres de ellos han sido condenados a muerte, incluido el coordinador de la operación, Imam Samudra, un veterano de Afganistán.

 

El tribunal  que juzgó en primera instancia a Bashir rechazó en cambio la acusación de que fuera un dirigente de Jemaah Islamiya, y el tribunal de apelación negó también el cargo de traición por la tentativa de derrocar el Estado indonesio para crear un Estado islamista, con lo que todo  quedó en una condena de tres años por entrada ilegal en el país, a su regreso de Malaysia. Ello ha colocado al gobierrno indonesio en una situación delicada frente a Estados Unidos y frente a los gobiernos de los países vecinos, que consideran lo ocurrido  una muestra de falta de firmeza antiterrorista. En abril de 2004, al salir de la prisión, Bashir ha sido de nuevo arrestado por las autoridades indonesias, que afirman tener nuevas pruebas de su papel dirigente en Jemmah Islamiya y también, por primera vez, de su implicación en los atentados de Bali.

 

 

Desde hace décadas Filipinas sufre, con mayor o menor intensidad, los resultados de dos insurrecciones, una promovida por el Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (organizaciones que fueron declaradas terroristas tanto por los Estados  Unidos como por la Unión Europea en 2002), y otra surgida en el seno de las poblaciones musulmanas del sur, los autodenominados moros. Los choques entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas comunistas causaron unos cuarenta muertos a lo largo del año 2003. Más graves fueron los choques con los separatistas moros, que provocaron unos trescientos muertos. Se han detectado vínculos de las organizaciones separatistas moras con Jemaah Islamiya y con la propia Al Qaeda.

 

La rebelión mora, que tiene su base en la gran isla meridional de Mindanao, donde se concentra la población musulmana, se inició en los  años setenta y fue inicialmente protagonizada por el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN), que llegó a contar con decenas de  miles de guerrilleros. Tras veinte años de combates, el gobierno filipino firmó en 1996 un acuerdo de paz con el FMLN, basado en la creación de una región autónoma que comprende las provincias de mayoría musulmana de Mindanao. Para entonces, sin embargo, habían llegado a Filipinas las nuevas tendencias yihadistas, que han dado lugar a la aparición de las dos organizaciones que protagonizan actualmente la insurrección:

 

Frente Islámico Moro de Liberación (FIML). Surgió a mediados de los años ochenta como una escisión del Frente Moro de Liberación Nacional, con el objetivo de crear un Estado islamista independiente en el sur de Filipinas. Se calcula que cuenta con unos diez mil combatientes, en su mayoría en el centro de Mindanao, donde cuenta con bases permanentes. A lo largo de los últimos años ha llegado con el gobierno a varios acuerdos de cese el fuego, el último en julio de 2003. En ese  mismo mes murió su dirigente Al Haj Murad, siendo sucedido por Salamat Hashim.

 

Grupo Abu Sayyaf. Fundado por un veterano de Afganistán, Abdurajak Janjalani, y arraigado fundamentalmente en la península de Zamboanga y la cercana isla de Basilan, al suroeste de Mindanao, inició en 1991 sus acciones terroristas, dirigidas básicamente contra la comunidad católica y la comunidad china. Recibió apoyo directo de Al Qaeda, sobre todo a través del empresario saudí Mohammed Jamal Khalifa, cuñado de Bin Laden. Tras la muerte en 1998 de Abdurajak Janjalani, durante un enfrentamiento de la policía, le sucedió como emir su hermano Khadafi Janjalani, pero la autoridad de éste parece ser limitada y los comandantes locales de Abu Sayyaf parecen actuar con gran independencia.  En los últimos años el objetivo económico de cobrar rescates por extranjeros secuestrados parece haber cobrado una creciente importancia en sus actuaciones. Fue designado como grupo terrrorista por los Estados Unidos en 1997. En el año 2002 una ofensiva de unidades militares filipinas, entrenadas por asesores de los Estados Unidos, redujo fuertemente los efectivos del grupo en Zamboanga y Basilan. En 2003 el grupo contaba con unos pocos centenares de combatientes, en su mayoría centrados en la isla de Jolo, al sur de Basilan.

 

Los principales ateentados terroristas de 2003 han sido atribuidos al Frente Islámico Moro de Liberación, aunque este ha negado su responsabilidad y argumentado que sus ataques no se dirigen contra objetivos civiles. Se produjeron en la primavera de 2003, después de una importante ofensiva militar contra bases del FIML en febrero. En julio se llegó a un nuevo acuerdo de cese el fuego.

 

Las bases del FIML en Mindanao sirvieron durante la segunda mitad de los años noventa como campos de entrenamiento para militantes extranjeros, sobre todo de Jemaah Islamiya y los lazos con esta parecden haberse mantenido hasta hoy, aunque a partir del 11-S el FIML los ha negado públicamente. El principal agente de Jemaah Islamiya en Filipinas, el indonesio Fathur Rahman al-Ghozi, condenado a 17 años de prisión por preparar atentados, escapó de prisión en julio de 2003, pero murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en octubre. En ese mismo mes fue arrestado en una ciudad de Mindanao otro importante agente de Jemaah Islamiya, el joven indonesio Taufek Refke.

 

 

En el África subsahariana son frecuentes los conflictos internos en los que la población civil vive aterrorizada por las acciones de fuerzas regulares o irregulares. Es sin embargo una región del mundo que muy rara vez es mencionada en los debates sobre terrorismo, salvo cuando se trata de atentados contra objetivos occidentales perpetrados por Al Qaeda o por grupos vinculados a ella. Esto se debe en parte a la escasa atención que los medios de comunicación y la opinión pública mundial conceden a los conflictos internos africanos,  y en parte también a que se trata de actos de violencia que se suelen enmarcar en el concepto de guerra irregular y no en el de terrorismo. En la introducción hemos explicado que no somos partidarios de  extender desmesuradamente el concepto de terrorismo hasta englobar los crímenes de guerra. Entendemos el terrorismo como un tipo de violencia política que se ejerce en un contexto de paz, pero el problema es que no existe un límite nítido entre la guerra y la paz. Si aceptamos el límite convencional de las mil muertes anuales, debemos concluir que en Uganda hay una guerra, ya que según el Departamento de Estado norteamericano el conflicto produjo tres mil muertes en el año 2003. Hemos optado sin embargo por incluir el caso ugandés en este informe, para subrayar que también en el África subsahariana se producen episodios de violencia política del tipo que habitualmente entendemos por terrorista.

 

Las propias autoridades ugandesas emplean el concepto de terrorismo para describir la amenaza que sufre la población en el norte del país. En 2002 el gobierno puso en vigor una ley para la supresión del terrorismo, que mencionaba en su lista de organizaciones terroristas tanto a Al Qaeda como a dos grupos ugandeses: el Ejército de Resistencia del Señor y el Frente Democrático Aliado. El segundo, que tiene sus bases en la República Democrática del Congo y cuenta con poco más de un centenar de combatientes, ha tenido últimamente una actividad reducida, pero el primero sigue representando una grave amenaza.

 

Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor). Grupo rebelde, activo en el norte del país y con bases de retaguardia en territorio sudanés, que inició su lucha contra el gobierno ugandés en 1987. En consonancia con la tendencia al predominio de la inspiración religiosa en el terrorismo actual, el grupo pudiera ser definido, en un sentido muy amplio, como fundamentalista bíblico, en la medida en que su líder, Joseph Kony, propugna un Estado basado en los Diez Mandamientos. Sus acciones son típicamente terroristas, ya que incluyen numerosos ataques contra la población civil, como matanzas en las aldeas, en los campos de  refugiados o en las carreteras, donde los autobuses son interceptados y los viajeros asesinados. Se caracteriza por el recurso al secuestro de adolescentes, para emplearlos a ellos como combatientes y a ellas como concubinas. Se calcula que unos 20.000 menores han sido secuestrados en los últimos años y muchos de ellos han sido muertos por sus captores, por tratar de huir u otros motivos. El terror en que vive la población es tal que los habitantes de las aldeas llegan a enviar a sus hijos durante la noche a las ciudades vecinas, para evitar la amenaza del secuestro.

 

El gobierno de Uganda, uno de los más efectivos del África subsahariana, ha fracasado hasta ahora tanto en lograr una negociación como en acabar con los rebeldes por la fuerza de las armas. En 2002, tras un acuerdo con el gobierno sudanés, que autorizó la intervención contra las bases rebeldes en su territorio, las fuerzas ugandesas lanzaron una gran operación, denominada 'Puño de hierro', que no logró debilitar sensiblemente al Ejército de Resistencia del Señor. A lo largo del año 2003 se han repetido los casos de matanzas contra la población civil perpetradas por los rebeldes.  Se estima que más de un millón de personas han sido desplazadas de sus hogares como resultado de un conflicto que dura ya diecisiete años.

 

 

En Colombia, al igual que en Uganda o en Cachemira, las acciones terroristas se enmarcan en un conflicto que, por el número de muertes anuales que produce (en torno a cuatro mil, en su mayoría civiles, en 2003), puede ser considerado como una guerra civil. Los grupos insurgentes actuales se formaron a mediados de los años sesenta, pero hunden sus raíces en un periodo de la historia colombiana que se denomina significativamente “la violencia”, iniciado en 1948. Colombia es el único país latinoamericano en el que no se ha cerrado el gran ciclo guerrillero que se inició con la revolución castrista. Y en contraste con la pauta predominante en el mundo de hoy, la de un terrorismo de inspiración religiosa, las organizaciones terroristas colombianas son laicas, situándose en la extrema izquierda (FARC, ELN) o en la extrema derecha (AUC). Estas organizaciones combinan las acciones terroristas con las guerrilleras y en el caso de las FARC han llegado a desarrollar en ciertos momentos una estrategia de guerra de movimiento, con columnas móviles de considerable dimensión.

 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fundadas en 1964 por la fusión de varios grupos guerrilleros preexistentes, bajo la dirección de Pedro Antonio Marín, más conocido por su nombre de guerra de Manuel Marulanda “Tirofijo”, quien ha seguido hasta hoy a su frente. De inspiración comunista, las FARC han mantenido su insurgencia durante cuarenta años, en los que han logrado el control de extensas áreas rurales. Bajo la presidencia de Andrés Pastrana, el Estado colombiano realizó un gran esfuerzo de negociación, que incluyó la entrega a las FARC en 1999 de una extensa región en el sur del país. A partir de 2001 las FARC intensificaron sus acciones terroristas en las ciudades, quizá con el asesoramiento de terroristas irlandeses del IRA. A comienzos de 2002, ante  la continuación de la violencia, Pastrana optó por romper las negociaciones y retomar la región cedida. El nuevo presidente Alvaro Uribe, que tomó posesión en agosto de 2002, ha optado por una estrategia de derrota militar de las FARC. Estas cuentan con diez mil o más combatientes y con grandes recursos económicos, procedentes sobre todo de las actividades de producción y tráfico de droga en las regiones que controlan, y en menor medida de la lucrativa actividad de los secuestros. Fueron designadas como organización terrorista por los Estados Unidos en 1997.

 

Ejército de Liberación Nacional (ELN). Fundado en 1964 por intelectuales y estudiantes inspirados por la revolución castrista, incluidos católicos de izquierda, entre ellos algunos sacerdotes, ha gozado del apoyo cubano hasta los años noventa. A pesar de su proximidad ideológica a las FARC, ambas organizaciones han sido siempre rivales, aunque en 2003 parece haberse producido una aproximación, quizá en respuesta a la vigorosa ofensiva del Estado. Reacio a implicarse en el narcotráfico, el ELN se  ha abastecido de fondos mediante los secuestros y la extorsión de las compañías petrolíferas del área en que tienen mayor control. Cuenta con al menos tres mil combatientes. Fue designado como organización terrorista por los Estados Unidos en 1997.

 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fundadas en 1997 por Fidel y Carlos Castaño, constituye una federación de grupos promovidos por terratenientes y narcotraficantes para combatir a las FARC y al ELN. Conocidos como “paramilitares”, estos grupos han contado en el pasado con la complicidad de sectores militares. Están intensamente implicados en el

narcotráfico, que constituye su principal fuente de financiación. Su actividad se ha caracterizado por el frecuente recurso a las matanzas de civiles para arrebatar el control de áreas rurales a las guerrillas comunistas. Han sido designadas como organización terrorista por los Estados Unidos en 2001. En diciembre de 2002 anunciaron un alto el fuego, en enero de 2003 el gobierno aprobó un decreto de indulto para los rebeldes que dejaran las armas (siempre que no fueran responsables de violaciones de los derechos humanos), en julio firmaron un acuerdo de desmovilización,  (que habrá de completarse en diciembre de 2005), y en noviembre se efectuó la primera desmovilización de unos 800 combatientes de las AUC.

 

En el año 2003 el nivel de violencia, tanto política como común, seguía siendo extremadamente elevado, pero era visible una tendencia descendente respecto a años anteriores. Las cifras más significativas respecto al terrorismo, tal como lo entendemos en este análisis, son las referentes a las masacres, que las fuentes oficiales colombianas definen como el homicidio colectivo de cuatro o más civiles, efectuado por un mismo individuo o grupo al mismo tiempo y en el mismo lugar. El número de víctimas de masacres en 2003, aun siendo muy elevado, representa menos de un tercio de las que hubo en el año 2000.

En un importante porcentaje de los casos, los autores de las masacres no son identificados, pero entre aquellas que han podido atribuirse a un grupo concreto, destaca el sangriento papel jugado por las Autodefensas en los años 1999 a 2001, aquellos en los que el fenómeno fue más grave, y por las FARC a partir de 2002.

 

Otra manifestación importante del terrorismo en Colombia son los secuestros. Estos son en parte obra de delincuentes comunes, que persiguen fines puramente crematísticos, y en parte

obra de organizaciones terroristas, que emplean este medio para financiarse, pero también para atemorizar a la población civil, mediante el secuestro de ciudadanos comunes, y a las autoridades, mediante el secuestro de políticos.

 

Existen pues motivos para creer que Colombia está en el buen camino para erradicar la violencia. En el año 2003 se ha hecho un gran esfuerzo por reestablecer la autoridad del Estado en comarcas en las que era virtualmente inexistente, en parte mediante el despliegue de soldados campesinos que sirven en sus propias comunidades; por eliminar bases rebeldes, con especial éxito en las regiones montañosas cercanas a la capital; y también por erradicar el cultivo de coca. El optimismo acerca del resultado final es sin embargo prematuro. Las FARC han sabido en el pasado replegarse en momentos difíciles para retomar luego la iniciativa, los militantes de las AUC están demasiado implicados en el narcotráfico como para que se pueda tener mucha confianza en su reinserción en la sociedad civil, y no hay indicios  de que la exportación de coca esté realmente disminuyendo.

 

 

1.      La experiencia del año 2003 ha reafirmado la importancia que tiene la amenaza del terrorismo en el mundo actual. La evaluación precisa de cual ha sido su impacto en el pasado año resulta sin embargo muy compleja, incluso si nos limitamos a los atentados más graves. Como se ha explicado en la introducción, existe un problema de definición. Para que el concepto de terrorismo tenga alguna utilidad, es necesario diferenciarlo de otras formas de violencia política, como el terror ejercido abiertamente por el Estado o la guerra irregular. Al analizar la experiencia del año 2003 nos hemos encontrado con que el problema más difícil es la distinción entre los actos terroristas y los crímenes de guerra cometidos por combatientes irregulares, ya que sustancialmente se trata del mismo tipo de actos, que únicamente se diferencian porque unos se comenten en un contexto de paz y otros en un contexto de guerra. Un coche bomba contra un objetivo civil en Colombia o el asesinato de los pasajeros de un autobús en Uganda deberán ser considerados actos terroristas o crímenes de guerra según se considere que Colombia o Uganda están en guerra o no. Y si situamos el umbral de la guerra en un determinado número de víctimas anuales, llegamos a la paradójica conclusión de que el terrorismo deja de serlo, para convertirse en crímenes de guerra, cuando se hace más mortífero.

 

2.      En los países en desarrollo es frecuente que el terrorismo sea sólo una de las formas que presenta la violencia política, junto a otras como el terror de Estado o la guerra irregular. En los países desarrollados, en cambio, constituye la única forma importante de violencia política y, en la era del terrorismo transnacional, la única amenaza real a la seguridad nacional. A lo largo del pasado año, sin embargo, el único de los países incluidos por la ONU entre los de alto desarrollo humano que ha sufrido atentados terroristas masivos en su territorio ha sido Israel.

 

3.      Gran parte de los mayores atentados del año 2003 tuvieron lugar en el contexto de conflictos locales de larga duración. Es el caso de Uganda, de Israel y Palestina, de Chechenia, de Argelia, de Mindanao, de Colombia, de Cachemira y del conflicto sectario entre sunníes y chiíes en Pakistán. Se trata de conflictos en los que el terrorismo es una más de las armas utilizadas por una o varias de las partes en conflicto. En varios casos, por ejemplo en Israel y Palestina, en Argelia, en Colombia y en Cachemira, se ha producido un descenso de la violencia respecto a años anteriores, sin que ello permita un excesivo optimismo, ya que son conflictos que siguen abiertos y pueden agudizarse de nuevo.

 

4.      En los conflictos de Uganda, Argelia y Colombia ambas partes se sienten miembros de una misma nación y luchan por controlar el poder en ella. En cambio los conflictos de Palestina, Chechenia, Mindanao y Cachemira representan insurrecciones lanzadas en nombre de poblaciones musulmanas contra el dominio de Estados que no lo son.

 

5.      Los grandes atentados del año pasado en Arabia Saudí, Turquía, Marruecos e Indonesia se inscriben en cambio en el marco de la yihad global, como lo demuestran los objetivos elegidos, aunque los terroristas fueron en todos los casos locales. Por otro lado no es posible trazar una frontera nítida entre el terrorismo yihadista antioccidental representado por estos atentados con el terrorismo perpetrado por organizaciones islamistas en el marco de los conflictos locales antes mencionados. El éxito de Al Qaeda ha sido englobar todos estos conflictos en una guerra global combatida en nombre del Islam.

 

6.      En el caso de Irak, se produjo en 2003 el inicio de un conflicto local, en el que diferentes sectores de la población se enfrentan a las fuerzas de la coalición que ocupan el país. Pero al mismo tiempo Irak parece haberse convertido en un polo de atracción para yihadistas de distintos países que han visto la ocasión de combatir a los Estados Unidos y sus aliados en un entorno favorable. En ese sentido presenta analogías con el conflicto de Afganistán de los años ochenta, en cuyo contexto surgió Al Qaeda.

 

7.      Se afirma, aunque es difícil comprobar la exactitud de tal afirmación, que Al Qaeda ha quedado muy debilitada por la persecución mundial que ha sufrido desde el 11-S. Es muy probable que así sea, pero ello no representa necesariamente su derrota. En cierto sentido, Al Qaeda ha conseguido ya su objetivo, que era el de promover a nivel mundial la idea de la guerra santa contra los musulmanes que no comparten su deformada visión del Corán y contra los occidentales, los judíos y los hindúes. Por ello no importa mucho en qué medida seguían o no órdenes de Al Qaeda los terroristas que en el pasado año atentaron en Riyad, en Estambul, en Yakarta o en Casablanca. En la actualidad la gran amenaza terrorista no viene en sentido estricto de Al Qaeda, sino de todo el complejo conjunto de grupos yihadistas, que a menudo tienen bases estrictamente local, pero se encuentran vinculados a una causa global común.

 

8.      El carácter global de la amenaza, los vínculos existentes entre grupos terroristas que actúan en los lugares más alejados entre sí, obligan a una estrecha cooperación internacional, que se ve dificultada por las diferencias entre los intereses políticos, las culturas y las estructuras judiciales y policiales de los distintos países. Además, cada país potencialmente amenazado, es decir prácticamente todos, ha de reforzar los medios con que cuenta para enfrentarse con el nuevo terrorismo transnacional, en el terreno de la justicia, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia.

 

9.      Las denuncias por violaciones de los derechos humanos que a lo largo del año 2003 se produjeron en el contexto de la lucha contra el terrorismo en distintos países (incluida la práctica norteamericana de mantener a presuntos terroristas detenidos en Guantánamo o en otros lugares no identificados, fuera del alcance de la justicia) plantean el problema de los límites que no se deben traspasar ni siquiera en la lucha contra un enemigo letal, clandestino y despiadado.  Ciertos límites, como la prohibición de la tortura, resultan consustanciales con los valores en los que se asienta la democracia y no cabe discusión sobre ellos. Algunos autores, como Michael Ignatieff, han abierto en cambio el debate acerca de las implicaciones que una política antiterrorista enérgica puede tener respecto a cuestiones tan delicadas como las detenciones preventivas, la coacción en los interrogatorios y los ataques selectivos [i].

 

No olvidemos, por último, que no se puede lograr la victoria contra un terrorismo que die actuar en nombre del Islam y basa su propaganda en las reales o supuestas agresiones que los musulmanes sufren a manos de sus supuestos enemigos “infieles”, si no se toma en consideración la dimensión más amplia, política, social y cultural del conflicto. Es necesario ganar la batalla de las mentes y los corazones, demostrando las falacias de quienes pretenden basar en el Corán sus sueños de muerte y destrucción.